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ALGUNAS CLAVES DEL DEBATE...

Algunas claves del debate sobre las tasas judiciales

Autor: Joaquín Vives de la Cortada. Abogado, socio de Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios.

Cuando hace algo más de un año, el Partido Popular ganó las elecciones generales españolas por mayoría absoluta, se anunció una revisión de las tasas judiciales existentes en nuestro país con el objeto de modernizar la Administración de Justicia y moderar los abusos en el acceso a los órganos judiciales, especialmente en la segunda instancia. 

“La principal “novedad” de la Ley, radica en el fortísimo incremento de la cuota tributaria que, en algunos casos, sobrepasa el 100%.”

La Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, recuperó en el ámbito de la Administración de Justicia la tasa por “el ejercicio de la potestad jurisdiccional”. Hasta ese momento, la Justicia había sido gratuita en España. Dicha Ley reintrodujo el tributo en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo y fue declarada constitucional por la sentencia 20/2012, de 16 de febrero, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional.

Mediante la Ley 10/2012, de 26 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se ha producido la revisión que, como decíamos, anunció el Ministro de Justicia en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados.

Una de las primeras cuestiones que se plantean en relación con las tasas judiciales, es la relativa a si la Justicia, entendida ahora como “Valor Superior del Ordenamiento Jurídico”, como dice el artículo 1 de la Constitución, debe ser sufragada por todos los ciudadanos, sean o no usuarios de ella, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o si, por el contrario, sólo quienes utilizan la organización judicial para resolver las contiendas en las que se ven inmersos deben ser quiénes la financien, por medio de tasas. 

El tema es muy relevante desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que proclama el artículo 24 de la Constitución, ya que un encarecimiento excesivo del acceso a la Justicia podría ser contrario a este derecho fundamental. En cualquier caso, es lo cierto que se han presentado ya recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012 y, por lo tanto, habrá de ser nuevamente el Tribunal Constitucional quién se pronuncie sobre esta cuestión.

Por otra parte y relacionado con lo anterior, está la declaración constitucional sobre la gratuidad de la Justicia que sólo se garantiza para quienes acrediten no disponer de recursos suficientes para litigar. Este precepto parece dejar libertad al legislador ordinario para establecer o no un sistema de tasas, siempre que con ello no resulte menoscabado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, como veíamos en el párrafo anterior.

La segunda cuestión que, a mi juicio, tiene relevancia es la relativa a la consideración de la Justicia como servicio público. Se trata de un aspecto más doctrinal o dogmática que práctica, pero es lo cierto que tiene trascendencia, al menos desde el punto de vista conceptual.

La doctrina del servicio público, radica en la imposibilidad del ciudadano, individualmente considerado, de atender a determinadas necesidades esenciales por lo que debe ser la colectividad quién asuma la prestación de estos servicios (sanidad, educación, etc., etc.). La Justicia nunca había pertenecido a esa categoría jurídica del servicio público hasta que, hace unos años, con el intento de desactivar la consideración en cierto sentido patrimonialista de la Justicia que tenían algunos Jueces y Magistrados, se empezó a hablar del “servicio público de la Justicia” para contraponerlo justamente a este sentido de propiedad que tenían algunos Jueces.

Ello no obstante, dejando al margen ahora la polémica (que la hay) sobre si la Justicia es un servicio público o es algo más o distinto, es lo cierto que, partiendo de tal premisa (es decir, de que realmente lo sea), lo que sí está claro es que la tasa judicial es un tributo que se recauda justamente para financiar ese servicio y, en el caso que nos ocupa, es decir, en la nueva regulación de la Ley de Tasas en el ámbito judicial, lo que se busca es la aportación de mayores recursos a la asistencia jurídica gratuita que, tradicionalmente venía financiada mediante subvenciones públicas procedentes del Ministerio de Justicia o de las Comunidades Autónomas que tenían transferidas competencias en este ámbito, gestionadas por los Colegios de Abogados y Procuradores.

