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RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DESC: UNA HERRAMIENTA PARA LA INCIDENCIA...

Autor: Juan Martín Camusso, Miembro fundador de FUNDEPS (Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables)

Solemos escuchar a gobernantes, legisladores y otros actores sociales a nivel nacional, provincial y local hablar de la falta de viviendas y de conflictos por la tierra, pero difícilmente los escuchemos hablar del “derecho humano a la vivienda adecuada”; los oímos hacer referencia al estado de los sistemas de cobertura de salud, pero no al “derecho humano a la salud”; los vemos discutir sobre la pobreza, pero… ¿cuántas veces se refieren a la pobreza como una violación a los derechos humanos? Incluso los propios grupos vulnerables a los que se les desconocen sistemáticamente estos derechos tampoco suelen formular sus reclamos sociales en términos de derechos humanos.
Esta circunstancia puede atribuirse quizás al hecho de que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), a pesar de su reconocimiento a nivel internacional y su incorporación en algunos textos constitucionales, por mucho tiempo fueron considerados como una categoría secundaria de derechos humanos, cuyo incumplimiento podía ser tolerado en función de la disponibilidad de recursos.

Sin embargo, desde hace ya varios años una serie de avances jurisprudenciales y un sector cada vez mayor de la doctrina jurídica constitucional, vienen recordándonos que los DESC son derechos humanos exigibles en pie de igualdad con el resto de los derechos humanos civiles y políticos. Recientemente, la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), reafirmó la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos, fortaleciendo el acceso a la justicia frente a violaciones de los DESC.

En el mismo sentido, resulta de gran relevancia un instrumento que suele tener muy bajo perfil en nuestras sociedades: las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a los Estados parte. La autoridad de estas recomendaciones se basa en el hecho de que este Comité es el órgano de vigilancia encargado de examinar el cumplimiento por parte de los Estados de las disposiciones del PIDESC. Cada cuatro años el Comité responde a los informes recibidos de los países, emitiendo un breve documento en que se identifican los aspectos positivos relacionados a los DESC, los factores que obstaculizan la aplicación del Pacto, los motivos de preocupación y finalmente las recomendaciones a ese Estado.

Ese breve documento es, en definitiva, una agenda en términos de derechos humanos de las problemáticas sociales que el Estado tiene la obligación de atender. Lamentablemente, este trabajo del Comité DESC rara vez despierta interés a nivel nacional y por lo tanto pierde su valor como herramienta para facilitar que la sociedad exija del Estado el cumplimiento de los DESC. En el caso de Argentina, las últimas recomendaciones hechas por el Comité DESC en diciembre de 2011 hacen hincapié en el incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la vivienda adecuada y la falta de acceso a estadísticas confiables, entre otras observaciones y motivos de preocupación. Sin embargo, la presentación de dicho documento pasó totalmente desapercibida y dos años después nadie parece preocupado en su seguimiento.

Esto no significa que las temáticas sobre las que recaen las recomendaciones del Comité DESC no sean relevantes para la sociedad argentina. Por el contrario, en el mismo sentido que planteamos al comienzo, si analizamos los titulares de cualquier diario o portal de noticias local, casi con seguridad hallaremos notas relacionadas a problemas de vivienda, desalojos forzosos, dificultades en el acceso a la salud, conflictos por proyectos mineros o agroindustriales en territorios indígenas o campesinos, etc. Sin embargo, también con seguridad, serán muy pocas las noticias que hagan referencia a esas situaciones en términos de derechos humanos.

Aquí radica quizás parte del problema pero a su vez una posible contribución a su solución: aunque el Comité se los exija expresamente, los gobiernos no son proactivos en dar difusión a sus propios informes ni a las observaciones finales del Comité. En consecuencia, una herramienta potencialmente poderosa para respaldar los reclamos y reivindicaciones de organizaciones sociales de base, indígenas, campesinos y otros grupos vulnerables, queda finalmente limitada al conocimiento por parte de reducidos espacios de académicos y ONGs especializadas.

Se abre en este punto un amplio espacio para el trabajo de ONGs comprometidas con la plena vigencia de los DESC: difundir las recomendaciones del Comité DESC y empoderar a organizaciones de base para su utilización como herramienta de incidencia frente al Estado. Las ONGs no deberían limitar su accionar a la elaboración de informes alternativos a los informes presentados por los Estados ante el Comité, sino también involucrarse en acciones de difusión y monitoreo de las recomendaciones. Ese es precisamente el objetivo de FUNDEPS en el marco de su programa de derechos humanos, que luego de participar en la elaboración de un informe alternativo en 2011, actualmente lleva a cabo un proyecto de mapeo para difundir y promover acciones de incidencia a partir de las recomendaciones del Comité DESC.

Esa difusión debería alcanzar a todos los actores sociales involucrados en el cumplimiento de los DESC. Por un lado, las recomendaciones del Comité DESC deben estar en manos de las organizaciones de base y grupos vulnerables, como un modo de fortalecer sus reclamos y reivindicaciones gracias al lenguaje de los derechos humanos y al respaldo de un organismo internacional. Por otro lado, las recomendaciones del Comité DESC deben entenderse como dirigidas a todos los poderes y niveles de gobernanza del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial en los niveles nacional, provincial y local.

Estos últimos niveles de gobernanza rara vez se sienten comprometidos por las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, aunque son muchas veces sus propios agentes los autores de las violaciones a los derechos humanos. En materia de DESC esta afirmación cobra aún mayor relevancia, dado que uno de los modos más habituales de violar esos derechos es a través de la omisión de políticas públicas diseñadas o instrumentadas por los gobiernos provinciales y locales. Es por ello que resulta esencial que la difusión de las recomendaciones del Comité DESC y la consecuente incidencia que se realice a partir de ellas, se dirija a esos niveles de gobernanza del Estado y no solamente al nivel nacional.

Podemos finalmente concluir que los avances a nivel doctrinario, jurisprudencial y la reciente entrada en vigor del Protocolo Facultativo nos permiten ser optimistas con respecto a un futuro en el cual tanto tribunales locales como instancias internacionales logren ser más activos frente a las violaciones sistemáticas a los DESC. Sin embargo, nuestro entusiasmo no debe llevarnos a creer que la judicialización logre por sí sola promover el cumplimiento de estos derechos por parte de los Estados. Existen otros mecanismos, como la incidencia a partir de las recomendaciones del Comité DESC, que pueden utilizarse de manera conjunta con la judicialización o incluso antes de llegar a ese punto, y es allí donde la sociedad civil también debe concentrar sus esfuerzos. Sólo cuando la sociedad en su conjunto asuma como derechos humanos exigibles a los DESC, podremos ver verdaderos cambios estructurales que mejoren las condiciones de vida de los grupos más vulnerables.