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OLLEROS ABOGADOS Y LA MULTINACIONAL SUIZA SGS FIRMAN UN ACUERDO PARA PRESTAR SERVICIOS CONJUNTOS DE CONSULTORÍA EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE DELITOS (SIPD)...

 

Ofrecen un servicio de asesoramiento integral especializado que responde a la obligación de las empresas de implantar sistemas eficaces de organización y gestión para prevenir delitos.

Olleros Abogados y la multinacional suiza SGS han firmado un acuerdo para prestar servicios conjuntos de asesoría para el desarrollo de Sistemas Integrales de Prevención de Delitos (SIPD) Corporate Compliance o cumplimiento normativo en el ámbito empresarial. 

A través de esta alianza suscrita por el socio fundador de Olleros Abogados, Jaime Olleros, y el Grupo SGS España, ambas compañías ofrecerán a sus clientes asesoramiento,  técnico y  jurídico, para  la elaboración, implantación, seguimiento y evaluación  de Programas Integrales de Prevención de Delitos.

 Se trata de un producto novedoso que responde a las necesidades generadas en las empresas, con independencia de su tamaño, tras la publicación del Proyecto de Reforma del Código Penal, que obliga a las compañías, de cualquier dimensión, a implantar un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos en el seno de su organización, y cuyo incumplimiento constituirá un tipo delictivo específico.

 El producto ofrece a las empresas servicios que aúnan  la experiencia y capacidad de Olleros Abogados, una de las firmas legales que en los últimos años ha experimentado un mayor crecimiento dentro del panorama jurídico nacional, y el Grupo SGS, líder mundial en el campo de la consultoría, inspección y asistencia técnica y control de calidad. 

  Así, el bufete nacional y la multinacional suiza unen sus experiencias en esta materia, tan compleja y novedosa en España, para ofrecer un servicio altamente competitivo y particularizado a cada entidad, que pretende convertirse en una herramienta útil y de sencilla implantación, que permitirá a la compañía acreditar que ha ejercido sobre  sus trabajadores y directivos el debido control que la legislación penal exige y ha trasladado a las personas jurídicas y sus administradores, minimizando riesgos y garantizando la necesaria imparcialidad e independencia.