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SEGUNDA OPORTUNIDAD Y ACUERDOS EXTRAJUDICIALES DE PAGOS EN ESPAÑA...

Autor: José Palares

El pasado 28 de septiembre de 2013 se publicó en el BOE la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los Emprendedores y su internacionalización que incluye medidas de protección a los deudores, empresarios individuales en particular, pero también consumidores. Esta Ley era esperada por muchos deudores personas físicas pues ha sido llamada por los medios como la “ley de la segunda oportunidad”, pero antes de que entre en vigor, la doctrina ya manifiesta que las medidas aprobadas son insuficientes, muy mejorables y, por tanto, tendrá un escaso ámbito de aplicación.

La principal novedad de la ley estaría en la creación de la figura del “emprendedor de responsabilidad limitada” a la que podrán acogerse los empresarios individuales o profesionales con la obligación de llevar la misma contabilidad que las sociedades limitadas y con la obligación de depositar las cuentas anuales en el registro. Estos emprendedores podrán preservar de sus acreedores su vivienda habitual siempre que no esté afecta a la actividad empresarial y su valor no supere los 300.000 euros.

En cuanto a la llamada “segunda oportunidad”, la ley recoge una modificación del artículo 178.2 de la Ley Concursal introduciendo la exoneración del pasivo pendiente o fresh start estableciendo que, una vez que se liquiden los activos para pagar a los acreedores, la resolución judicial de conclusión del concurso deberá declarar la remisión de las deudas insatisfechas (salvo las tributarias y de seguridad social) siempre que cumplan ciertas condiciones: 1º) que no se trate de un concurso culpable; 2º) que se hayan satisfecho íntegramente los créditos contra la masa y los créditos privilegiados; 3º ) que se hayan satisfecho al menos el 25% de los créditos concursales ordinarios (este último requisito no se exige si el deudor hubiera intentado sin éxito un acuerdo extrajudicial de pagos, una posibilidad que no tienen los consumidores, solo los empresarios individuales).

La Ley introduce un procedimiento pre-concursal nuevo que es “el acuerdo extrajudicial de pagos”, de cuya aplicación podrán beneficiarse los empresarios personas naturales cuyo balance no supere 5 millones de euros y personas jurídicas que cumplan determinadas condiciones.

La responsabilidad de negociar este acuerdo entre el deudor y sus acreedores se atribuye a una nueva figura de mediador concursal nombrado por el Registrador Mercantil correspondiente o por el notario del domicilio del deudor. La apertura de las negociaciones permite al deudor poder continuar con su actividad, pero se ha de abstener de solicitar préstamos, devolverá las tarjetas de crédito y no podrá utilizar medios electrónicos de pago. Este procedimiento no evita las ejecuciones hipotecarias y de otras garantías reales.

El contenido del plan de pagos es muy restrictivo, pues no puede suponer una espera de más de tres años ni una quita de más del 25%. Además, para que se acepte tendrá que votar a favor los acreedores titulares de al menos el 60% del pasivo (salvo en caso de cesión de bienes, en que se exige al menos 75% y el consentimiento de todos los acreedores con garantía real sobre dichos bienes). Si el plan de pagos es rechazado, el propio mediador concursal tendrá que solicitar el concurso que pasa a llamarse “concurso consecutivo” que se abrirá necesaria y simultáneamente con la fase de liquidación.