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ENTREVISTA A NESSRIN EL HACHLAF BENSAID...

“Esta sentencia ha demostrado a España que no puede hacer justicia al margen de las leyes que el propio país ha creado”

Nessrin el Hachlaf Bensaid, abogada experta en extranjería

Foro Jurídico Iberoamericano.- ¿Cómo se gestó la doctrina Parot?

Nessrin El Hachlaf Bensaid.- La llamada comúnmente «doctrina Parot» fue establecida por el Pleno del Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 197/2006, de 28 de febrero (Recurso de casación 598/2005P), siendo ponente el Magistrado D. Julián Sánchez Melgar, que reinterpretó la forma de computar la redención de penas por el trabajo. Esta Sentencia estimó el recurso de casación interpuesto por el penado Henri Parot contra el Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, acumulando todas las penas impuestas al mismo para su cumplimiento sucesivo, con la limitación de treinta años de prisión, pena máxima en el Código penal de 1973. La Sentencia explicaba que una interpretación conjunta de las reglas 1ª y 2ª del art. 70 de aquel Código, lleva a la conclusión de que el límite de treinta años no se convierte en una nueva pena, sino que “tal límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario”, razón por la que “el término a veces empleado, llamando a esta operación una “refundición de condenas”, sea enormemente equívoco e inapropiado”.

“La polémica que ha suscitado la sentencia del alto tribunal europeo no debería ser tal, si realmente analizamos la legalidad y el estado democrático de derecho que dice ser España”

FORJIB.- ¿Qué se tuvo en cuenta para su “creación”?

N.E.H.B.- El Tribunal Supremo endureció el cumplimiento de las penas de los terroristas condenados conforme al Código Penal de 1973 el 28 de febrero de 2006.

El Código Penal de 1973 establecía un día de redención por cada dos de trabajo; de esta manera, presos condenador a cientos de años de prisión podían salir de la cárcel sin apenas haber cumplido 20 años al descontarse los beneficios de la pena máxima de prisión, fijada entonces en 30 años.

Sin embrago, el Tribunal Supremo estableció en su sentencia 197/2006 que las redenciones de la pena por beneficios penitenciarios como el trabajo no debían descontarse de estos 30 años, sino de cada una de las condenas impuestas que se van cumpliendo sucesivamente empezando por la de mayor cuantía. Endurecía de esta forma el cumplimiento de las penas de algunos presos, y evitó así que Henri Parot -condenado por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, en el que murieron 11 personas- saliera de prisión tras haber cumplido sólo 16 años de cárcel.

Esta interpretación, en el cómputo de las redenciones de pena, garantizaba que los terroristas más sanguinarios y los delincuentes más peligrosos cumplieran al menos tres décadas de prisión.

“El legislador deba plantearse de una vez si lo que queremos es defender los derechos humanos, si somos un país garantista, si apostamos por la reinserción de los presos o si por el contrario volvemos a la ley del talión”

FORJIB.- ¿Qué es lo que se hizo mal, a nivel jurisdiccional, para que Estrasburgo haya tomado esta decisión?

N.E.H.B.- El problema de base, radica en la vulneración de la legítima expectativa de redención de penas por el trabajo, aumentándose el número de años de cumplimiento efectivo por hechos no imputables, vulnerando así la prohibición de la aplicación retroactiva de las disposiciones no favorables.

En el momento en el que se cometieron los delitos, y también en el momento en que se decidió la acumulación de las penas, el Derecho aplicable, incluida su interpretación jurisprudencial, estaba formulado con suficiente precisión como para que la condenada pudiese hacerse una idea razonable de la pena impuesta y de las modalidades de su ejecución. Sin embargo, con el cambio de criterio, se convierten en inoperantes todos los beneficios acumulados por trabajo durante esos años, por lo que no puede considerarse que afecte meramente a las modalidades de ejecución de la pena, sino a la pena misma, en cuanto supone añadir nueve años de prisión a los ya cumplidos.

FORJIB.- ¿Qué ha tenido en cuenta Estrasburgo para su resolución?

N.E.H.B.- Por unanimidad, los 17 magistrados de la sala del tribunal de Estrasburgo, consideran que las resoluciones de los tribunales españoles vulneran el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a la libertad y a la igualdad). El tribunal de Estrasburgo confirma así que la jurisprudencia del Tribunal Supremo se aplicó de forma retroactiva y la Constitución española, en su artículo 9, prohíbe la retroactividad de las normas y, tal como ha sentenciado Estrasburgo, la doctrina Parot atenta claramente contra ella.

“El tribunal estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2005 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar en casi nueve años la fecha de su puesta en libertad, del 2 de julio de 2008 al 27 de julio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión superior a la que tendría que haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena. Por consiguiente, corresponde a las autoridades españolas garantizar su puesta en liberta en el plazo más breve posible”, señala la sentencia de Estrasburgo.

Cinco de los 17 magistrados han decretado que la permanencia de la etarra Inés del Río en prisión vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (no hay castigo sin ley) y confirma así la tesis de la Sala Pequeña que afirmó que “la legislación española era lo bastante precisa como para permitirle comprender el alcance de la condena y su modalidad de ejecución” y, sin embargo, “no podía haber previsto que el método para calcular la redención de pena sería objeto de un cambio de jurisprudencia”, como hizo el Supremo en 2006. “La aplicación de la doctrina Parot a la situación de la Sra. Del Río Prada ha privado de efecto útil a las redenciones de pena a las que en principio tenía derecho”, indica el tribunal.

