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EL DERECHO UNIFORME EN EL COMERCIO INTERNACIONAL...

Autor: Martín Jesús Urrea Salazar, Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Socio-Director del Bufete Martín Urrea.

Una de las cuestiones más clásicas y debatidas en el ámbito del comercio internacional es la necesidad o no de reglamentar mediante normas uniformes, ya se trate de normas de derecho material o de derecho internacional privado. Pero lo que subyace a la clásica tensión entre uniformización y armonización del derecho comercial internacional son los intereses, particularidades e idiosincrasia de cada sistema jurídico estatal, que cristalizan en un freno a la existencia de una reglamentación única. La armonización de las legislaciones es un “mal menor” para remediar este particularismo.      

Si la unificación material del derecho hace referencia a la existencia de unas reglas materiales de común aplicación al contrato con independencia del desarrollo del iter contractual. La unificación de las normas de derecho internacional privado implica la adopción mediante diferentes técnicas legislativas de unas reglas de conflicto o de competencia judicial internacional idénticas, en los distintos sistemas jurídicos locales. De esta forma, si no es posible llegar a un “consenso material”, al menos si unificar la forma de determinación del tribunal competente y del derecho estatal aplicable. La unificación material representa el ideal de reglamentación de las relaciones comerciales y sin duda que es la solución más óptima, pero la que más dificultades entraña.

Incluso en el ámbito de la Unión Europea, esta opción lo ha sido hasta el momento por las normas de derecho internacional privado, cuando no se ha optado por una armonización normativa mediante la opción por normas de “soft law” o por la adopción  de Directivas. Ejemplo de esto último, lo constituye el proceso de apertura de la contratación pública, mientras en el ámbito del Soft Law podemos destacar los Principles of European Contract Law también conocidos como principios LANDO. 

En el ámbito de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional-UNCITRAL-) se han adoptado diferentes “leyes modelo”. Se trata de textos normativos destinados a los legisladores nacionales pero carentes de eficacia jurídica directa. Poseen pues la virtualidad de ser un instrumento flexible, toda vez que los legisladores internos pueden adaptar la reglamentación contenida en el texto a sus particularidades. Destacan la Ley Modelo sobre la Contratación Pública de 2011, la Ley Modelo sobre comercio electrónico de 1996, o la Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional. 

También desde UNIDROIT (Instituto Internacional para la Unificación del derecho Privado), se ha reglamentado en la materia mediante normas de Soft Law. Los Principios UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales de 2010, constituyen una normativa que las partes pueden incorporar al contrato en el ámbito de su autonomía material. Se trata de un conjunto de reglas redactadas de manera comprensible y con un enfoque eminentemente práctico, lo que las convierte en un instrumento privilegiado en la reglamentación material de los contratos. Sin embargo, no constituyen un “derecho propio” en el sentido de los derechos nacionales. El preámbulo de los principios se refiere a su aplicación “cuando las partes no han escogido el derecho aplicable al contrato”, lo que constituye más bien un deseo que una realidad. Y es que, a diferencia de los árbitros, los jueces están vinculados por la aplicación de su derecho y en definitiva por la aplicación de la norma de conflicto.                         

En el proceso de integración regional acometido en el seno de la Unión Europea, la unificación de las normas de Derecho internacional privado en la materia se inició con la adopción de Convenios internacionales. En concreto los de Bruselas de 1968 y el de Lugano relativos a la competencia judicial internacional y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y el Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales de 19 de junio de 1980. Posteriormente y con fundamento en el art. 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativo a la cooperación judicial en materia civil (anterior art. 65 TCE), adoptaron una serie de reglamentos destinados a garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. Se trata del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, 22 de diciembre del 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (conocido como Bruselas I), y del Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). En ambas normas se contemplan los foros de competencia judicial internacional en materia civil y mercantil y las normas de conflicto destinadas a determinar el derecho aplicable. Y han venido a sustituir la reglamentación preexistente contenida en sendos Convenios Internacionales. El Reglamento Roma I tiene además en virtud de su art. 2 alcance universal, es decir que la ley designada en virtud de sus normas, resulta de aplicación aunque no sea la de un Estado miembro. 

Sin duda, que se trata de un proceso que puede ser calificado de “insuficiente” en cuanto reposa en la unificación de las normas de derecho internacional privado, es decir reglas de conflicto y de competencia judicial internacional

Es en este contexto en el que hay que enmarcar la propuesta de Reglamento relativo a una normativa común de compraventa europea (CESL), recientemente enmendado por el Parlamento Europeo (Resolución Legislativa de 26 de febrero de 2014). Se trata de una iniciativa adoptada en 2011 por el Parlamento Europeo y por el Consejo, que hay que enmarcar en el camino hacia la “necesaria” unificación material del derecho privado europeo. 

La propuesta CESL (por su acrónimo en inglés) en tanto Reglamento opcional, supone una novedad en la normativa contractual europea. Bajo las reglas de subsidiariedad y proporcionalidad establecidas por el art. 5 del TUE, entraña una normativa adaptada a las peculiaridades del comercio internacional, un “segundo régimen” en el sentido del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “El 28º régimen-Una alternativa para legislar menos a nivel comunitario”. En suma, un derecho contractual europeo que no deroga el derecho nacional “sino que supone una alternativa que deja su aplicación al arbitrio de las partes”. Un segundo régimen integrante del ordenamiento jurídico aplicable en el territorio de los Estados miembros, lo que permite diferenciarlo claramente del Soft Law.     

La propuesta, ambiciosa por su minuciosa y extensa reglamentación material vino a apoyar la pretensión sostenida por algunos autores de constituir “una teoría general” aplicable a cualquier tipo contractual. Las enmiendas introducidas en 2014 han restringido su ámbito de aplicación a la contratación a distancia y de manera especial a la on line. Lo que ha supuesto una restricción  del ámbito material que evidencia las dificultades existentes para unificar el derecho privado material en el seno de la Unión Europea.