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EL ABOGADO FRENTE AL ARBITRAJE...

Autor: Antonio Albanés Membrillo. Abogado

A veces se ve a los abogados como una valerosa clase de guerreros, empeñados en simpar lucha contra el dragón de la injusticia en ese especial campo de batalla que es el estrado de un Tribunal. La figura del defensor de los derechos ajenos ha sido ensalzada en el cine y en la literatura, recreando el triunfo de la justicia, de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el mal, de la libertad sobre la esclavitud. Pero el abogado tiene otra función no menos noble y encomiable: La de procurar la concordia social mediante la aplicación del derecho y la equidad. Y no sería arriesgado afirmar que esa otra función del abogado se obtiene de manera más efectiva mediante un procedimiento arbitral, pues difícilmente al término de un proceso judicial las partes habrán acercado sus posturas; generalmente una de ellas vence y la otra es vencida. Y deberemos convenir en que este no es el ámbito más propicio para obtener la paz social, aunque sí sea el más ortodoxo para la aplicación pura y dura del derecho. 

“El abogado tiene otra función no menos noble y encomiable: La de procurar la concordia social mediante la aplicación del derecho y la equidad”

Aunque ninguna ley de arbitraje establece la obligatoriedad de la asistencia letrada a las partes, la experiencia nos dice que raro es el procedimiento arbitral en que las partes no comparecen dirigidas por letrado. La mayoría de las leyes de arbitraje otorgan unas muy amplias facultades de disposición a las partes sobre el procedimiento, pero no es menos cierto que en cada uno de esos pasos o decisiones las partes estarán asesoradas por sus abogados, quienes les indicarán lo que sea más adecuado para sus intereses. En definitiva, el conocimiento y, sobre todo, la experiencia del abogado en la resolución de conflictos hacen que su presencia sea necesaria, y desde luego imprescindible si el arbitraje es de Derecho. El árbitro agradecerá a buen seguro la ayuda, la comprensión y la buena predisposición de los abogados de las partes para llevar a buen término la tarea que se le ha encomendado. 

Pero no todos los abogados han participado alguna vez en un procedimiento arbitral. De ahí que ante esa primera experiencia, se encuentren un poco incómodos: El escenario no es el mismo, como no lo son las reglas de juego. Para empezar se encuentra con una o varias personas encargadas de resolver el litigio que no mantienen una posición rígida y distante, sino próxima y afable, con quienes va a poder hablar sin sometimiento a ninguna regla especial, que probablemente les va a tutear y que, para su sorpresa, incluso le va a proponer un acuerdo sobre cómo llevar a efecto el procedimiento; le van a consultar sobre la conveniencia de unas determinadas fechas para la celebración de audiencias, le van a permitir una gran flexibilidad en los interrogatorios de las partes, testigos y peritos; y cuando tengan que rechazar alguna prueba, pregunta o alegación lo va a hacer con la máxima corrección, explicándole porqué, a su juicio, no procede. Y esto no es una crítica a los Jueces ni al procedimiento judicial, cuyo a veces estricto formalismo está motivado por la necesidad de garantizar los derechos de defensa y por la solemnidad propia de la administración de Justicia; simplemente es que, al tratarse de un sistema de heterocomposión, la flexibilidad se erige en norma consustancial a la institución.

El abogado en un proceso arbitral debe ser, pues, un aliado del árbitro en lo que a la llevanza del procedimiento se refiere. El árbitro no es el enemigo, sino alguien en quien las partes han depositado su confianza para resolver el litigio que les enfrenta, del mismo modo que han depositado su confianza en su abogado para que les defienda. Los abogados somos los primeros interesados en la consecución de ese bien supremo, que precede a cualquier otro, y al que llamamos Justicia. Porque el abogado no busca el choque ni la confrontación; las controversias no nacen de su actividad profesional: Le vienen ya dadas. El justiciable acude al despacho del abogado por lo general cuando el conflicto ya ha surgido, y no intenta atizar aún más el fuego de la discordia: por el contrario, procura convencer a su cliente de las ventajas de resolver pacíficamente el litigio, pese a que ello pueda conllevar una revisión de sus planteamientos o posiciones iniciales. El Juez tiene la perspectiva de la Justicia que le confiere su posición en el proceso; pero es el abogado el que recibe, prima facie, la queja del ciudadano. Se ha dicho y con razón que una Justicia lenta no es Justicia, y es por ello, por el propio bien de nuestros clientes y de la sociedad en general por lo que procuramos que el Derecho funcione, que los justiciables vean satisfechas sus pretensiones y que lo vean de forma rápida, segura y eficaz. Desgraciadamente, una mirada al funcionamiento de la Administración de Justicia en la mayoría de los países de nuestro entorno permite comprobar como esas aspiraciones son, en la mayoría de los casos, una entelequia: La Justicia, cuando llega, lo hace demasiado tarde; para entonces los problemas o se han enquistado, provocando un desánimo y una desconfianza lógicas en el ciudadano, o se han resuelto de manera poco ortodoxa, con pérdidas para todos los interesados.

El arbitraje ha estado presente en la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (U.I.B.A.) desde su constitución. Ya en el 2º Congreso celebrado en Caracas en febrero 1979 se adoptó el acuerdo de “promover a nivel local la reforma de la legislación interna sobre arbitraje de acuerdo con los criterios más recientes de la legislación comparada, que serán recogidos en un proyecto de ley-tipo que se elaborará por una comisión de acreditados juristas”. Dicha Comisión fue creada en su momento y fruto de sus trabajos fue la elaboración de la Ley-tipo de Arbitraje, aprobada por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Hispano-Luso-Americanos en Julio de 1981 en la ciudad de Lima. Y la respuesta de nuestros países no pudo ser más satisfactoria, pues la mayoría de las leyes promulgadas o modificadas en este tiempo (incluyendo la española) acogió la práctica totalidad de las modificaciones sugeridas, entre ellas la introducción del llamado arbitraje institucional o administrado, verdadera piedra de toque en el desarrollo del arbitraje, al encomendar la designación de los árbitros y la administración del procedimiento arbitral a específicas Corporaciones que, como los Colegios Profesionales y las Cámaras de Comercio, gozan de una trayectoria intachable y de un importante reconocimiento social. Y ahora, más de 30 años después, la perseverancia ilusionada de cuantos creímos en el proyecto parece que va dando sus frutos, como se desprende de la firma del Acuerdo Marco suscrito recientemente en Brasilia entre el empresariado y la abogacía. Con ello los abogados estamos más cerca de nuestro objetivo: Conseguir que los conflictos derivados del tráfico comercial sean resueltos de forma ágil, rápida y eficaz mediante el arbitraje.