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LA DETERMINACIÓN REAL DE LOS PRIVILEGIOS ESPECIALES...

Autor: Juan Fernández, socio de Resolución de Conflictos y Relaciones Laborales de Santiago Mediano Abogados

Transcurridos cuatro meses desde la nueva reforma de la ley concursal propiciada en este caso por el Real Decreto Ley 11/2014, y ante las modificaciones que incluye, en el presente artículo nos detendremos en el análisis de las consecuencias derivadas de la modificación de los artículos 90 y 94.5 de la Ley concursal en los que se establecen diversas normas relativas a la determinación del valor de las garantías con privilegio especial.

El artículo 90.3 establece que “El privilegio especial solo alcanzará la parte del crédito que no exceda del valor de la respectiva garantía que conste en la lista de acreedores”, debiendo además deducir de tal valoración el importe de los créditos pendientes que gocen de garantía preferente sobre el mismo bien, así como un diez por ciento de ese valor razonable, justificando tal deducción en el indiscutible hecho de que para hacer eficaz la garantía en que consiste el privilegio, será precisa la ejecución del bien o derecho sobre el que se haya constituida, conllevando tal ejecución una serie de costes y dilaciones que hacen que haya de reducirse la valoración en dicho porcentaje.

Esta modificación, si bien es la constatación de una obviedad, por cuanto que la configuración del privilegio, por definición, requiere que el bien garantizado cubra, al menos parcial, sino totalmente la valoración del privilegio, sí resulta trascendente para la conformación y clasificación de los acreedores al establecer qué ocurre con aquella parte del privilegio que excede del valor del bien garantizado.

Añade la norma que el importe del crédito que exceda de ese valor razonable, y por tanto, de la consideración del privilegio especial, será calificado según su naturaleza. Calificación del sobrante que aunque el legislador no señala cuándo ha de hacerse, entiendo que la calificación debería será realizada de inicio en la lista de acreedores, sin perjuicio de la impugnación de la referida calificación por parte de aquellos acreedores que se vieran afectados.

Para la determinación del valor razonable de los bienes, cobran especial trascendencia los elementos probatorios que acrediten el referido valor, entendiendo como documentos probatorios los informes y documentos justificativos del mismo. 

El propio artículo 94.5 de la Ley Concursal establece qué documentos gozan de eficacia probatoria suficiente al objeto de determinar el valor razonable de los bienes sobre los que se ha constituido el privilegio.

A tal objeto señala que, en los supuestos relativos a valores mobiliarios que coticen en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado o de instrumentos del mercado monetario, se atenderá al que resulte de la certificación emitida por la sociedad rectora del mercado secundario oficial o del mercado regulado de que se trate, mientras que cuando se trate de bienes inmuebles se tomará como válido el resultante de informe emitido por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el Registro Especial del Banco de España, siendo necesario, para cualquier otro bien distinto de los anteriores, que el valor utilizado venga corroborado por informe de experto independiente realizado de conformidad con los principios y normas de valoración que de forma general se hallen reconocidos para cada bien concreto.

Esta necesidad probatoria nos lleva obligatoriamente a preguntarnos quién tiene la obligación de aportar tales documentos o informes a los que hace alusión el artículo 94.5 de la Ley concursal. Pregunta que no ha sido resuelta por el legislador y en la que ahora nos detendremos.

Empezaremos refiriéndonos, necesariamente, a la Administración concursal a quien en el artículo 82.3 de la Ley Concursal se le encomienda la obligación de determinar el avalúo de los bienes que se incluyan en el inventario y en el artículo 83 del texto legal se le faculta para la utilización de expertos independientes, es precisamente ese carácter posibilista de este último precepto quien nos ha de llevar a concluir que la Administración Concursal  no tiene obligación alguna de aportar los documentos a que hace referencia el legislador.

Es más, si atendemos al reconocimiento de los créditos, resulta que dicho reconocimiento ha de proceder, únicamente de los que hayan sido comunicados expresamente, o bien de los que resulten de la documentación del deudor o que de cualquier otra razón constaren en el concurso. Por lo tanto resulta evidente que la aportación de documentos acreditativos del valor es una carga que pesa expresamente sobre el acreedor concursal que quiera ver reconocido su privilegio.

Así, por la modificación de la Ley concursal por la limitación del valor del privilegio en razón del valor del bien sobre el que se constituye la garantía, adquiere especial trascendencia la aportación de los referidos informes, ya que, en la medida en que por la modificación de la norma se ha constreñido el valor de la garantía al valor del bien, la no aportación de documento probatorio alguno sobre ese valor razonable conllevaría, en el caso en que no constara en la comunicación de créditos ni de cualquier otro modo el valor, la omisión de documentación por parte del acreedor conllevaría necesariamente que el valor del privilegio fuera inexistente y que el crédito debiera ser reconocido como ordinario.  

Aportada la documentación la Administración concursal deberá reconocer el valor dado, salvo que considerara más oportuna otra valoración, en cuyo caso y para la determinación de ésta, vendrá obligada la Administración Concursal a utilizar igualmente documentos probatorios análogos esta vez sí a su coste.

En cualquier caso tanto la valoración como la clasificación del crédito incluidos en el informe del administrador están sujetos a  su impugnación vía incidente concursal.

En conclusión, la modificación de estos artículos, supone por una lado, un ajuste entre realidad económica y concursal, y por otro una limitación a que los créditos privilegiados puedan existir con independencia de los bienes sobre los que están constituidos, provocando situaciones contrarias a la lógica como la proliferación de privilegios sin existir bienes que los soporten realmente. 

Además supone una evidente ventaja para el concurso pues al tiempo que limita los derechos afectos a privilegio, permite en aras de la pars conditio creditorum determinar qué parte de un bien está afecta al derecho accesorio sobre el mismo constituido y qué parte del mismo debe ser tratado según la naturaleza correspondiente a cada crédito.