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CORPORATE GOVERNANCE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA...

Autor: José Miguel Embid Irujo

Si todas las reformas legislativas que afectan a la organización de las sociedades mercantiles tienen indudable relieve en el ámbito de la RSC, mayor protagonismo consiguen aquellas que se ocupan directamente del gobierno corporativo. Así sucede en España con la reciente Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se reforma la Ley de Sociedades de Capital “para la mejora del gobierno corporativo”. Se trata de un texto de la mayor importancia en el que el legislador español modifica numerosos aspectos de la regulación vigente hasta el momento de estos importantes operadores económicos, contemplando con especial intensidad el régimen de los administradores sociales, de un lado, y la ordenación sustantiva de las sociedades cotizadas, de otro. A https://www.youtube.com/watch?v=SEPrULuvuco mbos aspectos, más general el primero, más circunscrito el segundo, se encuentran, no obstante, íntimamente relacionados y bien puede decirse que alrededor de ellos se ha fraguado el concepto y las implicaciones del Corporate Governance, así como la amplia reflexión que, desde hace tiempo, distingue al sector de la RSC. 

“Parecen haber quedado atrás los tiempos en que el gobierno corporativo había de limitarse a conseguir la <creación de valor para el accionista>”

No es objeto de este comentario el análisis detenido de la Ley 31/2014, aunque más adelante se hará alguna alusión a aspectos centrales de su contenido. Debe señalarse, con todo, que dicha ley es relevante no sólo por su específica regulación sino por reflejar una precisa voluntad de combatir, a través del Derecho de sociedades, algunos de los efectos más nocivos que ha traído consigo la presente crisis económica, provenientes, según nos dice el propio legislador, de una visión desajustada, en el pasado, de lo que habría de ser el “buen” gobierno corporativo. Desde luego, su promulgación pone de manifiesto la importancia adquirida en la ordenación y gestión de las sociedades de ese amplio elenco de materias que se agrupan bajo la denominación, no muy precisa, de “gobierno corporativo”. Pero, al mismo tiempo, la intensidad del impulso reformista no está exenta de consecuencias para la RSC, permitiendo, por ello mismo, vincular esta temática con las circunstancias propias del Corporate Governance. Ello se debe a que a la inicial incomunicación de ambas esferas, como si de mundos independientes se tratara, ha sucedido, según creemos, una visión más realista de la RSC, al tiempo que se han ampliado el contenido y los perfiles del gobierno corporativo, de manera que lo que pase en uno de ellos repercute de inmediato en el otro. Si se nos apura, incluso, podría decirse que la evolución de las circunstancias ha supuesto la primacía de este último sobre nuestra materia, no de un modo jerárquico, propiamente dicho, sino en el sentido de  convertirse en “centro organizador” de los objetivos y finalidades de la sociedad mercantil, en cuanto persona jurídica y operador económico en el mercado. 

De este modo, si la gestión de una sociedad de semejante naturaleza ha de basarse en propósitos de sostenibilidad, tanto como de rentabilidad, según es común afirmar en nuestros días, resulta indiscutible la incidencia inmediata que tal planteamiento ha de suponer para la RSC. Parecen haber quedado atrás los tiempos en que el gobierno corporativo había de limitarse a conseguir la “creación de valor para el accionista”, habiéndose instalado en su contenido un propósito de duración y de equilibrio, no sólo en el ámbito estricto de la sociedad gestionada, sino respecto del contexto, de mayor o menor amplitud, en que dicho operador económico se inserta. Por tal motivo, ha de valorarse positivamente el detalle con el que se abordan en la Ley 31/2014, algunos aspectos que, siendo esenciales desde la perspectiva del gobierno corporativo, también lo son, y de qué modo, para la RSC. Quizá el caso de la retribución de los administradores sea uno de los más relevantes y han de leerse con cuidado, por tal motivo, los numerosos y detallados preceptos dedicados a tal cuestión. Aunque ese tratamiento legislativo no haya llegado, todavía, a los niveles de rigor requeridos, sí merece la pena destacar los criterios que, a modo de grandes principios, enuncia el legislador en dicha norma y que han pasado a situarse en el art. 217, 4º de la Ley de Sociedades de Capital. En tal sentido, “la remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables”. 

Es bien cierto, y lo sabemos desde la época del pretor romano, que una ley, aun con los mejores propósitos, no es nada sin su aplicación y en la materia que ahora nos ocupa importa en grado sumo conseguir la mejor operatividad de los principios reseñados. Para ello resultará determinante, claro está, el propio comportamiento de las sociedades mercantiles –con especial relieve en el caso de las sociedades cotizadas-, pues es a tales personas jurídicas a quienes compete concretar de manera nítida en la realidad corporativa el significado, por definición amplio y genérico, que la formulación abstracta de dichos criterios inevitablemente trae consigo. Ese proceso de concreción, en el que los socios han de jugar un papel relevante, no ha de verse, sin embargo, como un asunto estrictamente económico resultado de una relación bilateral entre sociedad y administradores; está en juego, por supuesto, la continuidad y la persistencia de la entidad, pero también su imagen en el mercado y su reputación, quizá el intangible más valioso de un operador económico. De la necesaria comunicación entre gobierno corporativo –aquí centrado ahora en la retribución de los administradores- y RSC pueden derivarse efectos sumamente positivos que contribuyan a realzar y prestigiar la “marca” de la sociedad, con benéficas consecuencias para terceros.