Facebook Twitter LinkedIn Google Plus

CONFLICTO ENTRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN Y LA PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS EN LA ERA DIGITAL...

Autora: María Álvarez Caro

En el campo de los derechos fundamentales, de sobra es conocido el conflicto entre la libertad de expresión e información, recogida en el artículo 20 de nuestra Constitución de 1978 (CE) y el derecho a la intimidad (artículo 18 CE) o a la protección de datos de carácter personal. Este último un derecho, el derecho a la protección de datos, que deriva del artículo 18.4 CE en conexión con el artículo 10 CE. El propio Tribunal Constitucional español lo ha considerado como autónomo e independiente en sentencia de 30 de noviembre de 2000 (STC 292/2000, de 30 de noviembre).

“No hay ningún derecho fundamental que tenga carácter absoluto, pues todos ellos, por su propia naturaleza y condición, están sujetos a límites, precisamente para garantizar otros derechos asimismo fundamentales” 

Como sabemos, no hay ningún derecho fundamental que tenga carácter absoluto, pues todos ellos, por su propia naturaleza y condición, están sujetos a límites, precisamente para garantizar otros derechos asimismo fundamentales. Es decir, los conflictos que pueden suscitarse en la práctica entre el derecho a la libertad de información y expresión y el derecho a la privacidad han de solucionarse a través de un ejercicio de equilibrio, de ponderación de los intereses en juego o un balancing test en su denominación en inglés.

El reciente fenómeno de Internet, que sin duda, ha irrumpido con fuerza, ha supuesto una transformación de la sociedad en distintos órdenes y, como no, en el Derecho. En este sentido, se han venido y se irán incorporando cambios derivados de la aparición de Internet, de las redes sociales como fenómeno de masas y, en general, del surgimiento con fuerza de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Por todo ello, en el siglo XXI, en la Era digital, la convivencia entre el derecho a la información y libertad de expresión y el derecho a la privacidad y protección de datos de carácter personal, y las vías para solucionar un posible conflicto, han de adaptarse al fenómeno digital. Internet y, más en concreto, la web 2.0, se caracteriza por la inmediatez, la interlocución y creación de contenido en tiempo real, y la accesibilidad universal. Como destaca Lawrence Lessig, destacado experto en Derecho informático, profesor de Derecho de la Universidad de Harvard y creador de la iniciativa Creative commons, “el Derecho siempre camina por detrás de las nuevas tecnologías”. Sin embargo, en la medida de lo posible debemos intentar que el Derecho camine en paralelo a los avances tecnológicos.

Sin duda, la libertad de expresión es una libertad esencial, con gran trascendencia social y política y es la base necesaria para que toda sociedad democrática avanzada pueda considerarse tal. En EE.UU, a la libertad de expresión (free speech en su denominación en inglés), recogida en la Primera Enmienda a la Constitución de los EE.UU de 1776, se la ha venido dando tradicionalmente una clara primacía frente otros derechos con los que pueda entrar en conflicto. Europa, sin embargo, tiene una legislación más estricta en lo que respecta a la protección de datos de carácter personal. En concreto, España, es una de las legislaciones más protectoras en esta materia. No obstante, la Administración Obama ha venido dando pasos importantes para la protección de la privacidad como es la Consumer Privacy Bill of Rights de 2012. Conscientes de las diferencias entre el modelo europeo y el estadounidense, en la medida en que el mercado es global, es conveniente que allí donde sea posible exista un enfoque o approach global.

La Comisión Europea lleva unos años inmersa en un proceso de revisión de su normativa de protección de datos, precisamente para adaptarla al fenómeno de las nuevas tecnologías. No podemos olvidarnos que la Directiva 95/46/CE data de una fecha en la que el acceso y uso de Internet no era ni mucho menos universal. El pasado 25 de enero de 2012, la Comisión Europea adoptó la Propuesta de Reglamento Europeo de Protección de Datos con el fin de adaptar la normativa de protección de datos a la realidad económica y social. Previsiblemente, el Parlamento Europeo habrá emitido su opinión antes de las elecciones del mes de mayo de 2014 y se prevé que el Reglamento entre en vigor en 2015-2016. Este Reglamento, que como tal es de aplicación directa en todos los Estados miembros de la UE sin necesidad de normativa interna de trasposición, contempla en su artículo 17 el denominado derecho al olvido o right to be forgotten en su denominación en inglés. Este futuro derecho ha venido generando cierta polémica precisamente por su conflicto con la libertad de expresión.

El derecho al olvido digital consistiría en el derecho que ampararía a todo ciudadano para pedir el borrado de sus datos personales en la Red cuando los fines que motivaron la difusión de dichos datos ya no existen y, por tanto, no existe una legitimidad actual vigente para la difusión de esos datos, unos datos que el titular de los mismos puede considerar que le perjudican de manera objetiva. Este futuro derecho ha tenido fuertes detractores a la vez que muchos defensores del mismo (a título de ejemplo, Victor Mayer-Schönberger, en su obra Delete: the virtue of forgetting in the digital age, 2009, defiende el derecho al olvido de forma vehemente. Como ejemplo de la postura contraria, podríamos mencionar a Peter Fleischer, director mundial de privacidad de Google, quien vincula el derecho al olvido con la censura y el falseamiento de la historia).

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha venido recibiendo numerosas peticiones de ciudadanos que exigen el borrado de sus datos en páginas web o buscadores, incremento de reclamaciones en esta materia que viene reflejado en la última Memoria del organismo. En un significativo caso que enfrenta a Google y a la AEPD, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió su dictamen el pasado mes de junio, considerando que Google no es responsable del contenido publicado en su buscador sino la web que aloja la información. Sin embargo, y como un punto muy interesante a destacar, el abogado general estimó que Google sí estaba sometido a la Directiva 95/46/CE al tener un establecimiento en territorio de la UE a efectos de la aplicación de la citada Directiva.

En una sociedad democrática avanzada todos estos derechos, tanto la privacidad como la libertad de expresión e información deben ser respetados, pues todos ellos, son parte esencial y valores o requisitos sine qua non en una sociedad democrática avanzada. Por ello, la clave para la viabilidad de un derecho al olvido es acertar a la hora de perfilar y configurar los necesarios límites que éste debe tener para asegurar, entre otros derechos o valores, la libertad de expresión e información. Tampoco podemos olvidarnos aquí de los intereses de la industria de la economía digital y que si al final a las empresas se les imponen demasiadas exigencias en materia de privacidad, se puede comprometer la supervivencia de las mismas o puede provocar que los inversores se busquen otros territorios que no sean tan estrictos en esta materia. Por ello, una vez más, el punto de equilibrio es lo que tenemos que buscar a la hora de solucionar los conflictos entre derechos fundamentales, en este caso, entre el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión e información.