Facebook Twitter LinkedIn Google Plus

DERECHO AL OLVIDO: ¡OLVIDADME!

¡Olvidadme!

Autores: Francesc A. Baygual Davoust y Erik Martín Marcos

“El olvido es una forma de libertad”, Khadil Gibran

Facebook, twitter, linkedin, google, tuenti… ¿Quién no conoce estos nombres hoy en día? ¿Cuántos de nosotros no tenemos cuentas en redes sociales? Casi todos hemos hecho cometarios, “colgamos” fotos, nos suscribimos a grupos o, en definitiva, dejamos rastros de nuestra personalidad o de nuestra vida o creamos, a través de tales herramientas, “otra vida” y “otra personalidad”, la virtual.

“El consentimiento de la persona que consiente difícilmente puede prever todas las consecuencias inmediatas de su acto volutivo en el medio plazo”

Así, esos retales de vidas pasadas, imaginadas o alternativas en el marco de las cuales podemos experimentar en un momento u otro de nuestra trayectoria deben considerarse desde la perspectiva de nuestro derecho a la privacidad, al honor y a la propia imagen pero, también, desde la perspectiva del grado creciente de impacto que el pasado o nuestro presente virtual puede tener en todo nuestro futuro (no sólo en el virtual).

“Si prueban a borrar sus cuentas en las redes, verán que es imposible eliminarlas al 100%”

Por poner un ejemplo, el estudiante austríaco Max Schrems, solicitó a Facebook copia de toda la información que tuviera almacenada en sus bases de datos. Por “error” recibió un CD-rom con más de mil páginas que documentaban sus gustos, recogía sus fotos, comentarios, conversaciones con sus amistades y otra tanta información valiosa, que la red social había almacenado en tan sólo 3 años, e incluso información que había solicitado fuera borrada con anterioridad.

Existe otro ejemplo más dramático de la joven Amanda Todd que acabó por suicidarse por el efecto de eco virtual sin fin que tuvieron unas fotos hechas y publicadas desde la inocencia y la inconsciencia de ese impacto en ese futuro.

Y esto mismo comienza a suscitar serias dudas sobre la privacidad que realmente ofrecen tales redes sociales y, en consecuencia, se plantean nuevos desafíos al Derecho para que dé respuesta adecuada.

Desde hace varios años, la Comisión Europea se platea implementar, y en su caso elaborar un Nuevo reglamento sobre protección de datos de carácter personal que incluya el denominado “Derecho al Olvido”.

La idea general es procurar que nuestro pasado no sea una carga social en el futuro –y decimos carga social porque, en cuanto a lo moral, eso dependerá de cada cual-, y, en consecuencia, que podamos eliminar de la red todas aquellas informaciones personales (en sentido amplio) que consideremos pertenecen a nuestra esfera de intimidad y que a nadie incumben.

En nuestra opinión y en el marco de este debate, consideramos débil todo argumento que pivote alrededor de una suerte de “libre albedrio originario” por el cual el control se ejercitaría “ab-initio” por el propio interesad@ que decidiese o no hacer pública la información personal y, a partir de entonces, perdiera todo control sobre ella.

NO hablamos de información general, sino personal o personalísima y que merece un grado alto de protección y, entre otras, requerirá de un consentimiento totalmente informado.

Ese consentimiento no puede ser siquiera informado entre los más jóvenes, si consideramos la precocidad en el acceso a redes y nuevas tecnologías de nuestros jóvenes que haría que este argumento se volviera perverso y de consecuencias ultimas injustas o ilógicas (por desproporcionadas entre los valores perjudicados y los defendidos) sino dramáticas como fueron para Amanda Todd. 

Pero tampoco parece que entre personas más adultas podremos hablar que un consentimiento inicial (momento de la publicación) que puede ser incompletamente informado e, incluso, deberíamos hablar de un consentimiento que, de cara a futuro, debe necesariamente calificarse de imposiblemente informado.

En efecto, el consentimiento de la persona que consiente difícilmente puede prever todas las consecuencias inmediatas de su acto volutivo en el medio plazo (consentimiento incompletamente informado) pero es que necesariamente esa misma persona es incapaz de prever todas las demás consecuencias que en el futuro mediato o más remoto pueda llevar consigo el consentimiento que hoy presta (consentimiento imposiblemente informado). 

