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LAS RELACIONES COMERCIALES ENTRE ESPAÑA E IBEROMÉRICA...

Las relaciones comerciales entre España e Iberomérica pasan actualmente por uno de sus mejores momentos de los últimos años

Autor: Erik Rovina Mardones. Subdirector General Adjunto de política comercial con Iberoamérica y América del Norte

Así, el comercio bilateral entre España e Iberoamérica alcanzó en 2012 un récord histórico de más de 33.500 millones de euros, aumentando en más de 2,5 veces el comercio entre las dos regiones en una década. España exportó en 2012 a Latinoamérica bienes por valor de más de 13.800 millones de euros, máximo histórico, e importó de Latinoamérica por valor de casi 19.700 millones de euros, máximo histórico igualmente. Este déficit comercial de casi 6.000 millones de euros contrasta con el pequeño déficit que España tenía hace 10 años de 558 millones de euros y refleja la apertura de la economía española hacia Latinoamérica y cómo los países de la región han aprovechado sus ventajas competitivas en productos energéticos, materias primas y productos agrícolas. La positiva evolución del comercio bilateral muestra claramente las profundas interrelaciones entre nuestras naciones. 

“Se observa con preocupación desde España la inestabilidad jurídica en algunos países de la región que se han traducido en numerosas, y en algunos casos, mediáticas, expropiaciones”

Este aumento del comercio bilateral se traduce en una mayor cuota de las exportaciones españolas a Iberoamérica respecto a nuestras exportaciones con el resto del mundo, un 6,2% en 2012 frente a un 5,6% en 2011 y también en una mayor cuota de las importaciones españolas procedentes de Iberoamérica respecto a nuestras importaciones del resto del mundo, un 7,8% en 2012 frente a un 6,1% en 2011.

Otro dato relevante es que el número de empresas exportadoras habituales a Latinoamérica ha pasado de 18.899 en 2009 a 27.267 en 2012, lo que implica un crecimiento del 44,28% en 3 años.

A pesar de lo anterior, estas cifras no dejan de reflejar que el comercio bilateral entre España e Iberoamérica no alcanza el potencial de ambas regiones y que Iberoamérica no es destino prioritario de las exportaciones españolas. Así por ejemplo, las exportaciones españolas a Estados Unidos durante 2012 son superiores a la suma de las exportaciones españolas a los cuatro primeros destinos en Iberoamérica: México, Brasil, Venezuela y Chile.

Donde sí se demuestra la prioridad de Iberoamérica para España es en el ámbito de las inversiones, siendo nuestro país un inversor de referencia en la región junto con los Estados Unidos. Somos de hecho el principal inversor en países como Perú y Argentina (hasta la expropiación de YPF), el segundo inversor en Brasil, Chile, México y Costa Rica y el tercer país en Colombia, Guatemala, República Dominicana y Bolivia. Puede decirse que sin dichas inversiones, tanto la economía española y su tejido empresarial como las economías latinoamericanas serían completamente distintas.

Así, del stock de inversión española en el exterior en 2010 (último dato disponible), 360.663 millones de euros, Latinoamérica y el Caribe suponen una tercera parte (el 32,2%), con 118.752 millones de euros. Los países hacia los que se ha dirigido mayor volumen de inversión son Brasil (54.848 M€ de stock de inversión española en 2010), México (24.149 M€), Chile (11.788 M€), Argentina (9.299 M€) y Colombia (5.793 M€).

Estas cifras ponen de manifiesto el interés de España en la región y el compromiso de las empresas españolas, pues gran parte de dicha inversión se produjo a principios de los años noventa cuando las perspectivas de la región no eran tan prometedoras. Además, las empresas españolas han reinvertido los beneficios obtenidos y están aplicando ambiciosos programas de responsabilidad social empresarial.

A pesar de todo ello, se observa con preocupación desde España la inestabilidad jurídica en algunos países de la región que se han traducido en numerosas, y en algunos casos, mediáticas, expropiaciones. Sin negar a cada país su soberanía y por tanto su derecho a legislar en la medida que considere más apropiada para sus intereses, se pone de manifiesto la necesidad de un marco jurídico claro y estable que proteja y promueva las inversiones extranjeras.

Esto es lo que hacen precisamente los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) al garantizar, básicamente, el derecho de propiedad, la libre transferencia de rendimientos y de la desinversión, la no discriminación y el establecimiento de un mecanismo para solucionar las controversias surgidas entre el inversor extranjero y el país destinatario de la inversión.

Por lo general, en los APPRI, el mecanismo de solución de controversias prevé que el inversor pueda acudir bien a los tribunales internos del país, bien al arbitraje internacional, configurándose ambas vías como excluyentes entre sí. En este último caso los APPRI prevén el recurso al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) o a un tribunal ad hoc (Cámara de Comercio de París, Tribunal de Estocolmo, etc.) con las reglas UNCITRAL (United Nations Commission for the Unification of International Trade Law - Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional).

Un tema especialmente delicado para los inversores españoles en Iberoamérica es la denuncia del Convenio del CIADI por parte de tres países de la región: Bolivia (en 2007), Ecuador (en 2009) y Venezuela (2012), al que podría unirse en el futuro Argentina.

Esta situación ha generado entre las empresas extranjeras allí establecidas, o con intención de establecerse, un elevado grado de incertidumbre, lo que no contribuye a mejorar el clima de negocios ni a fomentar la inversión extranjera.

En este sentido, la próxima puesta en marcha del Centro Iberoamericano de Arbitraje puede ser una herramienta muy útil para la protección de las inversiones extranjeras, siempre y cuando este Centro funcione con las reglas UNCITRAL anteriormente mencionadas.

De no ser así, y de exigirse la utilización de este Centro Iberoamericano de Arbitraje por parte de los países iberoamericanos como mecanismo de resolución de conflictos, los APPRI firmados por España con estos países pasarán a ser irrelevantes al eliminar las cláusulas de solución de diferencias ahí propuestas. Este hecho reduciría las posibilidades de elección del inversor en caso de disputa y, por tanto, su nivel de protección. Por ese mismo motivo sería necesaria la renegociación de los APPRI en vigor con dichos países, algo que ya no sería competencia española, sino europea.

Efectivamente, desde la entrada en vigor del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado de Lisboa), de acuerdo con el art. 207 del mismo, las competencias en materia de inversiones directas recaen en el ámbito de la Unión Europea.

En definitiva, desde el punto de vista de protección del inversor extranjero, no se trata tanto de que haya un Centro Iberoamericano de Arbitraje como de que éste Centro funcione con reglas ya conocidas y estandarizadas como las de UNCITRAL.