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EL 8 DE MAYO DE 2013 ESTABA DESTINADO A SER UN DÍA HISTÓRICO...

Autor: Máximo Castex

La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría había fijado ese día para el comienzo de las primeras doce declaraciones testimoniales de ciudadanos españoles, a través del sistema de video-conferencias, en el marco de la causa penal seguida en la República Argentina, en la cual se investigan los crímenes cometidos durante la guerra civil española y la posterior dictadura del régimen franquista, a través del principio de jurisdicción universal.

“El Tratado está destinado a favorecer la asistencia mutua en todos aquellos supuestos en que sea necesaria la práctica de medidas por parte del país requerido”

Las víctimas del franquismo iban a ser escuchadas por primera vez en su vida. Sin embargo, el gobierno español intervino, en el último momento, para impedirlas.

Para ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español envío una nota a la embajada Argentina en Madrid advirtiendo que cabía recordar que para poder llevar a cabo diligencias de naturaleza jurisdiccional las mismas debían ser gestionadas mediante una Comisión Rogatoria dirigida a dicho Ministerio porque así lo impone, en sus arts. 30 y 41, el Tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal suscrito el 3 de marzo de 1987 entre Argentina y España y, agregaba, que así había sido con respecto a diligencias similares practicadas con anterioridad.

Ahora bien, veamos qué dice el Tratado bilateral.

El Tratado está destinado a favorecer la asistencia mutua en todos aquellos supuestos en que sea necesaria la práctica de medidas por parte del país requerido. Así se desprende claramente de los artículos antes citados y de su totalidad.

Sin embargo, no se precisa de la asistencia cuando las diligencias pueden ser realizadas por los tribunales del país que ejerce la jurisdicción a través de sus legaciones diplomáticas. Si, en casos como el presente, los testigos citados se negaran a declarar, sería evidentemente necesario tramitar una comisión rogatoria para que por parte de las autoridades judiciales del país requerido se les convoque para que efectúen su declaración. No lo es, naturalmente, cuando los testigos se someten voluntariamente a una jurisdicción, en este caso de un país extranjero, ya sea viajando al mismo o prestando su testimonio desde la embajada o el consulado de dicho país. Las videoconferencias tienen precisamente por objeto evitar el oneroso desplazamiento que implica el traslado de un país a otro.

Deslindada esta evidente y elemental cuestión hagamos un poco de breve historia.

Desde el consulado argentino en Madrid, situado en el mismo edificio que la embajada, se realizan en forma periódica videoconferencias en las que declaran víctimas y testigos en las causas que instruyen los jueces argentinos contra los responsables de la última dictadura argentina y los de las dictaduras latinoamericanas. Nunca el Ministerio de Relaciones Exteriores español tuvo la ocurrencia de invocar el tratado para impedir su concreción. Esto lo sabe naturalmente el Ministro de Relaciones Exteriores de España, como sabe también que la embajada argentina es territorio argentino. El supuesto es idéntico, aunque parece aceptar una diferencia: cuando, como en este caso, se trata de investigar los crímenes del franquismo.

Es conocido que, desde que se inició la causa, la jueza Servini de Cubría libró dos comisiones rogatorias. La primera a efectos de que se le informara acerca de las investigaciones que se estaban realizando en España en relación con estos crímenes. Como era de esperar la Fiscalía General del Estado contestó, muchísimos meses después, que existían investigaciones por doquier y de paso que, debido a ello, no era competente la jurisdicción argentina. La segunda requiriendo a las autoridades españolas para que le transmitieran una larga e importante serie de informaciones, entre ellas la identificación precisa y fe de vida de múltiples responsables de los crímenes cometidos. La Fiscalía esta vez fue más allá. No sólo dejó de contestar a todas y cada una de las peticiones, sino que reiteró, como si nada se le hubiera pedido, que todo se estaba investigando, que Argentina no era país competente y, con inigualable hipocresía, que invitaba a la jueza argentina a remitir sus actuaciones a España para incorporarlas a las causas en curso.

Ello ocurrió cuando ya, en febrero de 2012, el célebre Tribunal Supremo Español había resuelto que nada se podía investigar porque, entre otros insólitos razonamientos, los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo no eran tales en el momento que se cometieron.

Es evidente que el Ministerio de Relaciones Exteriores Español pretende lo mismo con las videoconferencias: que se requiera de su autorización para realizarlas y responder, varios meses después, que no las consiente porque, una vez más, la jurisdicción argentina no tiene competencia.
Como he señalado, el argumento esgrimido es que debía actuarse de conformidad con el Tratado porque, en caso contrario, los testimonios podrían ser anulados y afectar los derechos de los ciudadanos españoles. De los declarantes se entiende.

Sería risible, si no fuera trágico y burlesco. El gobierno español preocupado porque las víctimas del franquismo no vean afectados sus derechos.

Las víctimas están intentando declarar y que se les haga justicia.

Se les ha impedido -naturalmente- durante la dictadura y se les impide insólitamente en democracia.
Ha ocurrido otra vez más, otra vez con malas artes. Se las re-victimiza impidiéndoles ejercer sus elementales y fundamentales derechos con la inocultable intención de que desistan.

Vano propósito. No pararán a las víctimas, ni detendrán la investigación. Unas y otra gozan de excelente salud.

Ejemplo de ello es la declaración testimonial brindada en la causa por el Sr. Baltasar Garzón Real el día 27 de Mayo del corriente año, quien, entre otras cosas, manifestó: “…este Juzgado es el último reducto judicial que les queda a las víctimas del franquismo para ser reparados, porque a diferencia de lo que ocurrió en Argentina con las víctimas de la dictadura, que están siendo resarcidas, ello resulta imposible en España. De ahí la importancia trascendental de esta investigación” (sic).

Como consecuencia de dicha declaración testimonial, la jueza argentina anticipó su decisión de fijar nuevas fechas para las videoconferencias, que se realizarían durante el mes de junio del corriente año.

Pronto las víctimas serán oídas y, con posterioridad, podrán ser llamados por la justicia los que tan inmenso daño produjeron a la humanidad.

No podrán evitarlo, las víctimas acabarán con la impunidad del franquismo.

Y ese día será histórico.