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CASI 10 AÑOS DE LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO...

Autor: Amalia Calderón, Abogada especializada en violencia de género y Coordinadora del Turno específico del Colegio de Abogados de Sevilla

Eran muchas las expectativas que los y las profesionales que trabajamos con víctimas de violencia teníamos en la tan anunciada Ley que pretendía, como su propio nombre indicaba, la integralidad en la prevención y detección de la violencia de género, en la tipificación de todas las conductas maltratantes y en la recuperación de las víctimas.

Sin embargo, desde la perspectiva de la aplicación práctica en los juzgados y tribunales de justicia se evidencian una serie de carencias tanto en la interpretación como en la aplicación de la mencionada ley que nos están conduciendo a un más que notable retroceso en la defensa efectiva de los intereses de las mujeres víctimas, de sus hijos y de sus hijas.

Se crearon juzgados especializados (JVSM) para instruir los procedimientos pero no se crearon juzgados penales especializados que, posteriormente, enjuicien dichos procedimientos. Y, en las novedades introducidas por la Ley se facultó al juez para suspender el régimen de visitas o la patria potestad o para inhabilitar para el ejercicio de la misma, por plazo máximo limitado. Ese carácter potestativo ha llevado a que, en la práctica, dichas potestades raramente se acuerden.  Y en otros casos en los que no se sujeta a la facultad discrecional del juez, como ocurre con el artículo 48 del Código Penal que establece la suspensión inmediata y automática del régimen de visitas cuando se acuerde una medida de alejamiento, sencillamente no se lleva a cabo.

La asistencia letrada especializada, que se garantizaba desde el primer momento, no se está llevando a cabo pues existen partidos judiciales en los que dicha asistencia únicamente se efectúa en sede judicial y otros en los que ni siquiera existen letrados especializados realizando dicha asistencia abogados y abogadas sin formación en género. Esta falta de formación es extensiva a otros ámbitos pues la Ley exige una formación inicial y continuada pero la regulación de los contenidos no está reglamentado.

Las Unidades de Valoración Integral (UVIG) no cumplen los objetivos que se establecen en la ley pues no suelen valorar integralmente la violencia física, psíquica (en la que se incluye la económica) y sexual denunciada por las mujeres. En numerosas ocasiones se pronuncian sobre la inexistencia de desigualdad en la relación aunque se reconozca la existencia de violencia puntual e, incluso, insultos. En otras ocasiones  se niega la asimetría alegando una violencia bidireccional obviando los más elementales derechos de las mujeres agredidas a defenderse así como de las repercusiones de la violencia sobre las mismas. En estas Unidades no se valora la peligrosidad objetiva y el riesgo de incidencia del agresor, como se determina en la Ley, pero nada les impide valorar a los agresores, excediéndose de sus competencias, diagnosticando algunas enfermedades y/o dependencias así como las limitaciones en su capacidad volitiva procuran- do, con ello, atenuantes. Y, muchas veces, todas estas cuestiones de ámbito psicológico son analizadas por personal de la Unidad que no tiene la titulación requerida en psicología.

La valoración inicial y continuada del riesgo suele realizarse por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en base a unos parámetros preestablecidos y que provocan que, con demasiada frecuencia, el resultado no se pueda valorar. En la práctica pasan desapercibidos casos en los que, por ejemplo, no ha habido una previa agresión física.

De un tiempo a esta parte, he podido apreciar la mayor dificultad para permitir a las víctimas ampliar las denuncias iniciales exigiendo que, en las declaraciones, se ciñan al relato de los hechos denunciados. Ello obliga a la mujer a interponer nuevas denuncias, conforme va recordando hechos (algo muy habitual) o van sucediendo éstos, así como a prestar nuevas declaraciones lo que puede suponer una victimización secundaria y tener, en consecuencia, un efecto de desistimiento en las actuaciones iniciadas.

Por el contrario, es muy frecuente que de la simple declaración del imputado se derive una sorpresiva imputación por delito a la mujer. Es más, a veces incluso se le comunica dicha posibilidad con carácter previo a su declaración y, consecuentemente, a la del denunciado. En este sentido, la aplicación de la Ley está teniendo un efecto absolutamente perverso sobre las víctimas denunciantes pues ha de decidir continuar un procedimiento en el que se la va a imputar o, sencillamente, desistirse de la denuncia interpuesta. Desistimiento que, en su caso, será utilizado por los grupos detractores de la Ley para argumentar el “alto índice de falsedad” en las denuncias al integrar entre las mismas tanto las sentencias absolutorias, por falta de prueba o por considerar que existen versiones contradictorias de los hechos (como si ello no se produjera entre todos los denunciantes víctimas de cualquier delito y los autores de los mismos) como los desistimientos que, por numerosos motivos, existen.

No se combaten los múltiples y constantes ataques por parte de grupos que se muestran abiertamente contrarios a la ley. No es posible alcanzar todos los nobles objetivos de la ley si no se lucha activamente contra aquéllos que ante una denuncia, acusan impunemente a la mujer de pretender un objetivo espurio afirmando que la denuncia es falsa mientras que siguen demandando la aplicación del principio de presunción de inocencia al denunciado.

Y tampoco es posible si no existe una real implicación de todos los sectores implicados en la detección y prevención de la violencia. Así, el Ministerio Público debe implicarse más en la instrucción de las causas impulsando la actividad necesaria para poner de manifiesto todas las conductas denunciadas y acreditando la violencia a través de informes si no es concedida la Orden de Protección (que no debe limitarse a proteger la integridad física de la mujer sino también su salud psicológica), para que la mujer víctima pueda acceder a todos los recursos que existen.

La colaboración de otros organismos  y entidades públicas debe ser inmediata y efectiva. Es muy frecuente que se nieguen informes por parte de centros escolares, pediatras y médicos e, incluso, por profesionales que atienden a la mujer y/o a sus hijos e hijas (tales como psicólogos o trabajadores sociales) o que faciliten informes “inútiles” a la hora de practicar una actividad probatoria suficiente. Y se ha de colaborar más en la detección de la violencia ya que, en la práctica, no suele ser detectada más que en centros sanitarios cuando se produce una atención por una agresión física.

Los hijos e hijas de las víctimas siguen siendo los grandes olvidados de la violencia de género pues no se les están considerando como víctimas si no existe un acto de violencia explícito y de cierta entidad hacia  ellos, obviando la exposición a la violencia como una forma de maltrato.

Es evidente que la Ley supone una importante herramienta para luchar contra la violencia de género y también que es imprescindible la colaboración de la mujer víctima a la que tenemos que seguir animando a que denuncie. Pero también lo es que, una vez dado el primer paso, debemos procurarles el apoyo necesario para que el mismo sea definitivo, para que sean conscientes de que el esfuerzo realizado por abandonar el círculo de violencia en el que viven verdaderamente tiene la  recompensa de una vida mejor, como les aseguramos.