Esa “vinculación” (así la llama la Ley de 2012) a la financiación de la asistencia jurídica gratuita, ha sido criticada, con razón, desde distintos sectores de la Administración de Justicia que desaprueban radicalmente que ni un solo euro de lo que se vaya a recaudar ahora se destine, por ejemplo, a aumentar la planta judicial, a mejorar los sistemas informáticos o, en suma, a modernizar la ineficiente organización al servicio de la Justicia.

Es cierto que una de las claves de esta reforma está en el carácter recaudatorio o disuasorio que tiene el aumento de las tasas judiciales. Esto es muy importante porque, evidentemente, el incremento del coste de acudir a los Tribunales puede llegar a disuadir de su propia utilización lo que, pugnaría claramente con el derecho fundamental al que antes nos hemos referido y, además, produciría un efecto inverso al pretendidamente recaudatorio ya que ambos efectos van de la mano.
Con todo, la principal “novedad” de la Ley, dejando a un lado los debates técnicos o dogmáticos, radica en el fortísimo incremento de la cuota tributaria que, en algunos casos, sobrepasa el 100%. 

“En la nueva regulación de la Ley de Tasas en el ámbito judicial, lo que se busca es la aportación de mayores recursos a la asistencia jurídica gratuita”

Así, por ejemplo, la cantidad fija del tributo correspondiente a los recursos de apelación en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo pasa de los 300 euros a los 800 euros y en los recursos de casación, en otra medida que va a hacer todavía más inoperante este recurso extraordinario, se pasa de los 600 euros a los 1.200 euros, manteniéndose la cantidad variable de la tasa, si bien su tope se sube de los 6.000 a los 10.000 euros.

Además, desde el punto de vista de los sujetos pasivos la nueva regulación´extiende el tributo a las personas físicas salvo, lógicamente, aquéllas a quienes se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por otro lado, el ámbito objetivo del tributo se amplía también al orden jurisdiccional social, gravando los recursos de suplicación con una tasa de 500 euros y los de casación con 750 euros, en la parte fija.

Por su parte, con el ánimo de incentivar la utilización de los medios telemáticos de comunicación, se introduce una bonificación del 10% sobre la tasa para quienes utilicen dichos medios en la presentación de los escritos. También está prevista una devolución del 60% del importe de la cuota en los casos en los que se alcance una solución extrajudicial al conflicto, promoviéndose así la mayor utilización de los modos extraordinarios de terminación del proceso y la mediación como modo de resolución de procesos.

En suma, creo que el recurso a la tasa judicial es legítimo y que en el debate que hemos apuntado sobre si la financiación de la Administración de Justicia debe recaer en la totalidad de la ciudadanía, con cargo a sus impuestos, o bien (sólo o en parte) en los usuarios de la Administración de Justicia, tiene todo el sentido que sean los usuarios quienes corran con la mayor parte del coste, sobre todo si tenemos en cuenta el trato cicatero que los Presupuestos Generales del Estado siempre han dado a la Justicia. 

Ahora bien, lo que ya es mucho más discutible es que la recaudación de la tasa se vincule particularmente al sistema de justicia gratuita, máxime cuando las carencias de la organización judicial española en su conjunto son muy notorias, propiciando una respuesta judicial exageradamente lenta y, por ello, muchas veces ineficaz.

En todo caso, llama mucho la atención que el hecho imponible gravado sea el “ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y social” y, por otra parte, se vincule la recaudación obtenida por la tasa al “sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”.

Si el hecho imponible es el que acabamos de indicar y, como se expresa en la Exposición de Motivos, la determinación de la carga tributaria no se hace a partir de la capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio prestado, parece claro que existe algún tipo de confusión conceptual en la mente del legislador porque, con independencia de lo discutible de tales afirmaciones, tampoco existe una idea clara de a cuánto asciende este coste del servicio prestado, máxime cuando en nuestro país las competencias en materia de Justicia no son uniformes entre las distintas Comunidades Autónomas, alguna de las cuáles, como la catalana, ha decidido gravar por su cuenta la prestación de las suyas.

La última palabra, y esperemos que la pronuncie pronto, la tiene el Tribunal Constitucional, aunque sólo para dilucidar la compatibilidad de la nueva regulación con los derechos.