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DERECHO A LA VIDA DEL NASCITURUS...

Loreto Frutos, Miembro de la Junta Directiva de Jóvenes Abogados en Movimiento (JAM), encargada de la Secretaría de Movilización Social

Analizar si el concebido no nacido tiene o no derecho a la vida, obliga a recurrir a las normas del Derecho positivo de nuestro ordenamiento. Así, la norma fundamental, la Constitución Española, establece en su artículo 15 que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (…)”. Desde una perspectiva jurídico-civil, es el nacimiento el factor determinante de la personalidad, teniendo al concebido por nacido a todos los efectos que le sean favorables- artículo 29 CC-.

“El derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales de la persona consagrado en nuestra Constitución, garantizado a todo el que vive, extendiéndose siempre y en todo momento al nasciturus”

Para alcanzar una argumentación jurídica razonable de si el concebido no nacido goza del derecho a la vida hay que partir de la realidad de que el nasciturus, desde el momento de la gestación, es un tertium independiente de la madre, esto es, es un ser que, pese a permanecer aún alojado en el seno materno, lo es por sí mismo.

El derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales de la persona consagrado en nuestra Constitución, garantizado a todo el que vive, extendiéndose siempre y en todo momento al nasciturus. Al considerarse un derecho fundamental – inherente, inviolable, irrenunciable, inalienable e imprescriptible a todo ser humano-, debe gozar de toda la protección y garantías de la que disfrutan el resto, sin excepción alguna.

Además del derecho a la vida, nuestro Ordenamiento jurídico reconoce al concebido no nacido un status y unos derechos con efectos jurídico civiles. Se le atribuye una protección genérica que abarca todos los efectos patrimoniales que le sean favorables, ya desde antes de su nacimiento. El Derecho positivo otorga al concebido no nacido una capacidad jurídica condicionada al momento de su nacimiento, con los requisitos legales establecidos en el Código Civil - artículo 30 -, retrotrayendo al momento de la concepción la validez de todos los efectos jurídicos favorables al recién nacido.

Esta postura engloba la teoría de la situación de pendencia que, como ya he indicado anteriormente, considera que al concebido no se le otorga personalidad jurídica, sino que ésta se adquiere con el nacimiento. Sin embargo, es durante esa situación de pendencia y, hasta que se produzca el nacimiento, cuando jurídicamente se tiene al nasciturus por nacido a todos los efectos que le sean favorables; entendiendo por favorable todo aquello que comporte una adquisición de derechos, facultades e intereses legítimos. Al concebido no nacido no se le otorgan, en cambio, los deberes, obligaciones, cargas o sujeciones.

Los derechos que se atribuyen al nasciturus son de carácter patrimonial, reconociéndole, entre otros, la posibilidad de tener la condición de donatario, la capacidad para ser heredero –sin olvidar que también puede ser legatario-, la posibilidad de crear un patrimonio autónomo a su favor, y la de recibir una transmisión patrimonial – a través de su representante legal-.

Así, el reconocimiento de la personalidad jurídica desde el momento de la concepción, significa la atribución directa del derecho a la vida reconocido en el art. 15 de la CE, como un derecho subjetivo y con plenitud de efectos a partir de aquel momento.

Uno de los grandes problemas que se derivan del reconocimiento o no del derecho a la vida del nasciturus, es el de si se debe establecer por el Estado un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva, incluyendo la tipificación de toda conducta que atente contra dicho bien jurídico, como es la interrupción voluntaria del embarazo –aborto-.

A todas luces, parece más que evidente que las posiciones que se enfrentan en la problemática del aborto se dividen en dos: la postura antiabortista y la postura proabortista.

La primera postura se fundamenta en que el derecho a la vida se garantiza a todo individuo que posea vida, extendiendo este derecho, también, al concebido no nacido. Estas posturas suelen identificar el origen de la vida desde el mismo momento de la concepción.

Por otro lado, los que defienden la postura pro-abortista, arguyen que el concebido no nacido no goza aún de vida, no es considerado persona hasta su nacimiento, trivializando la vida humana y anteponiendo a ella otras cuestiones objetivamente menos relevantes, como es el derecho a la integridad física y moral de la madre –derecho de decidir sobre su propio cuerpo-. Se otorga aquí a la mujer una autonomía universal en la decisión de abortar, pudiendo así disponer libremente de la vida de un tercero protegido históricamente por el Derecho; abanderando el aborto libre como si fuera un derecho intrínseco a las libertades personales.

Este conflicto de derechos al que nos llevan ambas posturas, y existiendo, como he argumentado anteriormente, la capacidad jurídica que le otorga el mismo Código Civil, no sería propio de un Estado de Derecho el dejar desprotegido al niño no nacido. La protección del derecho a la vida del concebido no nacido no puede fundamentarse en los derechos y circunstancias personales de la madre, ya que se estaría excluyendo la protección que garantiza el Estado, convirtiendo a la madre en depositaria de de unos derechos de naturaleza constitucional de los que no puede disponer legalmente.

En la medida en que el Derecho Positivo reconoce capacidad jurídica –aunque condicional- al concebido no nacido, parece absurdo e incongruente no reconocerle el mayor de todos los derechos: el derecho a la vida, punto de arranque para la existencia y especificación de todos los demás derechos.

El derecho a la vida debe estar siempre por encima de cualquier disquisición, por ello, es necesaria y exigible la imposición de normas penales para la protección del mismo. El mero hecho de su consagración en la Constitución debería bastar, dada la supremacía de esta norma sobre las demás leyes de nuestro Ordenamiento jurídico, para que no exista fundamento legal alguno que permita a la madre atentar voluntariamente contra la vida del concebido no nacido, contra la vida del nasciturus.