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CONCLUSIONES DE LA JORNADA: “LA APLICACIÓN DE LA PENA DE MUERTE EN EL S. XXI: ESTRATEGIAS PARA LA ABOLICIÓN”...

Autor: FORJIB

Con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Asociación Pro Derechos Humanos de España decidió realizar una jornada sobre la pena de muerte, ya que si bien se han producido avances importantes en la abolición de la pena capital, es preocupante que todavía queden estados donde se sigan ejecutando personas.

“La pena de muerte es una preocupación mundial, es objeto de regulación en el derecho internacional, y todos nosotros podemos participar en que se consigan cada vez más avances en su abolición”

¿POR QUÉ ESTAMOS EN CONTRA DE LA PENA DE MUERTE?

Se preguntarán ustedes ¿por qué hablar sobre Pena de Muerte, si en España no se aplica? Porque métodos como el garrote vil se aplicaron durante muchos años en nuestro país, y porque la ciudadanía es sensible a lo que le ocurre a las personas más allá de nuestras fronteras. La pena de muerte es una preocupación mundial, es objeto de regulación en el derecho internacional, y todos nosotros podemos participar en que se consigan cada vez más avances en su abolición.

La pena capital es un homicidio premeditado de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Con independencia de la naturaleza y las circunstancias del delito, una ejecución es la negación más extrema de los Derechos Humanos. Uno de los argumentos más importantes contra la pena de muerte, es que el riesgo de ejecutar a una persona inocente es extremadamente alto, puesto que no existe ningún sistema de justicia penal en el mundo que sea perfecto.

“Uno de los argumentos más importantes contra la pena de muerte, es que el riesgo de ejecutar a una persona inocente es extremadamente alto, puesto que no existe ningún sistema de justicia penal en el mundo que sea perfecto”


La pena de muerte es irreversible, lo que obliga a todos a concienciarnos sobre las implicaciones que acarrea apoyar un sistema deficiente que puede conducir a la muerte de alguien inocente Además, el empeño de los Estados por escoger los delitos “más abyectos” y a los “peores” delincuentes de entre los miles de asesinatos perpetrados cada año es una fuente irremediable de fallos. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976, más de 130 personas han sido exoneradas de la pena capital tras ser demostrada su inocencia, y por tanto, han sido liberadas.

Asimismo, la aplicación de la pena de muerte es arbitraria y discriminatoria, porque a menudo se impone de forma desproporcionada a personas económicamente desfavorecidas, minorías y miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas concretas. En algunos países se utiliza como medida represiva para silenciar a la oposición política. A los errores existentes durante los procesos judiciales y a la discriminación, se unen habitualmente la conducta inapropiada del Ministerio Fiscal y la incorrecta formación de la asistencia letrada.

Por otra parte, ningún estudio ha podido ofrecer pruebas convincentes que demuestren que la aplicación de la pena de muerte trae consigo un efecto disuasorio frente al crimen. Por tanto, la pena de muerte es un castigo que fomenta respuestas simplistas ante problemas humanos complejos, en lugar de buscar explicaciones que puedan dar forma a estrategias positivas. Los excesivos recursos que se utilizan para la aplicación de la pena capital podrían emplearse de manera adecuada para combatir la delincuencia violenta y prestar asistencia a quienes sufren sus efectos.

La pena de muerte es un acto de agresión que focaliza el odio de un ser humano contra otro, con el fin de hacerle sufrir. Históricamente, la pena de muerte siempre ha llevado aparejada una ejecución pública, un efecto de difamación general de la víctima y de prevención ejemplarizante, siempre ha tenido una parte de espectáculo, de crueldad y de salvajismo.

Por citar algunos ejemplos, el Código Penal Español de 1870 disponía que se diera publicidad de las ejecuciones a garrote, y éstas se realizaban en el lugar público donde se cumplían las penas de vergüenza pública, como las plazas mayores. En España, la pena capital estuvo vigente prácticamente hasta su supresión en 1978, a excepción de los periodos de la Primera y Segunda República, en que sólo se aplicaba para los delitos de la jurisdicción militar. Al finalizar la guerra civil, 19 delitos tenían prevista la pena de muerte. Pero en el derecho penal contemporáneo, civilizado y democrático, las penas no se aplican para generar sufrimiento ni con ánimo de venganza, sino que tienen que ir orientadas a la resocialización del delincuente. Y éste es precisamente el elemento que distingue al Estado de las bandas de delincuentes, que el Estado debe cumplir la legalidad y tratar humanamente a las personas.

El Estado de derecho está legitimado en su lucha contra el crimen, en cuanto respeta los derechos de los demás. Esta reflexión no es nueva, sino que ya la expresó Concepción Arenal con su frase “Odia el delito y compadece al delincuente”, cuando transmitió la preocupación de los científicos en derecho penal, y entendió que ésta también debía hacerse extensible al legislador. 

