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EL DERECHO AL AGUA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL...

Autor: Laura Fähndrich

Hace pocos días celebramos el Día Mundial del Agua (22 de marzo) y con él viene la reflexión sobre el derecho humano al agua y a los derechos humanos en general. Aprovechando esta efeméride quería reflexionar sobre el derecho al agua, los derechos humanos y cómo se relacionan con las actividades del sector privado y la responsabilidad social empresarial (RSE). 

El derecho al agua es uno de los más recientes, ya que fue reconocido como un derecho humano el 28 de julio del 2010 por la resolución 64/292 de la Naciones Unidas. Según UNICEF, en los últimos años cerca de 2.300 millones de personas consiguieron acceder al agua potable a través de mecanismos modernos, lo cual permitió que se cumpliera el Objetivo de Desarrollo del Milenio fijado por la ONU para el 2015 en el 2010, esto es, cinco años antes de lo inicialmente programado. Sin embargo, hoy en día todavía hay 750 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. Y ese sólo es uno de los derechos humanos más fundamentales. Todavía queda mucho por hacer. 

Casi siempre, cuando pensamos en una mejora en el acceso al agua potable o el respeto a los derechos humanos, pensamos en el trabajo de las organizaciones internacionales, las ONGs y los gobiernos. No obstante, algunas empresas privadas también están contribuyendo a hacer respetar los derechos humanos y a dar acceso al agua potable a las comunidades próximas a sus operaciones. 

Cabe recordar que los derechos humanos son importantes para cualquier actividad empresarial ya que están vinculados a los aspectos económicos, sociales y ambientales de la actividad empresarial. Por ejemplo, los derechos laborales que garantizan que las compañías paguen salarios justos atañen al aspecto económico y el derecho a la no discriminación está ligado al aspecto social de la actividad corporativa. Por eso, aunque en general se espera que sea la sociedad civil o los gobiernos nacionales los garantes de los derechos humanos, cada vez se exige más a las empresas que tengan un rol activo en este ámbito. Los programas de RSE generados por las entidades del sector privado tanto pueden responder a un genuino interés por el valioso recurso que es el agua, por los derechos humanos y el medio ambiente y por su respeto como a una preocupación menos altruista cuya meta es reducir riesgos y garantizar la legitimidad para seguir operando en un determinado lugar. 

Las más de 10.000 compañías que forman parte del Pacto Global de las Naciones Unidas, se han comprometido a respetar diez principios universales relacionados con los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y anticorrupción. Estas empresas, a menudo no consiguen respetar los 10 principios al 100% desde el primer día, pero se comprometen a realizar avances en la implementación de los mismos cada año y a documentarlo en un “informe de progreso”. No es ideal, pero denota una voluntad y un compromiso creciente del sector privado. 

Algunas empresas, como las 200 pertenecientes al World Business Council for Sustainable Development y a su iniciativa “Water for Business”, han reconocido que es necesario mejorar el manejo del agua y han desarrollado una serie de herramientas para que las empresas puedan satisfacer al mayor número de necesidades de los grupos de interés que les rodean. Varias compañías se han dado cuenta que para ser un buen “ciudadano corporativo” deben respetar los derechos humanos (incluyendo el derecho al agua) de los que están en su entorno y que pueden verse afectados directa o indirectamente por sus actividades. Otras, han cedido y han adoptado comportamientos socialmente responsables tras haber sufrido presiones por parte de sus inversores o consumidores y han puesto en marcha programas de RSE y políticas específicas para garantizar el derecho al agua. Ese fue el caso de ExxonMobil e Intel cuando sus accionistas les exigieron que adoptaran políticas relacionadas con el agua mostrando su respeto y compromiso a este derecho humano. 

Al mismo tiempo, hay un número significativo de compañías que diseñan sus programas de RSE con el objetivo de asegurar su licencia para operar y no por estar concienciados por la preservación del agua o del medioambiente. Un informe de Ceres y del Pacific Institute, previo a la resolución 64/292 de la ONU, sobre los riesgos de la escasez del agua y el cambio climático para los inversores y las empresas, indicaba que son las empresas vinculadas a la industria petrolera, química y alimenticia las que tienden a ser objeto de demandas vinculadas al uso del agua y acciones de los movimientos de protesta. Esto impulsa a algunas compañías de esos sectores a tomar medidas ”preventivas”, a través de programas de RSE para evitar el riesgo de que se paralicen sus operaciones. Pero a veces estas acciones proactivas no son suficientes, como constataron Pepsico y Coca-Cola que tuvieron que lidiar con varias demandas en la India ya que las comunidades aledañas a sus plantas les acusaban de agravar la escasez de agua y de contribuir a la contaminación de esta. En algunas ocasiones el descontento y la oposición es tal que la empresa tiene que ceder y las políticas de RSE no bastan. En 2014, por ejemplo, Coca-Cola decidió abandonar un proyecto de 25 millones de dólares en la India por las fuertes protestas que suscitó el proyecto de una nueva planta. 

También existen empresas que, para evitar llegar a estos extremos, se han auto-impuesto, de forma voluntaria códigos de conducta como parte de su plan de responsabilidad social. Estos códigos de conducta son una suerte de guía que quiere formalizar el comportamiento de la empresa en diferentes contextos, con referencias a los principales derechos humanos y a la conservación del medioambiente. Contrastando con la buena disposición de estas compañías, desgraciadamente, existen otras que utilizan estos códigos de conducta para proteger su marca más que para defender los intereses de las comunidades cercanas. 

Una cosa está clara: las empresas siempre tienen la opción de decidir si sus programas de RSE y sus iniciativas relacionadas con los derechos humanos son una genuina contribución a la sociedad o sólo obedecen a una estrategia de prevención o de contención de posibles demandas de una mayor responsabilidad social.