Facebook Twitter LinkedIn Google Plus

EL FRACASO DE LA LEY 1/2013, LAS EJECUCIONES MASIVAS, LOS DESALOJOS FORZOSOS Y LAS DEUDAS HIPOTECARIAS ILEGITIMAS...

Autor: Rafael Mayoral Perales

El año 2014 se presenta como el primer año de vigencia de la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. En este contexto, corresponde entonces plantear una evaluación de la aplicación de esta normativa, cuyo objetivo inicial fue hacer frente al escándalo nacional e internacional derivado de las ejecuciones hipotecarias masivas en el Reino de España. 

“El objetivo estratégico para cualquier abogado que quiere afrontar un conflicto hipotecario, desde el punto de vista del deudor, será conseguir un acuerdo extrajudial”

Esta ley surgió como una supuesta solución a las espantosas consecuencias derivadas de la crisis económica, que ha golpeado a ciudadanos y ciudadanas en forma de desalojos forzosos, cuya cara más visible han sido los casos de población vulnerable sin alternativa habitacional.

El resultado de las políticas públicas adoptadas, deja un contraste difícil de comprender, desde el punto de vista del bienestar social. Cientos de familias españolas y extranjeras residentes en España se han visto condenadas a soportar deudas perpetuas e ilegítimas sin ninguna opción de respuesta por parte del Estado, mientras que los esfuerzos del Gobierno en favor de los bancos e instituciones de crédito, se han encaminado a sostener el mayor rescate financiero de la historia de España.

Según datos oficiales correspondientes al censo de población y vivienda del 2011, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas de España, existen alrededor de 6,5 millones de viviendas vacías. Esta cifra guarda estrecha relación con los datos proporcionados por el Consejo General del Poder Judicial, que registra un total de medio millón de ejecuciones hipotecarias, desde del estallido de burbuja inmobiliaria en 2008 hasta la presente fecha. Así mismo el Consejo ha determinado que en todo el territorio español se ejecutan alrededor de 200 desalojos forzosos al día.

Las ejecuciones hipotecarias masivas, no son un problema individual entre privados, por el contrario, se ha evidenciado un problema de consecuencias sociales de gran magnitud. Para comprender este fenómeno debemos analizar como la comercialización de préstamos hipotecarios, se han revelado como auténticos productos financieros tóxicos.

A lo largo de los años 90 el ordenamiento jurídico se adaptó a la medida de los especuladores: la despenalización de la usura, la penalización del uso de la vivienda vacía y abandonada, sumado la desregulación versus liberalización del sector financiero que pasó a ejercer el monopolio efectivo sobre la vivienda. Desde amplios sectores de la sociedad civil se ha calificado a este fenómeno como “la gran estafa”.

La crisis en 2008 supuso el estallido de ejecuciones hipotecarias masivas que han puesto en entredicho las garantías ofrecidas por el Reino de España a los justiciables. Como consecuencia, se han producido varias vulneraciones de DD.HH, entre las más destacables tenemos: violación del derechos al debido proceso que implica tanto el derecho a la defensa como el derecho a la tutela judicial efectiva; desalojos forzosos de población vulnerable sin alternativa habitacional; desprotección de la infancia; y condena a la pobreza y la exclusión social por medio de deudas perpetuas, ilegitimas e impagables.

A lo largo de esta crisis, el Tribunal Constitucional español ha sido incapaz de cumplir con sus obligaciones, al no garantizar los derechos fundamentales en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria. Según consta en el Auto 113/2011, de 19 de julio relativo a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Magistrado Guillem Soler i Solé, en aquel entonces del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de la ciudad de Sabadell, que preguntaba si el procedimiento de ejecución hipotecaria podía suponer una violación del derecho la defensa, del derecho a la tutela judicial efectiva, y del derecho a la vivienda. El TC denegó la cuestión planteada, alegando que la doctrina de este tribunal sostenía que, “cuando una persona suscribe una hipoteca consiente en ver su derecho a la defensa momentáneamente disminuido”.

A lo largo del año 2012, se sucedieron varias modificaciones legislativas, entre las que cabe destacar el Real Decreto 6/2012, Código de Buenas Prácticas Bancarias, también conocido como Código “Guindos”, así como también el Real Decreto Ley 27/2012 sobre Moratoria de lanzamientos. Ambas mediadas fueron claramente insuficientes para hacer frente al fenómeno.

La respuesta más eficaz ante la grave situación de las ejecuciones hipotecarias masivas ha venido de la mano del movimiento popular, y más en concreto de las Plataformas de Afectados por la hipoteca (PAH). Por medio de la movilización han conseguido la paralización de más de un millar de desahucios, miles de dación pago y alquileres sociales.

