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LA DESJUDICIALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS DE ACREEDORES, UNA ESTUPENDA OPORTUNIDAD PARA LAS PYMES Y LOS AUTÓNOMOS...

Autor: D. Ignacio Romera

Parece ya inminente la aprobación y entrada en vigor durante el mes de agosto de la Ley de apoyo al emprendedor y su internacionalización. Circulan rumores de todo tipo sobre la fecha de la entrada en vigor de esta Ley estrella en la que el Gobierno ha depositado gran parte de sus esfuerzos renovadores y de impulso a la recuperación, flexibilizando formas societarias, incentivando aspectos fiscales, laborales, de financiación y crecimiento y desarrollo de proyectos empresariales. 

“Será el Registrador o el Notario quien designará a la persona (“mediador”) responsable de guiar la solución extrajudicial de pagos de empresas en crisis a solicitud de éstas”

En todo caso, al ser la finalidad principal Pretendida por esta Ley el impulsar, fomentar y facilitar la actividad emprendedora en España, sea cuando sea que esté prevista su aprobación, mi primera valoración en su conjunto ha de ser muy positiva.

Me voy a centrar en el capítulo V del título I de la Ley, que lleva por título el “Arreglo extrajudicial del sobreendeudamiento y segunda oportunidad”

Esta Ley introduce un nuevo Título X a la Ley 22/2003 de 9 de Julio, Concursal, y pretende ocuparse de la salida legal a la crisis para las personas físicas, los autónomos y las pymes. Lo más destacable, desde mi punto de vista, es que las novedades afectan a la mayor parte de las empresas de este país, es decir, las pymes, y autónomos, dando por fin una salida realista a la crisis empresarial de este colectivo. Tenemos los Juzgados de lo Mercantil inundados de procedimientos concursales demasiado costosos y complicados, que revelan que los procedimientos de acuerdo extrajudicial preconcursales existentes -el famoso 5bis- son ineficaces para la mayoría de las empresas, tal como están previstos en la actualidad. Hay que hacer cambios y bienvenidos sean.

Esta Ley prevé un proceso de convenio de acreedores extrajudicial y preconcursal, muy ágil y eficaz -mejorable por descontado, pero esto es una cuestión de valentía legisladora, y el Gobierno ha apostado por innovar pero de manera prudente-. Sin embargo, auguro que será un remedio eficaz para la mayoría de las crisis empresariales pequeñas y medianas. Por descontado, las grandes crisis empresariales encuentran mejor acomodo en la regulación ya existente, notablemente más garantista.
El nuevo “Acuerdo extrajudicial de pagos” será aplicable a las personas físicas -por descontado autónomos-, con carácter general siempre que su pasivo no supere los cinco millones de euros y por excepción –que, como imaginará el lector, se “generalizara”- para personas jurídicas en los términos del artículo 190 de la vigente Ley Concursal, es decir personas jurídicas cuyo concurso no revistiese circunstancias de “especial complejidad”. Esto es no más de 50 acreedores, y un balance de activo y pasivo no superior a 5 millones de euros.

¿En qué empresas concurren esas circunstancias en España actualmente? En la mayoría, que son precisamente ese 90% de empresas que llegan al concurso de acreedores gastando recursos del sistema que serían mejor aplicados a otras crisis empresariales, y que reducen su eficacia sin encontrar acomodo práctico a sus necesidades.

La mención a la “privatización” del preconcurso no es casual, ya que la Ley prevé que estos procesos salgan de los Juzgados -el conocido 5,bis, refinanciación o Disposición Adicional 4º-, dejando a estos la solución de los procesos judiciales propiamente dichos, para que recaigan en los Registros Mercantiles, para las empresas o en los Notarios para las personas físicas, con el consiguiente abono de aranceles. Será el Registrador o el Notario quien designará a la persona (“mediador”) responsable de guiar la solución extrajudicial de pagos de empresas en crisis a solicitud de éstas. Los honorarios de este mediador los fijará el propio Registrador o Notario.

El procedimiento de acuerdo extrajudicial será muy ágil. El mediador dispondrá de un plazo de un mes para cerrar un acuerdo con los acreedores o llevar la empresa a liquidación. Este acortamiento de plazos supondrá un acicate para los acreedores, y evitará, en mi opinión, el rápido deterioro de las compañías por los lentos procesos concursales. La contrapartida está en que está solución extrajudicial es menos agresiva en términos de quitas y esperas que la prevista en los Convenios concursales. Igualmente, y para favorecer los acuerdos extrajudiciales, el régimen de mayorías necesario para la aprobación del acuerdo se flexibiliza en términos comparativos con el régimen de mayorías del Convenio Concursal.

El acuerdo extrajudicial de pagos tiene las ventajas de la declaración de concurso, pero no sus inconvenientes: carecerá, a mi juicio, del estigma social tan español del empresario quebrado y por tanto apestado, y sin embargo impedirá el inicio de ejecuciones contra el deudor por deudas anteriores, o la continuación de ejecuciones ya iniciadas, pudiendo el deudor solicitar al Juez la cancelación de los embargos, al tiempo que los créditos quedan aplazados.

Esta reforma limitará el acceso de los procedimientos a los Tribunales, favoreciendo asimismo que los Tribunales tengan menor carga de trabajo para atender eficazmente los procesos verdaderamente complejos.

Personalmente,valoro positivamente el espíritu de la reforma, pero sin embargo critico que el nombramiento de los mediadores quede en manos privadas, de los Registradores y Notarios, y aún más la retribución de los mediadores. Debería reglamentarse adecuadamente -pero de modo ágil- el procedimiento de nombramiento, más allá de la mera remisión al procedimiento previsto para designación de expertos independientes, y regularse una normativa que regule y objetivice los honorarios de los mediadores, para evitar abusos.

Asimismo, creo que debería sustituirse la figura del “mediador” por la del “experto en procedimientos de crisis empresarial”, “administrador judicial” o figura equivalente, que garantice una experiencia práctica de al menos 5 años en procesos concursales y preconcursales, más allá de la mención al “mediador” de la ley de mediación de 5/2012 de 6 de julio. Esta es nuestra principal crítica. En la práctica hay muchos administradores concursales, que son la figura idónea, sin título de mediador, y muchos mediadores con título pero sin ninguna experiencia en crisis empresariales.

Se valora positivamente que el régimen de mayorías necesario para la aprobación del acuerdo se flexibilize. Sin embargo, se critica que, nuevamente, al igual que en el procedimiento concursal, se excluyan de las mayorías de voto para alcanzar acuerdo los créditos con garantía real. En la práctica en la mayor parte de las insolvencias existen acreedores con esos créditos. Debería articularse algún incentivo para que esos créditos no quedasen apartados del convenio.