LA PENA CAPITAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL

Sea cual sea la forma que adopte: electrocución, ahorcamiento, cámara de gas, decapitación, lapidación, fusilamiento o inyección letal, la pena de muerte es el castigo más atroz. La aplicación de la pena de muerte supone la vulneración del derecho a la vida y el derecho a no ser víctima de tratos inhumanos o degradantes, contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El debate sobre la pena de muerte ha sido un referente, tanto en Naciones Unidas como en los sistemas regionales. Cada cinco años el Secretario General de Naciones Unidas emitía un informe sobre la pena de muerte, con el objeto de llamar la atención de los países que aplicaban la pena capital, y presionar para su abolición.

Aunque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 permitió a los Estados que no hubieran abolido la pena capital que la mantuvieran para los delitos más graves, ya se contemplaba una tendencia hacia la abolición absoluta de la pena capital.

En 1989, con la adopción del Segundo Protocolo Facultativo al Pacto, se establecía la abolición absoluta de la pena de muerte. En el ámbito europeo, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos de 1950 permitía la aplicación de la pena de muerte, cuando estuviera respaldada por las leyes. Pero desde entonces se ha producido un cambio sustancial, ya que los Protocolos Adicionales nº 6 y nº 13 del Convenio prohibieron de forma absoluta e incondicionada la pena de muerte. Ello ha supuesto que cualquier estado que desee ingresar en el Consejo de Europa tenga que declarar, o bien la abolición de la pena de muerte en su legislación, o bien su abolición de facto.

Pero a pesar del desarrollo progresivo del derecho internacional tendente a la abolición mundial de la pena de muerte, lo cierto es que aún existen reticencias por parte de muchos Estados, por lo que en 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas decidió votar una resolución a favor de una moratoria sobre el uso de la pena de muerte en el mundo. Desde entonces, se han dictado ya cuatro Resoluciones en este sentido, la última en diciembre de 2012, en la que votaron a favor 111 Estados, 41 en contra y 34 abstenciones. Aunque la votación de la Asamblea General no es jurídicamente vinculante, reafirma la tendencia mundial contra el uso de la pena de muerte.

España viene desempeñando un papel relevante en la lucha contra la pena de muerte, impulsando desde 2007 una alianza de países que derivó en la creación de una Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, cuya presidencia se encargó a Federico Mayor Zaragoza. Por invitación del Gobierno Español y con el patrocinio de los gobiernos noruego, suizo y francés, entre el 12 y el 15 de junio de 2013 se celebrará en Madrid el 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que reunirá a políticos, juristas, personalidades del mundo de la cultura, periodistas y sociedad civil.

EL CORREDOR DE LA MUERTE COMO TORTURA

El dolor físico causado por la acción de matar a un ser humano y el sufrimiento mental de saber de antemano que se va a morir a manos del Estado no puede cuantificarse.

La angustia que supone estar esperando a ser ejecutado ha sido calificada en ciertas circunstancias por Tribunales y Órganos Internacionales y Regionales como una pena cruel, inhumana y degradante, y por tanto, como una forma de tortura. Concretamente, esta evolución jurisprudencial se evidencia en varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el caso Soering contra el Reino Unido, de 1989, en que el Tribunal manifestó que las condiciones de la pena de muerte afectan a la dignidad de la persona, y por tanto hay que analizar la forma en que se imponen, las circunstancias personales del condenado, y los efectos que genera la angustia de esperar en el corrdedor de la muerte. Posteriormente el Tribunal dio un paso más, expresando en otros casos contra el Reino Unido que la angustia en espera de la muerte podría ser en sí misma una forma de tortura, y que la violencia institucionalizada quebraba los principios del Convenio Europeo.

Pero la sentencia más relevante fue la dictada en el caso de Ocalan contra Turquía, de 12/5/2005, en que el Tribunal manifestó que la pena capital constituye en sí misma un tratamiento inhumano y degradante. Sin embargo, a pesar de estos avances el debate sobre la pena de muerte es recurrente. Dentro de este tipo de trato inhumano, también se incluye el no comunicar al condenado a muerte ni a su familia la fecha de la ejecución, o la imposibilidad de visitar por última vez al condenado antes de la ejecución.

Por tanto, mientras que el panorama del proceso de la abolición de la pena de muerte presenta un argumento consolidado en el ámbito del derecho a la vida pero de efectos limitados, se viene desarrollando en los últimos años un argumento con alcance mucho más amplio y definitivo, a partir de la proscripción de las penas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. A diferencia de la formulación del derecho a la vida, este principio de exclusión de las penas crueles no admite excepción alguna y tampoco en los procesos en los que se impone la pena de muerte.

Pero el principio conduce precisamente en países con Estado de Derecho y con un sistema reforzado de recursos judiciales y de sucesivas instancias a los condenados a largas estancias, que en los Estados Unidos de América llegan a superar los 15 años, y que generan el síndrome del “corredor de la muerte”, lo que convierte a la capital en una pena cruel e inhumana. Además, la generalidad de los mecanismos y sistemas de ejecución se verifican en condiciones de manifiesta crueldad, incluido el que se reputó como más humano y menos doloroso, como fue la inyección letal.

