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EL ARBITRAJE EN EL SECTOR DE LOS JUEGOS Y APUESTAS DE AZAR...

Autor: Francisco Pérez Bes

En el Boletín Oficial del Estado de 28 de mayo de 2011 se publicó la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, cuyo objeto es el de regular la actividad de juego online de ámbito estatal y, de este modo, garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos.

“Resulta evidente la apuesta del legislador por el arbitraje como medio válido de resolución extrajudicial de controversias en materia de juego online”

En lo que respecta a la relación jurídica que se establece entre el jugador y el operador de juego, ésta se basa en la celebración de un contrato de juego entre ambas partes, en forma de contrato de adhesión, y que el usuario debe aceptar previamente a su participación en los servicios de juego y apuestas ofrecidos por el correspondiente operador. De este modo, la relación entre el participante y el operador habilitado constituye una relación de carácter privado, y por tanto, las disputas o controversias que pudieran surgir entre ellos estarán sujetas a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional civil, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora ejercida por la Dirección General de Ordenación del Juego, en tanto en cuanto no se cree la Comisión Nacional del Juego a que se refiere expresamente la Ley 13/2011.

Especialmente destacable es la exclusión expresa que de su ámbito de aplicación hace la nueva Directiva europea de consumo a las actividades de juego, circunstancia ésta que no podemos obviar. En efecto, la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, se refiere a las actividades de juego como “aquellas que implican apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidas las loterías, el juego en los casinos y las apuestas”.

Esta misma Directiva no duda en afirmar, ya en su Considerando 31, que “los juegos por dinero deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva. […] En relación con dichas actividades, los Estados miembros deben poder adoptar medidas diferentes, incluso más estrictas, de protección de los consumidores”. Tal exclusión se recoge después en el articulado de la norma, cuando en su artículo 3 señala que “la presente Directiva no se aplicará a los contratos: […] c) de actividades de juego por dinero que impliquen apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidas las loterías, los juegos de casino y las apuestas”.

Es decir, a los efectos de protección del usuario de juegos de azar, no sirven las herramientas tradicionales de protección del consumidor, sino que la Directiva señala que, en relación a este asunto, deben desarrollarse herramientas específicas que garanticen la debida protección jurídica del jugador. Así parece indicarlo también la Comunicación de 23 de octubre de 2012, de la Comisión, titulada “hacia un marco europeo global para los juegos de azar en línea”, cuando alude a la necesidad de, entre otros, un tratamiento eficaz de las denuncias, cuando se refiere a la adopción a nivel de la Unión Europea de un conjunto de principios comunes que tengan por objeto garantizar un alto nivel de protección de los consumidores (Bruselas, 23.10.2012. COM (2012) 596 final. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Hacia un marco europeo global para los juegos de azar en línea {SWD(2012) 345 final}).

Ahora bien, también dentro del ámbito de eventuales conflictos derivados de la actividad del juego, el artículo 25 de la Ley del Juego prevé una sumisión a un arbitraje privado y gratuito, que deberá ser gestionado por el órgano regulador. En efecto, dicho artículo dispone lo siguiente: “1. La Comisión Nacional del Juego actuará como órgano arbitral en los conflictos que le sometan los operadores de juegos, en el marco del régimen establecido en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, cuyas normas se aplicarán supletoriamente en lo no previsto en esta Ley ni en sus normas de desarrollo. 2. La función arbitral no tendrá carácter público y será gratuita, salvo los gastos generados por la práctica de las pruebas. 3. El procedimiento, que se regulará en el Estatuto de la Comisión Nacional del Juego, se ajustará a los principios de igualdad entre las partes, audiencia y contradicción” (Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. BOE de 21 de mayo de 2011).

En relación a este extremo, el artículo 26 de la Ley del Juego otorga las funciones de arbitraje al Consejo de la Comisión Nacional del Juego, que es un órgano que, al igual que la Comisión Nacional del Juego, tampoco se ha constituido todavía, por lo que las competencias en esta materia se mantienen en la esfera exclusiva de la Dirección General de Ordenación del Juego.

A la vista de lo anterior, resulta evidente la apuesta del legislador por el arbitraje como medio válido de resolución extrajudicial de controversias en materia de juego online, lo que va a requerir la disponibilidad de una serie de profesionales no sólo con amplias nociones en el sector del juego como tal, sino también de un profundo conocimiento del funcionamiento de Internet, que permita resolver, con las suficientes garantías, aquellos conflictos que puedan darse dentro de un sector tan específico y complejo.