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EL DESPIDO COLECTIVO: MODA ESPAÑOLA O CORRIENTE EUROPEA...

Autor: Juan Fernández. Socio de Resolución de Conflictos y Relaciones Laborales de Santiago Mediano Abogados

Los últimos datos relativos a la tasa de paro en la Unión Europea sitúan esta cifra en España en un nivel superior al 26%, lo que la convierte, junto a Grecia, en los países punteros de tan pésima clasificación. En consonancia con este dato, es de destacar el hecho de que España, en el último informe del Monitor Europeo de las reestructuraciones, referido al tercer trimestre de 2012, aparece situada en el cuarto lugar en número de solicitudes de expedientes de regulación de empleo de la Unión Europea.

“Las modificaciones habidas no nos han situado en un marco diferente al del resto de países que conforman la Unión Europea”

El incremento del número de expedientes de regulación de empleo tramitados en España, que han provocado la aparición de nuestro país en dicho ranking, poco habitual en años anteriores, hay que buscarlo en la reforma laboral propiciada por las medidas contenidas en el Real Decreto 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que modificaron el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, precepto regulador tanto de los requisitos que han de concurrir en un despido colectivo, como del procedimiento que ha de observarse.

La modificación más trascendente incluida por la referida reforma consistía, por un lado en la eliminación, como requisito imprescindible para el despido colectivo, en la obligación del empresario a obtener, previamente al despido, la autorización de la autoridad laboral competente, y por otro lado, en la objetivación de las causas que han de concurrir.

Pero, y centrándonos en esta materia del despido colectivo, ¿supone esta reforma laboral un escenario diferente al del resto de países de nuestro entorno? ¿Es justificación suficiente para explicar el incremento de los despidos colectivos? Para obtener una respuesta, deberíamos analizar las peculiaridades legislativas que en relación con los despidos colectivos rigen estos en los países de nuestro entorno europeo.

Si analizamos la regulación laboral francesa observamos que, en Francia, al igual que ocurre en España desde la reforma de febrero de 2012, el procedimiento de despido colectivo no está sujeto a autorización previa de la autoridad competente, sino que basta con la notificación del mismo tanto a ésta como a los representantes de los trabajadores. En términos similares, en Alemania, el despido colectivo requiere igualmente de la comunicación previa tanto a la Administración como a los representantes de los trabajadores, sin que la aprobación del expediente de regulación de empleo requiera, ni la autorización de la primera, ni el acuerdo con los segundos.

Si atendemos a lo que sucede en nuestro país vecino, Portugal, observamos que, al igual que sucede en los casos anteriores, se requiere la comunicación previa tanto a los representantes de los trabajadores, como a la Administración laboral competente, que designará a un representante de la Autoridad laboral competente para que esté presente en el trámite de negociaciones, si bien con un papel limitado al control de la formalidad de la negociación, y sin ninguna facultad en cuanto a la autorización previa o preceptiva por su parte.

Idénticos requisitos legislativos pueden predicarse, según la Organización Internacional del Trabajo, de la legislación laboral relativa al despido colectivo en Suecia, Dinamarca, Bélgica, Italia, y, en definitiva, en todos y cada uno de los países que conforman la Unión Europea, a excepción, curiosamente de Grecia, que aún a día de hoy sí requiere de esa autorización previa de la autoridad administrativa o judicial competente.

En definitiva, la supresión de la autorización administrativa previa, si bien ha agilizado el proceso de despido colectivo, no puede entenderse como elemento diferenciador del resto de las legislaciones europeas.

Si atendemos al resto de modificaciones incluidas en la reforma del Estatuto de los Trabajadores en relación con los despidos colectivos y en concreto, con la determinación/objetivación de los motivos económicos que lo provocan, volvemos a concluir que, según los datos publicados por la Organización Internacional del Trabajo, la legislación española, al igual que la del resto de los países de la Unión Europea, incluye una definición cuantitativa precisa tanto de los umbrales de trabajadores afectados, como de la determinación de la causa económica, así como del procedimiento a seguir.

Asimismo, en España, al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, salvo Suecia, se impone al empleador la obligación legal de tratar de paliar los efectos negativos del despido colectivo propiciando medidas de recolocación, así como acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora del empleo.

De este análisis, ciertamente limitado, y referido a un aspecto concreto de la reforma laboral producida hace un año, como son los procedimientos de despido colectivo, hemos de concluir, si queremos ser rigurosos con el impacto de la reforma laboral, que las modificaciones habidas no nos han situado en un marco diferente al del resto de países que conforman la Unión Europea sino que, del mero análisis comparado de las legislaciones laborales de nuestro entorno económico, lo que observamos es que, en relación con los despidos colectivos, nuestro Ordenamiento, al menos en esta materia, se ha equiparado a la Europea.

Desde este punto de vista, la principal medida flexibilizadora consistente en la supresión de la necesaria autorización administrativa previa, ha supuesto, sin duda alguna el aumento en el número de solicitudes, si bien, dicho elemento no puede suponer la justificación del aumento de despidos, ya que, en cualquier caso, los expedientes de regulación de empleo siguen estando sometidos al control judicial de los Tribunales y muchos de ellos son declarados nulos, si bien, en la mayoría de los casos según la estadísticas judicial, por adolecer los Expedientes de Regulación de Empleo de defectos formales en su tramitación.

Los más de 400.000 desempleados que han pasado a engrosar las listas del INEM desde la promulgación de la reforma laboral, no pueden ser atribuidos a ésta, como causa única o exclusiva de la misma, por mucho que la referida reforma haya supuesto una mayor flexibilidad y en consecuencia un mayor poder decisorio, en términos relativos, pues siempre sujeto al control de los Tribunales, al igual que el hecho de que ocupemos un puesto privilegiado en la destrucción de empleo en el marco de la Unión Europea tampoco puede ser atribuido al cambio legislativo de febrero de 2012, ya que, esta reforma simplemente ha supuesto una equiparación con los procedimientos europeos que regulan el despido colectivo y ha supuesto la erradicación de trabas administrativas que ya no existen en ningún país de la Unión, salvo curiosamente, Grecia.

Estos datos hacen que, necesariamente tengamos que acudir a otros aspectos que indudablemente tienen notable trascendencia en relación con la destrucción de empleo, y que se refieren básicamente a variables económicas, como son la caída del PIB (en torno al 1,6-1,7%), los ajustes presupuestarios que han llevado al el incremento de la destrucción de empleo público o la existencia de notables trabas para la creación de empresas, con políticas que incrementan hasta el 42% la tributación de los administradores de una empresa, suponen motivos más que evidentes para justificar la masiva destrucción de empleo.