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EL CONTROL DEL CORREO ELECTRÓNICO, UN ANÁLISIS COMPARATIVO...

Autora: Dña. Carmen Algar Jiménez

El correo electrónico, tiene un uso social y un uso profesional y desde éste ámbito con una doble vertiente:

A) Como herramienta de trabajo.

Los medios informáticos que la empresa pone a disposición de sus trabajadores son herramientas de trabajo y por tanto el uso razonable que se espera de ellas es únicamente con fines acordes a las labores y por tanto está sujeto al establecimiento de condiciones de acuerdo a las disposiciones del empleador, a la fiscalización pertinente y la eventualidad de sanciones laborales.

B) Como medio de comunicación tanto interna como externa dentro de la empresa.

Las diferencias entre el correo postal y el electrónico no pueden ser relevantes en cuanto a su incidencia en su protección. El soporte material en el que viaja el mensaje no debe ser un obstáculo para considerar su inviolabilidad, aunque puede considerarse que en la actualidad desde una óptica social puede parecer que no se equiparan ambos correos. 

EL PODER DE DIRECCIÓN Y CONTROL.

1.- COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO, puesta a disposición del trabajador por el empresario, dentro del marco organizativo y de producción, permite el control empresarial del uso del mismo en base a las normas laborales nacionales.

• En España.

El art 20 del Estatuto de los Trabajadores establece:

“… 3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso.”

Este artículo regula el poder de dirección y organización de la prestación, lo que supone para el empresario un conjunto de facultades, de poder de vigilancia, disciplinario y de control.

• En Perú.

La legislación nacional contempla la posibilidad de sanción, sea en virtud al inciso a) y/o al inciso c) del Art. 25° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) El uso de los medios informáticos está sujeto al establecimiento de condiciones y regulaciones de acuerdo a las disposiciones del empleador, a la fiscalización pertinente y la eventualidad de sanciones laborales.

• En Rep. Dominicana. 

La facultad de dirección viene recogido en el art 40 y 43 del Código de Trabajo, que establece los parámetros de este poder de control del empleador y donde los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador deben siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y practicarse con discreción según criterios de selección objetivos.

2.- COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN. El control de las comunicaciones efectuadas por el empresario en la empresa se ha concebido tradicionalmente, como una medida defensiva de éste para salvaguardar el patrimonio empresarial si bien, actualmente, los sistemas de comunicación dejan de concebirse como mera herramienta de trabajo y se presentan además, como medio de comunicación en los que el control empresarial de las comunicaciones se manifiesta, en principio, como el único medio posible de evaluar el cumplimiento de la prestación.

• En el Reino Unido.

Está en vigor las Lawful Business Practices Regulations, en desarrollo de la Regulation of Investigatory Powers Act 2000.

Esta norma autoriza a la empresa a controlar, interceptar y grabar cualquier llamada telefónica, correo electrónico o la navegación por internet, sin conocimiento del trabajador, siempre que la finalidad de tal interceptación encaje en alguno de los supuestos que se establecen. Entre otros, comprobar el cumplimiento de los códigos de conducta establecidos por la empresa respecto a las comunicaciones, detectar si las comunicaciones recibidas son privadas o de trabajo, el interés de la seguridad nacional, la prevención de delitos, o investigar el uso incorrecto de los sistemas de telecomunicaciones.

• En Francia.

En Francia la Corte de Casación, a través de la Sala con competencia en Derecho Social estableció como fundamentos que “el trabajador tiene derecho incluso en el horario y lugar de trabajo, al respeto de la intimidad de su vida privada; que esta última comprende en especial el secreto de la correspondencia.

El empleador no puede, sin violar esta libertad fundamental, tomar conocimiento de los mensajes personales, emitidos y recibidos por el empleado, gracias a una herramienta informática puesta a su disposición para el trabajo.

• En Argentina.

El Anteproyecto de Ley de Protección Jurídica del Correo Electrónico en su artículo 2° establece: “A los efectos legales, el correo electrónico se equipara a la correspondencia epistolar. La protección del correo electrónico abarca su creación, transmisión y almacenamiento”.

El art. 18 de la Carta Magna estipula: “El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados”.

La Cámara Nacional Criminal y Correccional de la Capital Federal, afirma que: “el correo electrónico es sin lugar a dudas correspondencia privada, que está protegida por la Constitución Nacional y otros tratados sobre derechos humanos incorporados a ella”.

• En República Dominicana.

El art 44.3 de la Constitución establece: “Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso.

Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley”.

• En España.

El art. 18.3 de la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones como un derecho fundamental.

El secreto de las comunicaciones que puesto en conexión con las nuevas tecnologías supone tal como establece el Tribunal Constitucional en su sentencia de 3 de abril de 2002 “ los avances tecnológicos que en los últimos tiempos se han producido en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente en conexión con el uso de la informática, hacen necesario un nuevo entendimiento del concepto de comunicación y del objeto de protección del derecho fundamental que extienda la protección a esos nuevos ámbitos como se deriva necesariamente del tenor literal del art. 18.3 CE”.

El Tribunal Constitucional establece que el art. 18.3 CE contiene una especial protección de las comunicaciones, cualquiera que sea el sistema empleado para realizarlas, que se declara indemne frente a cualquiera que sea el sistema empleado para realizarlas.