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LOS CAMBIOS DE RESIDENCIA Y...


Los cambios de residencia y sus implicaciones en Prestaciones laborales





Florentino García González


Abogado en ejercicio, colegiado en el ICA Madrid. Coach de Estrategias del Negocio y Formador. Máster en Psicología Jurídica, Especialista Universitario en Psiquiatría Forense. Coautor del libro La técnica del Interrogatorio por
Editorial Rasche. Coach de negocios jurídicos.


¿Qué diferencia el domicilio de la residencia? Aunque los conceptos de domicilio y residencia pudieran parecer sinónimos para indicar la relación jurídica entre la persona y sus circunstancias territoriales, la diferenciación de este estado civil es importante por las consecuencias legales que acarrea.

La doctrina menciona distintos patrones –temporalidad y voluntad entre otras—para su definición sin precisar mayores detalles.

Por otra parte las distintas legislaciones nacionales implementan distintas líneas de interpretación generando así más confusión sobre sus aspectos más prácticos.

Es así como el Código Civil chileno, por ejemplo, vincula estrechamente el domicilio primeramente al ánimo de la persona –art. 58.2— para pasar luego a conferirlo de manera automática al lugar donde se ejercite la profesión u oficio –art. 62—.
En otras latitudes se identifica el domicilio ya con “la sede principal de [sus] negocios o intereses” o, cláusula de cierre, con el lugar donde se halle la persona –art. 60 del CC costarricense--.

Téngase en cuenta además que estos términos son matizados conforme las distintas ramas del derecho en los que sean de aplicación. En el área laboral, la que nos ocupa, presenta connotaciones propias, especialidades, que vienen dadas por las distintas normas sustantivas y procesales.

Visto tamaña indefinición, ¿hay manera alguna de cuantificar la residencia, el domicilio?

Una resolución judicial española aporta, por interpretación sistemática, una serie de valores que pueden ser válidos para acercarse a la solución de este clásico problema del Derecho Civil. Con la intención de que sea de interés cuando menos como referencia para los lectores de ambos lados del océano que nos separa, proponemos un breve análisis de una decisión judicial.

El caso

Una reciente Sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Supremo español –máximo órgano jurisdiccional excepto para las cuestiones de Derechos--, la número 7817/2012 fechada el 18 de octubre del 2012 –consúltese en http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6568015&links=&optimize=20121211&publicinterface=true-- conoció de la reclamación interpuesta por el beneficiario de una prestación por desempleo a quien se le suspendiera por ausentarse de España durante 15 días sin avisar al Servicio de Empleo.


La decisión judicial debía dilucidar básicamente dos cuestiones fundamentales, el concepto de traslado de residencia --único de interés para este escrito— y, la trascendencia de los aspectos formales del deber de comunicación de cambios habidos en la situación del beneficiario. 

Situaciones como ésta están normadas no solo por las leyes nacionales pertinentes –Ley General de la Seguridad Social, Reglamento de la Protección por Desempleo y, el RD 625/1985– sino también por estipulaciones de la estructura europea de la que forma parte España --nos referimos en concreto al Reglamento 883/2004 sobre la Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social, instrumento armonizador de las distintas normativas europeas que trata situaciones como la que nos ocupa--.
El Tribunal decide por mayoría que la ausencia del territorio nacional por 15 días no justifica la suspensión de la prestación de desempleo.

El único voto particular -- de no conformidad con el fallo--, viene a incidir fundamentalmente en el cariz prestacional de la Sentencia en estudio.

Conclusión

Nos permitimos resaltar las siguientes conclusiones --extraídas de la Sentencia en cuestión— por entender que pueden ayudar a precisar de manera cuantitativa los términos domicilio y residencia.

a) “la residencia implica un asentamiento físico en un mismo lugar y por un tiempo mínimo, superior en cualquier caso a los quince días que dice el RD 625/1985 –FD 3--”.
b) La temporalidad constituye el factor clave para diferenciar la “residencia habitual” de otras formas jurídicas parecidas.
c) Llama la atención que coinciden el plazo dado tanto por la Ley Orgánica de Extranjería española para considerar la estancia de un extranjero como residencia con el que pauta el Reglamento Comunitario 883/2004 en lo pertinente a la supresión de condiciones de residencia.
d) Supeditar las prestaciones a una efectiva vinculación con el mercado, la “territorialización de la prestación” acuñada por la Doctrina científica, tiene estrecha relación con la residencia.