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EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA: LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO Y CONTRA LA CORRUPCIÓN...

Autor: Francisco Bonatti

Narcotráfico y crimen organizado: El origen de la lucha criminal contra el blanqueo de capitales lo encontramos en la lucha que se inicia a partir de los años ochenta contra las grandes organizaciones criminales del tráfico de drogas, principalmente impulsadas por EEUU y que llevaron a suscribir la Convención de la Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1988, que impone a los Estados firmantes la obligación de introducir en su ordenamiento penal un delito específico de blanqueo de capitales. Así ocurrió en el ordenamiento español, por ejemplo, con la introducción de los Art. 546.bis.f), 344.bis.H) y 344.bis.i) en el ya derogado Código Penal de 1973

A principios de los años 90 la Convención del Consejo de Europa extiende la tipificación del blanqueo a otros delitos más allá del narcotráfico, para impedir la impunidad del lavado de fondos procedentes de otras modalidades de crimen organizado. Ya en la Directiva 91/308/CE se pone de manifiesto la preocupación de los Estados de la UE por la debilidad del sistema financiero frente a las grandes organizaciones de blanqueo de capitales que están surgiendo al albur de la liberalización del mercado y las nuevas tecnologías.

Terrorismo: El impacto mundial del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, y la evidencia de un terrorismo internacional absolutamente novedoso, personalizado en Al Qaeda, con unos sistemas de financiación y movimiento de capitales absolutamente insertos y camuflados en el interior del mercado financiero mundial, supusieron una nueva vuelta de tuerca en la legislación penal anti blanqueo, con una abundante legislación comunitaria de trasposición a los Estados Miembros.

Corrupción política: Tampoco es ajeno a todo ello la lucha mundial contra la corrupción política que tiene uno de sus máximos exponentes en la Convención de 21 de noviembre de 1.997 para combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, que exige la implementación de medidas penales contra el blanqueo de los frutos del cohecho.

EL ABOGADO COMO SUJETO PASIVO DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO

El resultado de todo ello es una legislación penal nacional e internacional que sitúa al abogado en el centro de la lucha contra el blanqueo de capitales ya que – en la medida en que realiza funciones distintas de las estrictamente derivadas de la defensa ante los Tribunales- lo considera un proveedor de servicios que adquiere la condición de agente o intermediario y se halla sujeto a las mismas obligaciones que el resto de intervinientes en cualquier cadena de producción susceptible de ser utilizada para el blanqueo de capitales.

Es innegable, en este sentido, que los despachos de abogados se han convertido en piezas fundamentales del desarrollo de los mercados y que en muchas ocasiones son verdaderos socios estratégicos de sus clientes, lo que en contrapartida los ha situado en el centro de tramas y operaciones de dudosa legalidad, que en algunas ocasiones no afrontan con el necesario sentido ético.

LOS DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL ORDENAMENTO ESPAÑOL

La configuración del delito de blanqueo de capitales en el Código Penal Español es muy extensiva ya que describe una conducta típica que no sólo incluye a quien “adquiera”, “convierta” o “transmita” bienes sino también a quien los “posea” o “utilice”, en un tipo penal que se asemeja al del delito de tráfico de drogas por su omnicomprensividad de conductas.

Además, en la reforma penal de 2010 se sustituye el concepto de bienes procedentes del “delito” por el de bienes procedentes de la “actividad delictiva”, introduciendo también la figura del “autoblanqueo” y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Es fácilmente comprensible que ante una legislación tan extensiva las actitudes de los abogados deben ser muy vigilantes, ya que los riesgos de incurrir en actividad ilícita son – en algunos sectores, como el financiero o el patrimonial- elevadísimos.

Es ineludible hacer una breve mención a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales en cuanto configura la obligación de establecer un Manual de Políticas de Prevención de Blanqueo para los abogados que se dedican a actividades distintas de la defensa ante los Tribunales.

Y es importante porque la correcta y debida aplicación de estas políticas exime de cualquier responsabilidad penal a los bufetes, en la medida en que les deben permitir detectar operaciones, bienes y sujetos sospechosos de intervenir en cadenas de blanqueo, facilitando que se abstengan de participar en dichas operaciones.

EL DELITO DOLOSO

Es el que se produce cuando el abogado o bufete interviene de forma consciente y voluntaria en una operación de blanqueo de capitales.

Las penas que se imponen van desde los seis meses a los seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes, fijándose tipos agravados cuando se blanquean bienes que provienen del narcotráfico, la corrupción administrativa o urbanística o cuando el abogado forma parte de una organización criminal.

EL DELITO IMPRUDENTE

Es, posiblemente, la figura de mayor riesgo potencial para abogados y bufetes por su facilidad de comisión y a veces por la ignorancia de su existencia.

Debemos partir del hecho que es un tipo penal que se aplica a los abogados en cuanto según la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales deben aplicar Planes de Prevención y Medidas de Diligencia debida, de modo que si realizan alguno de los actos de blanqueo previstos para el tipo doloso por falta de aplicación de dichas medidas serán sancionados con penas de prisión que van de los seis meses a los dos años y multas del tanto al triplo del valor de los bienes.

En el fondo, no deja de ser también una vía para sancionar penalmente aquellos supuestos en que la prueba de cargo no resulta suficiente para aplicar el tipo doloso, a pesar de haber fundadas sospechas que el abogado o bufete ha participado activamente en la trama de blanqueo.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS BUFETES Y SOCIEDADES DE ABOGADOS

Terminar por último indicando que el Código Penal Español sanciona penalmente a las Sociedades Profesionales de Abogados que incurran en delitos de blanqueo como política de despacho o porque los cometa alguno o algunos de sus abogados siempre que en este caso beneficie a la firma.
Si añadimos que la lucha contra los delitos de corrupción establece la misma previsión, veremos que es absolutamente imprescindible que las firmas de abogados implementen programas efectivos de prevención de riesgos penales (Compliance) y de lucha contra el blanqueo y la corrupción, si no quieren verse envueltos en situaciones que pueden acabar suponiendo su desaparición, además de graves penas de cárcel para sus responsables.