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ABOGACÍA Y MEDIACIÓN...

Autor: Fernando Íscar Álvarez. Socio de Olleros Abogados

El Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles configura en sus artículos 11 al 15 el Estatuto del Mediador, pudiendo ser mediadores las personas naturales en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación que regula su ejercicio profesional. El campo de los aspirantes a mediador no puede ser más amplio. Cualquier persona puede serlo en un asunto civil y mercantil sin necesidad de ser un profesional del derecho. 

“La mediación ha sido desde siempre una de las actividades típicas de la abogacía. Algunas legislaciones, como la argentina, lo reconocen y exigen que el mediador sea abogado en ejercicio”

El art. 11.2 de la norma exige exclusivamente que los mediadores cuenten con una formación específica en mediación adquirida mediante “uno o varios cursos” impartidos por instituciones debidamente acreditadas. Además, concreta que esta formación específica consistirá en conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación y de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la negociación. La determinación del alcance de estos conocimientos queda igualmente sin definir.

Esta amplitud de los términos de la ley va a ser de algún modo remediada por el Reglamento de Mediación, actualmente en preparación, que parece que exigirá a los futuros mediadores estar en posesión al menos de una titulación superior, además de haber realizado el curso específico.

Según lo que se ha podido conocer por el momento, el Reglamento en preparación prevé que la formación de los aspirantes a mediador tenga una duración mínima de 40 horas para aquellos que tengan 10 años de práctica profesional en mediación, 60 horas cuando tengan entre 5 y 10 años de práctica profesional y más de 60 horas de formación si tienen menos de 5 años.

En todo caso nos ha llamado la atención que la regulación en España del ejercicio de la mediación no esté reservada al especialista en derecho y, es más, no haga la menor alusión al abogado quien, desde siempre, ha desarrollado esta labor mediadora, tratando de acercar posiciones con la parte contraria con el ánimo de evitar el litigio. Sin duda, la gran mayoría de los contenciosos que se producen en la práctica negocial terminan en acuerdos propiciados por los letrados asesores de las partes, que son conscientes, además, de los inconvenientes de acudir a los tribunales.

La mediación ha sido desde siempre una de las actividades típicas de la abogacía. Parecería entonces que son los abogados quienes, por su formación y experiencia, presentan inicialmente mejor capacitación para el ejercicio de la mediación. Algunas legislaciones, como la argentina, lo reconocen y exigen que el mediador sea abogado en ejercicio.

En nuestra legislación, sin embargo, se ha preferido no limitar el acceso a otros profesionales cuya intervención, por la especialidad de la materia, pudiera resultar conveniente. Estamos pensando en determinados conflictos de familia, en los que la intervención del experto en psicología y relaciones sociales está plenamente justificada y donde los servicios de mediación, llevados a cabo por expertos –abogados y psicólogos, fundamentalmente- tienen ya una moderada implantación.

Tiene además pleno sentido la incorporación como mediadores de otros profesionales que pueden aportar un conocimiento de la materia en conflicto y una autoridad técnica que promueva el acuerdo entre las partes.

Habrá que dar bienvenida por ello a esta flexibilidad de la ley española, que abre el abanico de las personas que pueden aspirar a ejercer la mediación. Sin embargo, no se puede ignorar que en la mediación en la mayoría de los conflictos civiles y mercantiles, que son conflictos jurídicos, los conocimientos legales y la experiencia en el asesoramiento jurídico son fundamentales. Es precisamente la técnica jurídica la que ofrece posibles soluciones a los conflictos planteados y es la experiencia en negociación la que aquilata las estrategias de acercamiento de posiciones más eficaces.

Cabe por ello que nos preguntemos qué sentido tiene que abogados en ejercicio se vean obligados a realizar unos cursos específicos de 60 o más horas para acceder a la condición de mediador, siendo así que el conocimiento de la materia de estos cursos de formación, según el dictado de la ley, y con exclusión de los conocimientos en materia de psicología, se le suponen al abogado, por su condición profesional. Efectivamente, los conocimientos jurídicos, el uso habitual de técnicas de comunicación y de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la negociación, forman parte inherente de la formación del abogado.

Carece por completo de sentido que abogados con cinco años de ejercicio tenga que efectuar largos cursos de formación sobre materias cuyo contenido les tiene que resultar sobradamente conocido. Mayor interés tendría centrar los esfuerzos en los aspectos prácticos específicos del ejercicio de la mediación, de su organización y de su eficiencia. En este sentido es tarea de los Colegios de Abogados interesar de las autoridades, en el desarrollo reglamentario de la ley, el especial reconocimiento de la formación de abogado para el ejercicio de la función de mediador.

La realidad sin embargo, parece que discurre por otros derroteros y no sólo a nivel de nuestro país, sino a nivel europeo. En efecto, la necesidad de una formación específica es una exigencia de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008 que, trasladada a las distintas legislaciones europeas, se ha plasmado en una normativa que de modo general prescribe la necesidad de que todo mediador haya realizado previamente unos cursos de mediación. Y esta exigencia, lógica y necesaria para aquellos que no tienen formación jurídica y pretenden practicar profesionalmente este modo alternativo de resolución de conflictos jurídicos, se extiende sin excepción alguna a los abogados, que deben realizar largos y costosos cursos para acceder a esta cualificación profesional.

Paradójicamente, la gran mayoría de los profesionales que realizan cursos de mediación son abogados en ejercicio. Así, abogados que no precisan examen de ningún tipo para ser designados árbitros -y el procedimiento arbitral es técnicamente mucho más complejo que la mediación- deben realizar cursos específicos de mediación. Al final, entendemos que se impondrá la lógica y estos cursos se centrarán en aquellos aspectos formativos en psicología o práctica mediadora que resulten de utilidad al abogado, dado que, insistimos, las habilidades negociadoras y la consecución de consensos ha sido y será siempre una de las actividades típicas de la abogacía.

El éxito de la mediación como alternativa a la solución judicial de conflictos, depende en buena medida de su implementación administrativa, de su impulso, de la facilidad de su acceso y de la demostración de su eficacia práctica. La mediación tiene que ser rápida, práctica y económica En este sentido, serán los propios abogados que asesoran a las partes enfrentadas los primeros que, siendo conscientes de la utilidad de la mediación, recomendarán acudir a este sistema alternativo.


De nuevo los Colegios de Abogados tienen una posición de privilegio para promover un servicio de mediación eficaz, al que los letrados puedan recurrir con la seguridad de que van a obtener un auxilio eficiente y económico. Pues si hay algo que los abogados conocen es que la mediación ha sido siempre un medio de solución de conflictos y que todo acuerdo es en principio bueno, si sirve para evitar un pleito.