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DERECHO AL OLVIDO:O EL DERECHO A QUE SE OLVIDEN DE UNO...

El Derecho al Olvido (o el derecho a que se olviden de uno)

Autora: María Gómez

Hace ya tiempo que se viene hablando de lo que se ha dado en llamar el “derecho al olvido” aunque la definición de lo que esto es, cuáles son sus límites y cómo podemos hacer efectivo este derecho es algo que no está nada claro al menos ahora mismo.

“Para tratar de definir este derecho hay que contextualizar cómo “nace” a partir de situaciones creadas ex novo como consecuencia de la incorporación de internet a nuestra vida”

Para tratar de definir este derecho hay que contextualizar cómo “nace” a partir de situaciones creadas ex novo como consecuencia de la incorporación de internet a nuestra vida cotidiana que ha supuesto, entre otras cosas, que una gran cantidad de información sobre nosotros esté disponible en la red bien porque nosotros mismos la hayamos puesto ahí, bien porque hayan sido otros o bien porque deba estar por mandato legal. Además, y llegados a este punto es cuando se empieza a hablar de derecho al olvido, la cuestión no es que esa información sobre nosotros exista si no que está completamente disponible para cualquiera con tan sólo teclear nuestro nombre en los buscadores de internet. Es decir, esta nueva situación se deriva de la existencia de buscadores como Google, Yahoo o Bing en conjunción con dos circunstancias más: cada vez resulta más fácil para los individuos publicar en internet opiniones o imágenes y los Estados en un intento de modernización han optado por publicar internet los documentos que gozan de carácter público (Sentencias, multas, edictos..).

Dediquemos un momento a imaginar el siguiente supuesto: durante una fiesta universitaria se produce algún revuelo por estudiantes en un parque, los vecinos llaman a la Policía que detiene a un muchacho por algún destrozo de mobiliario urbano y en estado de embriaguez. Este hecho lo comparte uno mismo al día siguiente a través de redes sociales, su imagen durante los incidentes quedan reflejadas en la web de algún amigo, la trifulca es publicada en un diario y la consiguiente multa se publica en los correspondientes boletines oficiales que también están a disposición de los ciudadanos en internet. Años más tarde (digamos 10 años) este mismo individuo se encuentra en una situación profesional en la que el hecho de que este hecho pasado se conozca puede no favorecerle o interesarle (puede ser Director de un Colegio, ostentar un cargo político, tener un puesto de cierta responsabilidad en una gran empresa o simplemente ser un padre de familia que trata de educar a sus hijos en el respeto al mobiliario urbano) o simplemente no desea que se conozca este detalle sobre su pasado.

Un par de décadas atrás este problema no era siquiera imaginable sin embargo pocas cosas hay con tan buena memoria como internet. Todo aquello que sobre nosotros hay en internet permanece ahí, sin degradarse su recuerdo, tal y como sucedió puede ser encontrado y asociado a nuestro nombre sin mayor esfuerzo por cualquiera de tal modo que algo tan humano y necesario como el olvido comienza a diluirse. 

La propuesta de Reglamento Europeo sobre protección de datos de carácter personal presentada el 25 de enero de 2012 por la Comisión Europea introduce el derecho al olvido como uno de los ejercitables por los ciudadanos aunque, y fíjense qué curiosidad, se encuentra regulado pero no definido, en el art. 17. No obstante de la lectura de dicho artículo, que es francamente amplio, se puede concluir que es un derecho con muchos “peros” ya que viene a crear una excepción más que un derecho. Por un lado el art. 17.1 señala que “el interesado tendrá derecho a que el responsable del tratamiento suprima los datos personales que le conciernen y se abstenga de darles más difusión (…)”, fíjese que se utiliza el verbo suprimir es decir borrar o cancelar los datos. En el apartado 2 del mismo artículo se prevé que “cuando el responsable del tratamiento contemplado en el apartado 1 haya hecho públicos los datos personales, adoptará todas las medidas razonables, incluidas medidas técnicas, en lo que respecta a los datos de cuya publicación sea responsable, con miras a informar a los terceros que estén tratando dichos datos de que un interesado les solicita que supriman cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos (…)”. Cabría preguntarse qué debemos entender por medidas razonables.

Como estamos viendo existen varios “peros” que se concretan en los apartados 3 y 4 del mismo artículo 17 que ordena la supresión de los datos “sin demora, salvo en la medida en que la conservación de los datos personales sea necesaria: a) para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión (…), b) por motivos de interés público en el ámbito de la salud pública (…), c) con fines de investigación histórica, estadística y científica (…), d) para el cumplimiento de una obligación legal de conservar los datos personales impuesta por el Derecho de la Unión o por la legislación de un Estado miembro a la que esté sujeto el responsable del tratamiento; las legislaciones de los Estados miembros deberán perseguir un objetivo de interés público, respetar la esencia del derecho a la protección de datos personales y ser proporcionales a la finalidad legítima perseguida; e) en los casos contemplados en el apartado 4” que plantea una vía alternativa ya que su letra c recoge la posibilidad de que “el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a su supresión y solicite en su lugar la limitación de su uso (…)”. Es decir, este es un derecho que nace con diversas limitaciones en su origen al colisionar con otros derechos igualmente necesarios e importantes.

Parece que, en los casos en los que la publicación de determinada información se encuentra a lo que sí se puede optar es a limitar el uso de esa información de tal modo que el responsable del buscador (que será el responsable del tratamiento desde el punto de vista de protección de datos) deba anular el vínculo que indexe esa información con el nombre del interesado de tal modo que, sin llegar a borrar la información, la asociación de ésta con el sujeto concreto no resulte automática.

No obstante, y con esto concluyo, el asunto no resultando baladí tampoco resulta sencillo en absoluto como ya puede el lector imaginarse tras esta breve exposición y parece más que probable que en el futuro sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que deba analizar casos concretos que ayuden a fijar no ya los límites si no la propia definición de este derecho.