“Esta interpretación, en el cómputo de las redenciones de pena, garantizaba que los terroristas más sanguinarios y los delincuentes más peligrosos cumplieran al menos tres décadas de prisión”

FORJIB.- ¿Podía haber tomado otra decisión y qué debería haber tenido en cuenta para ello? 

N.E.H.B.- El TEDH no podía tomar otra decisión, su cometido era observar la norma aplicable en el momento que se cometieron los hechos y aplicarla en puridad, y sin ningún tipo de contaminación. Y realizando ese trabajo, no cabe otra resolución ni respuesta que la dada en este caso.

FORJIB.- ¿Cuáles son las consecuencias reales que va a tener en España la decisión de Estrasburgo?

N.E.H.B.- Naturalmente, todos aquellos presos que consideren que puede afectarles el criterio sostenido por el TEDH podrán recurrir ante los órganos jurisdiccionales responsables de la ejecución de la pena que vienen cumpliendo, interesando la aplicación de la nueva doctrina de aquel Tribunal, hayan recurrido o no antes la aplicación «doctrina Parot».

De hecho, tras la STEDH de 21 de octubre de 2013, Caso Del Río Prada c. España, y en relación con las condenas que se estén ejecutando con arreglo al CP derogado de 1973, se ha acordado por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que:

a. En los casos de sentencias condenatorias en ejecución, dictadas con anterioridad al día 28 de febrero de 2006, en las que se aplique el CP derogado de 1973, por no resultar más favorable el CP de 1995, las redenciones ordinarias y extraordinarias que procedan se harán efectivas sobre el límite máximo de cumplimiento establecido conforme al artículo 70 del referido Código de 1973, en la forma en que se venía haciendo con anterioridad a la sentencia de esta Sala nº 197/2006, de 28 de febrero.

b. Las resoluciones relativas a las acumulaciones y liquidaciones de condena que resulten procedentes con arreglo al punto anterior, se acordarán en cada caso por el Tribunal sentenciador, oyendo a las partes, siendo susceptibles de recurso de casación ante esta Sala.

c. El Tribunal considera necesario que el Poder legislativo regule con la necesaria claridad y precisión el cauce procesal adecuado en relación con la efectividad de las resoluciones del TEDH.

FORJIB.- ¿Qué medidas puede tomar el Tribunal Constitucional para mantener vigente la Doctrina Parot?

N.E.H.B.- Como lógica consecuencia de la interpretación llevada a cabo por el TEDH, el Tribunal Constitucional español tendrá que asumir esa nueva doctrina y aplicarla a los recursos de amparo planteados por los afectados por la «doctrina Parot» pendientes aún de resolución (unos 23 recursos de amparo sobre la doctrina Parot están pendientes en el TC).

Y por consiguiente, dado que la resolución del TEDH es vinculante para el estado español y sus tribunales, estos deberán acatar y aplicar la doctrina asentada en la polémica sentencia.

FORJIB.- Realmente las leyes no se pueden aplicar con carácter retroactivo a no ser que vayan en beneficio del reo, si partimos de esta base, ¿por qué es tan polémica la decisión de Estrasburgo?

N.E.H.B.- Nos encontramos en un caso que afecta a la sociedad, y por eso se pretende que se legisle y resuelva en lugar de con las leyes en la mano con el corazón en el puño. La polémica que ha suscitado la sentencia del alto tribunal europeo no debería ser tal, si realmente analizamos la legalidad y el estado democrático de derecho que dice ser España.

La legislación española contemplaba la redención de penas por el trabajo realizado, al igual que contempla la no aplicación retroactiva de las normas de manera desfavorable al reo. Sin embargo, una vez más las cuestiones viscerales y políticas hicieron que los presos que habían estado dedicando sus horas de patio a horas de trabajo, y que se veían ya a punto de salir a la calle sin llegar a ver cumplidos ni veinte años de prisión; cuando el sueño de la libertad estaba a la otra esquina, saltaron las alarmas en la opinión pública. Así que, primero el TS (STS 28-2-2006), variando su doctrina anterior, y luego el TC (STC 69/2012, entre otras) preocupándose más por la política que por el Derecho, como desgraciadamente suele ser aquí habitual, quisieron evitar ese escándalo del que la clase política española era la única responsable, e hicieron una interpretación forzada de las normas con la finalidad de evitarlo. El recurso buscado era muy sencillo: hay que deducir los días por horas trabajadas no de la condena máxima efectiva (los treinta años) que en realidad es un máximo de cumplimiento y no una nueva pena, sino de cada una de las penas a medida que se vayan cumpliendo.

FORJIB.- Tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿realmente es posible velar por los derechos de todos los ciudadanos?

N.E.H.B.- Considero que ahora más que nunca se ve por los Derechos Humanos, esta sentencia ha demostrado a España, una vez más, que no puede hacer justicia al margen de las leyes que el propio país ha creado.

Ahora más que nunca es momento de que nos demos cuenta de que la ley está para acatarla y aplicarla en puridad por mucho que nos pese, y por mucha presión social que exista. Y de no estar conformes con las leyes existentes, quizás sea la hora de promover un cambio en la legislación, quizás el legislador deba plantearse de una vez si lo que queremos es defender los derechos humanos, si somos un país garantista, si apostamos por la reinserción de los presos o si por el contrario volvemos a la ley del talión.