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BUSCANDO SOLUCIONES A LA CRISIS...

Autor: Juan Fernández Garde

Una de las normas que más ruido y expectación ha desatado en los últimos tiempos es la ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su internacionalización, de 27 de septiembre de 2013, por entender que serviría para flexibilizar la situación del mercado laboral y, en la medida de lo posible, tratar de buscar fórmulas novedosas que contribuyan a la superación de la crisis económica en que nos encontramos.

“El legislador ha considerado perentorio el dotar a los emprendedores de los mecanismos necesarios para que puedan convertirse, de forma efectiva, en motor clave del crecimiento económico a largo plazo de la economía española mediante la internacionalización de sus proyectos empresariales” 

Aunque, pese a su muy corta vida, ha sufrido ya diversas actualizaciones, esta norma pretende regular de forma integral cuanto se refiere a los emprendedores, entendiendo por tales principalmente a las PYMES y los autónomos. Expectación de una norma que se explica por sí misma si atendemos a los datos facilitados por la Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos, los emprendedores conforman en España un sector laboral cada vez más trascendente, en la medida en que, en el marco de la Unión Europea, es el territorio en el que más ha crecido el número de trabajadores autónomos en comparación con la tasa de crecimiento en este sector en la Unión Europea. Según el referido informe elaborado por la UPTA, España ocupa el quinto lugar en el número de autónomos sin asalariados, con 2.067.300, solo por detrás de Italia (3.657.500), Reino Unido (3.476.400), Alemania (2.472.700) y Polonia (2.228.600).

El ruido se ha desatado por alguna de las medidas contenidas en la Ley, como la creación de “tarifa plana” para nuevos autónomos sin límite de edad, fruto de una importante polémica entre quienes consideran que es una medida adecuada para potenciar el crecimiento y desarrollo de los autónomos, frente a quienes opinan que nos hallamos ante un mero parche que en modo alguno resuelve los problemas del colectivo, y en especial el de la imprescindible liquidez.

En cualquier caso, diremos que la Ley de Emprendedores busca establecer un marco normativo que apoye pero también fomente la iniciativa emprendedora. Para ello, articula diversas medidas fiscales y de seguridad social, que buscan facilitar la obtención de financiación y asegurar y garantizar el crecimiento empresarial, siendo especialmente relevantes las dirigidas a fomentar la internacionalización, en las cuales nos vamos a detener.

Tal y como resulta del propio preámbulo de la Ley de Emprendedores, la crisis económica ha puesto de manifiesto la más que evidente importancia de la internacionalización como factor de crecimiento y diversificación del riesgo, claramente importantes ante una coyuntura económica marcada por un contexto de globalización caracterizado por la integración de los mercados a nivel internacional.

Partiendo de esta premisa, es decir, de la convicción de que las empresas internacionalizadas aparecen dotadas de una mayor capacidad para crecer y, en consecuencia, para crear empleo, el legislador ha considerado perentorio el dotar a los emprendedores, en quienes confía para la reactivación de la economía, de los mecanismos necesarios para que puedan convertirse, de forma efectiva, en motor clave del crecimiento económico a largo plazo de la economía española mediante la internacionalización de sus proyectos empresariales. Entiende el legislador que la internacionalización es pieza básica para el aumento de la competitividad y en consecuencia para el incremento de los ratios de productividad.

Por ello, como se menciona en el Preámbulo, corresponde a la Administración acelerar sus políticas regulatorias para adaptarse a la realidad económica internacional, muy cambiante, y facilitar así a las empresas llevar a cabo políticas de expansión internacional.

Con esta intención se han previsto diversas medidas centradas, sobre todo, en desarrollar políticas y prácticas que persiguen dos objetivos: al tiempo que tratan de evitar la fuga de talento, impidiendo la salida del mercado nacional de profesionales y directivos capaces, buscan políticas de inmigración que garanticen la llegada y permanencia en España de profesionales extranjeros que ayuden, precisamente, a asegurar y fomentar el crecimiento internacional de las empresas españolas. El crecimiento de las empresas españolas contribuirá, a la postre, al crecimiento económico del país, mediante el aumento de su competitividad y su productividad.

A tal fin, en la Ley de Emprendedores se establecen medidas para facilitar la entrada y permanencia de trabajadores extracomunitarios en España por motivos económicos. Por un lado, prevé la concesión de visados de estancia o residencia para trabajadores extranjeros por un año, sin necesidad de tramitar la tarjeta de identidad de extranjeros; por otro, establece la posibilidad de conceder autorizaciones de residencia por hasta dos años para inversores extranjeros, igualmente sin necesidad de tramitar el NIE.
Beneficiarios potenciales de esta medida son aquellos ciudadanos extracomunitarios que no se hallen irregularmente en territorio español, siempre que sean mayores de 18 años, no tengan antecedentes penales y no figuren como rechazables en los países con los que España haya suscrito acuerdos en este sentido. Estos límites, que podemos considerar genéricos, se completan con otros más restrictivos como la necesidad de contar con un seguro público o privado de enfermedad, tener recursos económicos suficientes para vivir en nuestro país, así como, en cualquier caso, asumir los costes derivados de las tasas de tramitación del visado o autorización.

La concesión de esta por algunos denominada Golden Visa está vinculada a la realización de actividades innovadoras que tengan un especial interés económico para España, o busquen desarrollar en España un proyecto empresarial de interés general que suponga la creación de puestos de trabajo, o en definitiva supongan una inversión con impacto socioeconómico o una aportación relevante a la innovación científica y/o tecnológica. Así como para aquellos trabajadores que sean personal directivo o altamente cualificado que preste servicios en empresas o grupos de empresas que forme parte de un proyecto empresarial de interés general, o graduados y postgraduados de universidades y escuelas de negocio de reconocido prestigio.

Frente a la expectación y el ruido que ha despertado esta novedosa normativa, no podemos dejar de subrayar que la mayor parte de los países de la OCDE están implantando de manera incipiente nuevos marcos normativos que son, sin duda, un elemento de competitividad, pero que están todavía huérfanos de una mayor implantación y coordinación. Entiendo que se irá consiguiendo con el paso del tiempo, equilibrando la situación de España con la de países más avanzados en este tipo de políticas que disponen ya de sistemas especialmente diseñados para atraer inversión y talento mediante procedimientos ágiles y cauces especializados para ello.