Ciertamente, las políticas de privacidad de tales herramientas y redes sociales no dejan nada claro que esto sea posible y, es más, si prueban a borrar sus cuentas en tales redes, verán que es imposible eliminarlas al 100%, políticas ineficaces y ejemplo de autorregulación en un sector de crecimiento exponencial.

Ante esta problemática, la línea en la que trabaja la UE es la de obligar a redes sociales y empresas a borrar tal información inmediatamente a partir de la solicitud del usuario, sin posibilidad de recuperar tales datos.

Algunas de las características de la norma que se está trabajando serán las siguientes:

• Obligación de borrado inmediato de los datos tras la solicitud del usuario;

• Inversión de la carga de la prueba, de modo que serán la empresas y redes quienes deberán demostrar que han procedido a ello si lo reclama el usuario;

• Derecho del usuario de migración de datos: el usuario podrá solicitar que sus datos sean transferidos a otras redes o centros de almacenamiento;

• La norma será aplicable a toda empresa que maneje datos personales;

• Obligación de grandes empresas de nombrar a un responsable de protección de datos, a modo de censor;

Un necesario inciso: el lector avispado ya habrá advertido de la complicación práctica y/o técnica de la implantación de tales principios o normas. La prueba de un hecho negativo o de la inexistencia de un hecho puede ser extremadamente difícil o caer en lo que se ha llamado la “prueba diabólica”.

A nivel estatal, la Agencia Española de Protección de Datos ya ha interpuesto diversas sanciones relacionadas con la perdurabilidad de informaciones personales en buscadores, que se hallan recurridas ante la Audiencia Nacional, que se encargará de dar una respuesta sobre la obligación de tales buscadores de eliminar enlaces a noticias o datos personales “antiguos” que a nadie deberían interesar en el futuro, en definitiva, el derecho al olvido.

Sin embargo, si la idea en sí misma parece sencilla, técnicamente plantea diversos problemas que hacen difícil su regulación:

• Para desaparecer de un buscado, por ejemplo, es preciso primero desapareces de las páginas web en la que se halla nuestra información;

• Según se trate, puede que esa información no nos afecte exclusivamente a nosotros, sino que también afecte a terceros que no deseen ejercitar su derecho al olvido;

• La mayoría de redes y buscadores, posee o tiene ubicados sus servidores en lugares donde la legislación es más laxa que en la UE, lo que plantea también algunos desafíos desde la perspectiva del derecho internacional;

• También es cierto que la configuración de tal derecho a nivel europeo, puede no tener homologación fuera de las fronteras de UE, por lo que es difícil asegurar hasta qué punto el olvido tendrá efecto dentro de tales límites, pero podremos seguir siendo “recordados” fuera de tales límites;

No debemos olvidar tampoco, la necesaria ponderación entre tal derecho al olvido, y el derecho a la libertad de información cuando estamos hablando, no de datos almacenados en redes sociales, sino informaciones accesible por medio de buscadores y que forman parte de servicios de información –periódicos digitales, blogs-.

La fina línea entre “dato” e “información” deberá valorarse de forma muy casuística ya que, ciertamente, en este sentido nuestro propio Tribunal Constitucional ha manifestado en diversas ocasiones que el derecho a la libertad de información debe prevalecer sobre el derecho a la intimidad cuando la información tratada sea veraz y de relevancia pública. Sin embargo, como decíamos al principio, el olvido es también una forma de libertad, por lo que deberá ponderarse cuál de tales libertades debe prevalecer.

En caso contrario, ya no sólo estaríamos hablando del derecho al olvido “on-line” sino que deberíamos plantearnos quemar las hemerotecas que, en cierto modo, son el vetusto equivalente de los buscadores actuales pero cuyos contenidos editados sí permitían o llevaban implícitos unos filtros o barreras de acceso que el mundo “on-line” esta relativizando, si no superando.

En todo caso, si bien es cierto que antes de tener una legislación adecuada, resulta necesario estudiar las posibilidades técnicas de llevar a cabo la implementación de dicho derecho al olvido, no parece inadecuado que las autoridades europeas hayan decidido poner coto a los millones de datos personales que cada día transitan por nuestras redes, No se trata de ejercer censura, pero sí de controlar el uso que se hace de la información y, en definitiva, proteger al ciudadano como parte más débil de las relaciones virtuales.