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AMBIENTE Y SALUD. PRINCIPIO PRECAUTORIO. EL USO DE AGROQUÍMICOS EN ARGENTINA, UN CASO DE TRABAJO (PARTE II)

Autor: Yamile E. Najle, Coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables

E xplica el Dr. Lorenzetti que: “En el estadio actual del ‘paradigma ambiental’, estimamos que debe aceptarse el principio precautorio, pero debemos avanzar en la fase de implementación, para hacer de ello una realidad posible y no una mera declaración políticamente correcta, pero inaplicable”. (1) Continúa explicando el respetado jurista que, “El principio es una norma jurídica y no una mera declaración, pero el grado de obligatoriedad es diferente de la regla de derecho. (…) En cambio el principio al ser indeterminado, es un mandato de optimización, es decir, obliga a hacer todo lo posible para alcanzar el objetivo” (2).

En la causa que comentamos el principio indica la necesidad de tomar todas las medidas necesarias ¬¬- en este caso mayor área de resguardo ambiental - para evitar daños a la vida, la salud y el ambiente que vulneren los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras, en lo que creemos es un justo balance con el derecho a la propiedad, a trabajar, a las ganancia y a ejercer toda industria licita, entre otros.

No podemos desconocer las implicancias trascendentales de la aplicación de este principio y por ello compartimos las palabras de la Dra. Zlata Drnas de Clement, quien en su artículo “Aspectos Conceptuales del Principio de Precaución Ambiental” explica, “El surgimiento del principio ha implicado una verdadera revolución en las relaciones entre economía y medioambiente, como también, en los aspectos administrativos de la gestión pública y privada y sus responsabilidades” (3). Es un nuevo estándar jurídico que DEBE ser aplicado por nuestros tribunales y por las autoridades públicas de los otros poderes a los fines de hacer cumplir efectivamente la manda constitucional y legislación de orden público ambiental. Sabemos que el DEBER ser en la justicia se aleja muchas veces de las realidades en su aplicación, razón por la cual la participación de los vecinos afectados y ONGS debe alentarse.

Este tipo de causas hacen que nos cuestionemos, repensemos y replanteemos el rol del hombre, de la ciencia, de la política y de la justicia cuando esta es llamada a intervenir. Todas las preguntas que debemos realizarnos son de alta complejidad y difícil respuesta, si es que nos atrevemos a esbozar una. Nos preguntamos por ejemplo: ¿Cuales son los efectos a corto, mediano y largo plazo de la aplicación de los plaguicidas?; ¿Qué efectos acumulativos tienen los mismos?; ¿Cómo responden los diferentes organismos a su exposición?; ¿Cómo interaccionan estos compuestos químicos con el ambiente, la salud de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores?; ¿Son sus implicancias siempre previsibles?; ¿Qué efecto se presentan en el ambiente que ya se encuentra contaminado por otros compuestos tóxicos?; ¿Deben ser los estándares de aplicación similares en todas las circunstancias?; ¿Cómo interactúan las diferentes sustancias?; ¿Cuáles serán los efectos en las generaciones futuras de concentraciones hoy tenidas como aceptables?; ¿En qué medida se ve disminuida la expectativa de vida y bienestar de las personas afectadas por los contaminantes?; ¿Cómo, en definitiva, evaluamos los daños potenciales de sustancias que no son inocuas para el ser humano y el ambiente?; ¿Qué nivel de riesgo consideramos aceptables, y en su caso, a quien corresponde decidir al respecto? (4). Estas son las difíciles preguntas ante las cuales se enfrenta hoy el Tribunal de Alta Gracia que entiende en la causa, preguntas que implican un enfrentamiento directo con el principio precautorio, producto de la incertidumbre científica. Preguntas que implican un enfrentamiento directo con el sistema de valores imperantes. Preguntas que implican hacer realidad el “paradigma del nuevo derecho ambiental” que los textos jurídicos explican, pero que la práctica pocas veces aplica.

Al respecto explica el Dr. Falbo al exponer en su artículo sobre “Contaminación y Eco toxicidad” que: “A este respecto, alertamos desde ya….que tal como lo demuestra el avance de las investigaciones a lo largo de los años, el carácter no toxico o no peligroso, o no contaminante de un determinado compuesto en determinadas cantidades o concentraciones es de absoluta provisoriedad y de mínima por cuanto al avanzar los estudios científicos los niveles de concentración aceptables o permisibles se han ido haciendo cada vez mas y mas estrictos. (…)…y es que no existen umbrales seguros de exposición para la salud de compuestos eco tóxicos” (5).

Como decidir ante tamaña afirmación, cuando se explica que, “El principio de responsabilidad contrapone una tarea más modesta, decretada por el temor y el respeto: preservar la permanente ambigüedad de la libertad del hombre, que ningún cambio de circunstancia puede jamás abolir, preservar la integridad de su mundo y de su esencia frente a los abusos de su poder” (6).

Conclusión

“[El principio precautorio] como instrumento de procedimental del proceso de decisión democrático, llevado adelante por los actores sociales (tomando en cuenta los aportes científicos) quienes eligen su destino y las perspectiva para el futuro. Le dicen no a la inacción (riego cero), le dicen si a la acción mesurada, basada en la democracia de concertación, que toma en cuenta las contingencias, adopta sus decisiones y las revisa” (7).

Creemos que es justamente este proceso el que ha llevado adelante el pueblo de Alta Gracia a través de sus representantes, ha mesurado la acción – aplicación de plaguicidas- valorando el derecho a la vida, la salud, el ambiente sano, las generaciones venideras, el interés turístico y cultural de dicha comunidad. Las actividades productivas agropecuarias no han sido prohibidas, sino reguladas con mayor rigor teniendo especial consideración todos los intereses en juego.

A los fines de concluir es importante recordar que el nuevo paradigma que “la sociedad de riesgo” y el derecho ambiental implican, exige que, “La decisión del tribunal se corresponde con la construcción de un nuevo paradigma, que dejando la tosca y miope idea de progreso económico y material” (8) genere una construcción basada en los pilares del verdadero desarrollo sustentable.

1. Ricardo L. Lorenzetti, “Teoría del Derecho Ambiental” ED La Ley, pág. 67
2. Ricardo L. Lorenzetti, “Teoría del Derecho Ambiental” ED La Ley, 74
3. En www.acader.unc.edu.ar. pág. 2
4. Ver en: Anibal Falbo. “El Rol del Derecho ante la icnertidumbre científica en los casos ambientales. En Summa Ambiental, Director Cafferata, Tomo II, pag. 1252-1265.
5. Anibal Falbo. “El Rol del Derecho ante la icnertidumbre científica en los casos ambientales. En Summa Ambiental, Director Cafferata, Tomo II, pag. 1253
6. Jonas Hans, El Principio de Responsabilidad, “Ensayo de una Ética para la Civilización Tecnológica”, p.17, ed. Herder, Barcelona 1994.
7. Zlata Drnas de Clement, “Aspectos Conceptuales del Principio de Precaución Ambiental”, en www.acader.unc.edu.ar, pág. 7-8.
8. Anibal J Falbo“El Rol del Derecho ante la incertidumbre científica en los casos ambientales. En Summa Ambiental, Director Cafferata, Tomo II, pag. 1258