La competencia por “la humanidad” entre la horca, el garrote, la descarga eléctrica, la inyección letal es propia de mentes tan bárbaras como las que ejecutan la pena de muerte a espada o mediante el hacha. La guillotina se demostró también que solo era fruto de una razón bárbara, tanto como la pragmática ejecución extrajudicial. Toda esta materia debe ser enriquecida en la discusión próxima, para apoyar el desarrollo de lo que Juan Méndez, actual Relator Especial contra la Tortura, llama un estándar en evolución que prepara la abolición universal de la pena capital.

AVANCES Y RETROCESOS EN LA ABOLICIÓN

La pena de muerte está en retroceso, ya que cada vez son menos los países que aplican la pena de muerte. Los últimos diez años han sido especialmente significativos en la lucha contra la pena de muerte, lo que resulta bastante positivo teniendo en cuenta el ataque contra los Derechos humanos que se desencadenó tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Mientras que en 1977 tan solo había 16 países abolicionistas, en la actualidad son 140 los que, en la ley o en la práctica, están en contra. Esto supone que dos tercios del mundo hoy dicen no a la pena de muerte. Pero no hay que dejar de señalar que todavía existen 58 países retencionistas, que aplican la pena de muerte para delitos comunes, y que en sus corredores de la muerte hay aproximadamente 23.000 personas condenadas a pena capital. Durante el último año, aproximadamente 20 países han llevado a cabo ejecuciones. De estos países, preocupa especialmente China, por ser el responsable de la mayoría de las ejecuciones, seguido de Irán, Arabia Saudí, Irak, Yemen o Estados Unidos.

En China la pena de muerte se aplica como castigo a más de 55 delitos, muchos de ellos de carácter no violento, por lo que se originan miles de condenas cada año. Sin embargo, la pena de muerte se sigue aplicando en China tras un muro de incógnita, ya que la información sobre el número de ejecuciones tiene carácter de secreto de estado. Si bien las autoridades chinas afirman tener como objetivo reducir el uso de la pena de muerte, continúan utilizando las ejecuciones para demostrar que las actividades consideradas dañinas para la estabilidad social se tratarán con mano dura. Por otra parte, el proceso de revisión de las condenas a muerte ante el Tribunal Supremo no es transparente, y una vez agotadas todas sus posibilidades de apelación ante los tribunales, los presos condenados no cuentan con ningún procedimiento de petición de indulto.

En el caso de Oriente Medio, a pesar del optimismo suscitado por la primavera árabe, ninguno de los 22 Estados de la región ha abolido la pena de muerte. Y en muchos de estos estados la pena capital está prevista para delitos que no son los más graves, vulnerándose las normas internacionales, que establecen que esta condena debe limitarse a delitos que consistan en causar la muerte intencionadamente.

Concretamente, Irán es el segundo país del mundo en el que más se aplica la pena de muerte, y el primero en la región de Oriente Medio. Los delitos castigados con pena de muerte van desde el asesinato hasta el adulterio, la sodomía, o delitos tan vagamente definidos como “la enemistad con Dios” o “corrupción en la tierra”. Aunque las estadísticas tampoco son oficiales, existen indicios de que se llevan a cabo muchas ejecuciones de manera secreta, y que durante 2012 se ejecutó al menos a 4 menores de 18 años en el momento del presunto delito. En Arabia Saudita se castiga con pena de muerte delitos relacionados con el tráfico de drogas, la apostasía o la brujería, el número de ejecuciones se triplicó en 2011 respecto de 2010, y las personas procesadas rara vez disponen de la asistencia de un abogado, y pueden permanecer semanas incomunicadas.

Por otra parte, las condenas suelen basarse en confesiones obtenidas bajo malos tratos, torturas, coacción y engaño. También se han producido retrocesos significativos, ya que países que llevaban meses, e incluso años sin aplicar la pena de muerte, reanudaron ejecuciones durante 2012. Ha sido el caso de India, Pakistán, Gambia o Japón. En la mayoría de los supuestos, a los presos se les notifió la ejecución con tan sólo unas horas de preaviso, y sus familiares no recibieron ninguna clase de información. Por ello, es importante recordar que la única forma de poner fin a la pena de muerte es abolirla en la legislación.

En Estados Unidos, más de la tercera parte de los estados del país han abolido ya la pena de muerte. En 2012, se condenó a muerte a 77 personas, en 18 de los 33 estados que aún mantienen la pena capital en su legislación. Esta es la cifra más baja desde que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobara en 1976 la revisión de las leyes sobre la pena capital. Otro indicador que demuestra que el apoyo público a la pena capital es cada día menor fueron los resultados del referéndum sobre la abolición que se realizaron en California en noviembre, ganando los abolicionistas. Sin embargo, preocupan algunos estados como Texas, que en menos de 12 años ha ejecutado a más del doble de presos que cualquier otro estado de EEUU en tres décadas y media.