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¿BANDERA BLANCA FRENTE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA?...

Autor: D. Ignacio Miguel de Lucas Martín, Fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga en España

Centroamérica es sin duda la región más violenta del mundo. Honduras presenta la tasa de homicidios más alta del mundo (93 por cada 100.000 habitantes) mientras en El Salvador se cifran en 70.000 los miembros de las “maras” y en 500.000 las personas afines a ellas (en un país de algo más de 6 millones de personas). Recientemente 8 funcionarios de policía fueron asesinados en una comisaría de Guatemala y hace menos de tres meses, el Fiscal titular de la Unidad Anti lavado de Honduras fue ejecutado en su vehículo. En 2012, 18 supuestos periodistas de la cadena Televisa fueron detenidos en Nicaragua cuando transportaban ocultos en sus equipos más de 8 millones de dólares con destino a Costa Rica. Cualquiera puede rastrear estas noticias que llenan los diarios en internet.

Estos apuntes que de forma telegráfica ilustran la gravedad de la situación que vive la región no pueden quedar en una anécdota cruel de la actualidad. Por el contrario, la invocación de estos hechos permiten sobre todo representarnos la fortaleza de las organizaciones criminales y cuestionarnos la eficacia de nuestras estrategias para combatirlas.

Son distintos los factores que determinan una situación de violencia e inseguridad extrema en la región, entre otros, brevemente: históricos si atendemos a la situación de conflicto armado que algunos países han vivido en épocas recientes, determinante de la existencia de grupos paramilitares; geográficos, por cuanto que el territorio centroamericano opera como corredor para el tráfico ilícito de personas y mercancías; o institucionales en tanto que se advierte una significativa debilidad en las instituciones responsables de la investigación y persecución de la delincuencia, penetradas en muchos casos por la corrupción.

Estos factores sin duda contribuyen al fortalecimiento de las organizaciones criminales transnacionales, en constante lucha entre sí por el territorio, desafiando y reemplazando al Estado como garante de la seguridad en sus fronteras e intimidando a sus ciudadanos.

Transnacionalidad de las organizaciones criminales

La transnacionalidad de la delincuencia organizada es una de las notas más reveladoras de la envergadura de sus acciones, de la ambición que demuestra en cada una de ellas y de los recursos que movilizan: todo beneficio es insuficiente, las fronteras no son un obstáculo, las instituciones no son impermeables ni a la corrupción ni a las manifestaciones de violencia o a las amenazas.

No obstante, la transnacionalidad no es una nota exclusiva de las organizaciones criminales de Centroamérica y el Caribe. Esta es la nota diferenciadora de la criminalidad organizada frente a la delincuencia convencional, pero el poder de estas organizaciones en la región, que las diferencia de aquéllas que operan en otros espacios, viene determinado en algunos casos por la connivencia de las propias instituciones del Estado, en otros casos por su endémica debilidad. Además, para contextualizar su actividad ilícita, estas organizaciones han encontrado en Centroamérica el apoyo de grupos criminales con los que subcontratan servicios de transporte y seguridad para facilitar su implantación en el país y su desarrollo en la región.

Estrategias para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales

Todos conocemos las estrategias nacionales impulsadas por distintos Estados para combatir las formas graves de criminalidad, particularmente las vinculadas con el narcotráfico. Las “guerras contra las drogas” o las llamadas “política de mano dura” no han respondido con eficacia a los desafíos que representa la criminalidad organizada. Entre otras razones, hay un error de punto de partida: estas políticas o estrategias han abordado la persecución de delitos concretos, como el narcotráfico o la extorsión, pero no atienden de forma integral al desmantelamiento de organizaciones que en la actualidad no se mueven en un área exclusiva de la delincuencia. Basta para constatar este error con advertir cómo se crean en las policías o Fiscalías distintas unidades especializadas en la investigación del narcotráfico, la extorsión, la trata de personas o las pandillas sin establecer los necesarios mecanismos de coordinación e intercambio de información entre ellas.

Además, los Estados no priorizan la investigación y persecución del delito de lavado de activos, el verdadero talón de Aquiles de estas organizaciones, su financiación y su enriquecimiento, de forma que frecuentemente las condenas por este delito responden a la detención de correos que ocultan sumas de dinero que no pueden justificar. Por qué? Creo que es legítimo pensar que en algunos casos, la investigación del lavado de dinero nos conduciría por avenidas incómodas para el mismo sistema financiero o las propias instituciones.

¿Qué hacemos entonces? ¿Izamos la bandera blanca frente a la delincuencia organizada?

Otras estrategias frente a la criminalidad organizada son posibles

1. Redes frente a redes: Desde marzo de 2011, con la creación de la Red de Fiscales de crimen organizado (REFCO) es posible advertir un cambio de tendencia al menos en los operadores jurídicos. Durante los dos últimos años, esta Red de fiscales especialistas ha tratado de fomentar la investigación transnacional de las organizaciones criminales, a través de sus puntos de contacto en 10 Fiscalías distintas, al tiempo que ha articulado distintos mecanismos para fortalecer a nivel nacional cada una de estas Fiscalías para incrementar su eficacia.

En 2012, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) lanzó la Red de fiscales especializados en la persecución del delito de trata de seres humanos, a través de la cual se persigue, de una parte, profundizar en la especialización y, de otra, fomentar la cooperación internacional como herramienta para combatir este delito de marcada naturaleza transnacional.

2. Hacia una estrategia hemisférica contar la delincuencia organizada: A resultas de la Cumbre de las Américas (Cartagena, Abril 2012), y el mandato de los Presidentes emanado de esta reunión, se celebraron distintas consultas técnicas con representantes de los Estados y expertos en la investigación de la delincuencia organizada.

El Esquema Hemisférico resultante, reflejado en el documento “Compromiso de Chalpultepec” identificó dos pilares principales, uno de carácter técnico-político y otro de naturaleza operativa. Me interesa particularmente el enfoque de este marco operativo, que bajo un Centro Coordinador de las Américas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, se coordinaría con otros organismos especializados internacionales, regionales y subregionales, fomentando el intercambio de información y el análisis que facilite la toma de decisiones frente a la delincuencia organizada trasnacional.

No tengo ninguna duda de que estas dos miradas, que subrayan la necesidad de cooperar entre los que a pie de calle persiguen la delincuencia organizada son complementarias. Sin embargo, no perdamos de vista que sólo a través de la institucionalidad, y cuando nos asalten dudas, a través de más institucionalidad podremos responder a nivel internacional: sólo con policías y fiscalías sólidas podremos empezar a responder eficazmente al desafío que no puede esperar a mañana.