Así mismo, las PAH´s junto con otras organizaciones y movimientos sociales, entre los que destacamos las principales organizaciones sindicales y vecinales y el incipiente movimiento 15M, fueron capaces de impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que fue suscrita por casi un millón y medio de firmas. Esta iniciativa exigía una modificación legislativa que contemplase la dación en pago y el alquiler social como un derecho que debía incluirse en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El contenido de la iniciativa fue finalmente rechazado por el parlamento en el año 2013.

Gracias al desarrollo del conflicto social y la movilización de las PAH´s, se logró introducir en la agenda política del país el problema hipotecario, convirtiéndolo en una cuestión de primera magnitud, que incluso trascendía las fronteras del propio Estado. El movimiento social incipiente de las PAH´s se ha convertido en un actor esencial que ha sido reconocido por medios de comunicación, entidades financieras y autoridades políticas de todas de las instancias, desde lo local a lo europeo.

En este contexto, los residentes es España de origen extranjero, han sido uno de los colectivos más impactados por el problema hipotecario. Entre todas las nacionalidades, la población migrante más afectada ha sido la comunidad ecuatoriana, destacando desde el primer momento su participación en el movimiento social.

Esta situación condujo a que el Gobierno de la República del Ecuador tomase cartas en el asunto. El Presidente Rafael Correa y otras autoridades del país han realizado declaraciones públicas denunciando la situación y manifestando su voluntad de protección a sus nacionales. El compromiso político se evidenció cuando la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó en 2012 la Ley Orgánica para la regulación de los créditos para vivienda y vehículos, la cual regula la dación en pago e impide el cobro de deudas hipotecarias contraídas en el extranjero. Todas estas políticas obedecen a las disposiciones relativas a los derechos de movilidad humana, contempladas en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008.

En el mismo sentido, desde el año 2012 la Embajada de Ecuador en España ha brindado apoyo a sus ciudadanos a través del “Proyecto de Asesoramiento e Información en materia hipotecaria” que se ha brindado en sus consulados y que ha atendido a miles de ciudadanos.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Ecuador impulsó en enero de 2013 un litigio estratégico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en defensa de los intereses de las personas afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria.

En marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la Sentencia del caso AZIZ, la cual puso de manifiesto que el procedimiento de ejecución hipotecaria en España, incumple la normativa comunitaria europea en materia de derechos de los consumidores. Frente a ello, los legisladores apresuradamente intentaron introducir algunos elementos de la sentencia en la legislación española. No debemos olvidar que las sentencias del TJUE son de obligado cumplimiento, y pueden tener como consecuencia la sanción de la Unión Europea.

El 14 de mayo de 2013, se publica la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. El resultado solo podemos denominarlo como un fracaso. Esta norma nació herida de muerte, puesto que contempla una regulación del procedimiento judicial que atenta contra los principios básicos del derecho al debido proceso, manteniendo una escandalosa desigualdad de partes y con gravísimos elementos discriminatorios especialmente en lo referido a la moratoria de lanzamientos. De la misma manera mantiene la posibilidad de deudas perpetuas e ilegítimas que suponen la condena a la exclusión social y la pobreza.

Debemos decir que en estos momentos la Ley 1/2013 se enfrenta por lo menos a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 100 diputados, una cuestión de inconstitucionalidad interpuesta por Juzgado de Avilés y 26 cuestiones prejudiciales planteadas por diferentes juzgados ante el TJUE.

Para quienes ejercemos la defensa de los deudores, las estrategias para afrontar los procedimientos de ejecución hipotecaria, a partir de la Ley 1/2013, deben orientarse a entender que nos encontramos inmersos en un proceso legislativo - judicial extremadamente vivo y susceptible de cambios profundos en todos los órdenes. Al mismo tiempo, no podemos perder de vista la urgencia de las personas afectadas por encontrar una solución. En ese sentido, debemos ser capaces de exprimir las mínimas opciones que ofrece el procedimiento judicial, especialmente el trámite de oposición con cláusulas abusivas, sin dejar de experimentar cuantas opciones procesales se nos ocurran.

Al mismo tiempo, debemos que ser capaces de transmitir a la persona afectada, la necesidad de convertirse en un sujeto activo del proceso. Es nuestra obligación informarle y orientarle hacia la lucha colectiva que llevan adelante diferentes colectivos sociales, destacando entre ellos, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH). La presión de las organizaciones de la sociedad civil hacia las entidades financieras, mediante el ejercicio de los derechos democráticos, puede ser un elemento esencial para poder afrontar en buenas condiciones una posible salida extrajudicial. El objetivo estratégico para cualquier abogado que quiere afrontar un conflicto hipotecario, desde el punto de vista del deudor, será conseguir un acuerdo extrajudial, que de ser posible, se concrete en evitar deudas perpetuas y permitir la conservación de la posesión de la vivienda.