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DERECHO AL OLVIDO: Y PUBLICACIONES OFICIALES CON ACCESO...

"Derecho al olvido” y publicaciones en Boletines Oficiales con acceso a los motores de búsqueda

Autora: Carolina Pina

En la actualidad no existe un concepto unívoco de “derecho al olvido”. Aunque la Comisión Europea ha incluido por primera vez este derecho en su proyecto de reglamento de protección de datos, no se ha legislado aún sobre la cuestión. De lo que no hay duda es de que nos encontramos ante un concepto revolucionario, inseparable en su gestación y en su virtualidad de la propia evolución de Internet y de las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información. 

“El denominado derecho al olvido surge como reacción frente a la utilización de los datos personales en el universo de Internet”

Pero, ¿qué es en realidad el derecho al olvido? ¿Qué implicaciones puede tener su reconocimiento legal para la sociedad de la información?

El denominado derecho al olvido surge como reacción frente a la utilización de los datos personales en el universo de Internet: lo que se reclama, fundamentalmente, es el derecho de cualquier persona a controlar el uso que se hace en la Red de sus datos personales; el derecho a desaparecer de las redes sociales, a eliminar aquella información que, aun siendo veraz, ha dejado de tener interés para la generalidad del público o, cuando esa eliminación no es posible, a retirar los enlaces que conducen a la información.

Los supuestos que se incluyen bajo esta controvertida expresión son, a título ilustrativo, los siguientes: (i) informaciones sensibles sobre una determinada persona publicadas en Internet por los medios de comunicación en ejercicio del derecho a la información (imputaciones de delitos, etc.), (ii) informaciones publicadas en las ediciones digitales de Boletines y Diarios Oficiales por imperativo de Ley (indultos, resoluciones, notificaciones, etc.), (iii) información publicada por usuarios de la Red, de forma anónima, en ejercicio de su libertad de expresión o (iv) información (imágenes, comentarios, etc.) publicada en redes sociales por el propio usuario que se quiere que desaparezca cuando se da de baja en la red social.

Aunque el derecho al olvido no ha sido regulado ni reconocido como un derecho sustantivo, determinadas reclamaciones que exigen su tutela por la vía de la protección de datos han llegado recientemente a los tribunales, avivando de forma significativa el interés social por esta cuestión. El 27 de febrero de 2012, la Audiencia Nacional española remitió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial en el marco de un procedimiento que enfrentaba a un particular contra un buscador de Internet. La Audiencia solicitaba al Tribunal de Luxemburgo que aclarase hasta qué punto la Directiva Comunitaria sobre Protección de Datos permite amparar reclamaciones de particulares que desean eliminar de Internet determinadas informaciones relativas a su persona. En particular, la Audiencia solicita al TJUE que se pronuncie sobre si los derechos de cancelación y oposición (recogidos, respectivamente, en los artículos 12.b y 14.a de la Directiva 95/46/CE), tal y como se hallan configurados en la normativa vigente, permiten al interesado dirigirse frente a los buscadores para solicitar la retirada o desindexación de informaciones que puedan perjudicarle o, simplemente, que desea que sean olvidadas, aunque hayan sido publicadas lícitamente por terceros. La Audiencia Nacional pregunta sin ambages al Tribunal de Justicia si estos derechos permiten dar amparo judicial al interesado que ve vinculada su persona a hechos que carecen de relevancia, pero que, al teclear su nombre y apellidos en buscadores de Internet, siguen apareciendo en directorios de enlaces que conducen a las páginas web que alojan esas informaciones.

Para comprender la complejidad del tema, es necesario entender cómo funciona un buscador y el régimen jurídico que se le aplica. Un buscador es un complejo mecanismo de búsqueda de páginas webs, que tiene como característica principal la de ser automático, puesto que su funcionamiento es puramente tecnológico. Los buscadores se limitan a reflejar información publicada en páginas webs de terceros (que son sus verdaderos titulares); es decir, no publican la información ni pueden retirarla o eliminarla, sino que se limitan a indexar y mostrar la información publicada en las webs.

Son los titulares de las páginas webs quienes pueden evitar que una determinada información aparezca en Internet e, incluso, que su página sea indexada a través de los denominados “protocolos de exclusión”. El uso de estas herramientas constituye una forma muy efectiva de evitar que el contenido de una página web sea rastreado por los buscadores y, por lo tanto, sea fácilmente accesible a los usuarios de Internet. En consecuencia, corresponde a los titulares de las páginas permitir o no la indexación de los contenidos por los motores de búsqueda. En todo caso, hacer desaparecer una información de un buscador no hace inaccesible el contenido en Internet, ya que la información seguiría disponible en la página web en la que se publica el contenido e incluso disponible a través del otros buscadores.

Además, los buscadores tienen un régimen de exclusión de responsabilidad que les exime de responsabilidad en determinados casos. Así, según la exclusión de responsabilidad de la mayoría de los países, un buscador no será responsable cuando no tenga “conocimiento efectivo” de que esa información es ilícita y, en caso de tenerlo, proceda a suprimir el enlace de forma diligente.

Hasta que se resuelva la cuestión prejudicial planteada ante el TJUE y se delimite el concepto del derecho al “olvido” o, al menos, el bien jurídico que protege, la tutela de este derecho en potencia, así como las posibilidades de éxito de la acción indemnizatoria, se mueven en terrenos de gran inseguridad jurídica.

La concreción legal que se haga del derecho al olvido debe ser cuidadosamente ponderada para preservar otros derechos fundamentales de las sociedades democráticas, tales como el derecho a la información, la libertad de expresión o el derecho a la libertad de empresa. Estos derechos no pueden verse restringidos o cercenados de forma injustificada en pro de una reclamación legítima pero no absoluta, y deben ser un eje fundamental en el debate sobre la regulación del derecho al olvido.