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CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS Y RSC...

Autor: María Gamoneda

El pasado 18 de febrero de 2015 fue aprobado por Acuerdo del Consejo de la CNMV el nuevo Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, que viene a actualizar a su predecesor, el Código unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas de 2006.  

Uno de los puntos más novedosos del nuevo Código consiste en la inclusión de   recomendaciones específicas en el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, RSC). Tras reconocer en su introducción la creciente relevancia de la misma en los últimos años y, muy especialmente, a partir del credit crunch de 2007, el nuevo Código dedica 3 de un total de 64 recomendaciones específicamente a esta materia. Se refiere también de forma tangencial a la RSC al tratar de diversos aspectos empresariales en otras 4 recomendaciones. 

En particular, se recomienda la aprobación de una política de RSC de las sociedades cotizadas, que queda configurada como facultad indelegable de su Consejo de Administración (de conformidad con el art. 529 de la Ley de Sociedades de Capital). 

Además, la Recomendación 53 resalta la conveniencia de atribuir la supervisión del cumplimiento de la política de RSC (entre otras materias) a una de las comisiones preexistentes del consejo de administración o incluso a una comisión especializada, creada ad hoc. 

En la redacción del contenido mínimo de dicha política, recogido en la Recomendación 54, se aprecia una voluntad de concreción, algo a lo que la RSC siempre se ha mostrado esquiva. Sirvan de ejemplo sus apartados c) y f), que exigen se identifiquen “las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos y prevención de conductas ilegales” y “los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés”. 

La Recomendación 55, haciéndose eco de la Directiva de Información no financiera (Directiva 2014/95/UE, que aún no ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español), establece la necesidad de “que la sociedad informe, en documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías aceptadas internacionalmente”. 

Como decíamos, existen además referencias a la RSC en otras 4 recomendaciones. Así: 

- La Recomendación 6, sobre la necesidad de que las sociedades cotizadas publiquen en su página web el informe sobre la política de RSC, con anterioridad a la celebración de la Junta General. 

- La Recomendación 12, sobre la conciliación del interés social con los legítimos intereses de sus empleados, proveedores, clientes y restantes grupos de interés. 

- La Recomendación 14, sobre composición del consejo de administración, al establecer como objetivo para el año 2020 que el  número de consejeras represente, como mínimo, el 30% del total de sus miembros.  

- La Recomendación 45, que aconseja que la política de control y gestión de riesgos identifique, entre otros, los riesgos no financieros a los que se enfrenta la sociedad. 

Como es inherente a su carácter, las recomendaciones del nuevo Código son de cumplimiento estrictamente voluntario, si bien éste se acoge al principio “cumplir o explicar”, principio muy criticado cuya utilización ha sido respaldada recientemente por el Libro Verde de la Unión Europea sobre gobierno corporativo de sociedades cotizadas.  

No obstante lo anterior, existe un cierto grado de control. Así, la atribución por la Ley de Sociedades de Capital a la CNMV de facultades de supervisión y seguimiento sobre el informe anual de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas legitima a dicho órgano administrativo a exigir que se corrijan las omisiones o datos erróneos en que dicho informe pueda incurrir. Esto es, podrá pedir explicaciones a aquellas sociedades que omitan dar, al menos, una explicación sobre la inobservancia de las recomendaciones. Además, la Orden ECC/461/2013 exige que las sociedades cotizadas indiquen en su informe anual de gobierno corporativo el grado de cumplimiento de las referidas recomendaciones. Métodos éstos que, si bien no serán tan efectivos como la imposición de sanciones en caso de incumplimiento (lo cual sería incompatible con la voluntariedad que inspira todo el sistema de responsabilidad social corporativa), sí suponen un avance en materia de accountability con respecto a sistemas anteriores.  

En todo caso, como muy bien recoge el apartado I.3.2 del nuevo Código, a cuyo tenor: “corresponderá a los accionistas, a los inversores y, en general, a los mercados, valorar las explicaciones que las sociedades cotizadas den en relación con el no seguimiento o el seguimiento parcial de las recomendaciones que, en su caso, corresponda”, el grado de cumplimiento de las recomendaciones queda sujeto a su evaluación por el mercado. Semejante evaluación es inconcebible sin elevadísimos grados de transparencia, pues, ¿cómo va el inversor a poder evaluar el compromiso de la empresa en cuestión sin conocer el verdadero impacto de sus actividades? Es aquí donde, a nuestro modo de ver, el nuevo Código no ha puesto énfasis suficiente. Si bien la referida Recomendación 55 aconseja la elaboración de un informe sobre los asuntos relacionados con la responsabilidad social corporativa, no expresa las materias concretas a detallar en el mismo, ni los métodos de medición que habrán de ser empleados, recurriendo a un muy laxo “utilizando para ello alguna de las metodologías aceptadas internacionalmente”. Entre éstas, las más conocidas son el Retorno de la Inversión Social (SROI, según sus siglas en inglés) y la metodología utilizada por el LBG (London Benchmarking Group). 

En conclusión, la inserción de recomendaciones específicas en el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas supone una prueba más del creciente peso de la Responsabilidad Social Corporativa en la sociedad. Constituye un importante cambio con respecto al Código de 2006, que expresamente excluía esta materia de su contenido, lo cual es claro reflejo de que órganos supervisores como, en este caso,  la CNMV han tomado buena cuenta de la relación entre las políticas sociales de las empresas y su impacto en la economía. Estamos, sin lugar a dudas, ante una etapa de lavado de imagen de muchas compañías, que encontrarán en la Responsabilidad Social Corporativa el baluarte con el cual validar su gestión ante la sociedad.