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EL MITO DE LAS OBLIGACIONES DISTINTAS DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES...

Autor: Joaquín A. Mejía R., litigante ante la Comisión y Corte Interamericanas de derechos humanos

La herencia ilustrada le ha atribuido una marcada naturaleza individualista a los derechos humanos, concebidos únicamente como libertades negativas que se constituyen en una coraza contra cualquier intervención estatal en las esferas de la libertad natural de las personas.

De ahí la afirmación que los derechos económicos, sociales y culturales tienen una naturaleza distinta a la de los derechos civiles y políticos, ya que los segundos solo generan obligaciones negativas por parte del Estado, mientras que los segundos generan obligaciones positivas. En el primer caso, el Estado se limita a no interferir; en el segundo, debe realizar diversas acciones para atender las demandas sociales. 

Se apunta que los derechos civiles y políticos son derechos frente a los cuales el Estado está obligado a un resultado concreto, que es el de un orden jurídico-político que los respete y garantice; mientras que los segundos contienen obligaciones de medio o de comportamiento, lo que implica que para determinar si un Estado los ha violado, no basta con demostrar que no han sido satisfechos, sino que el comportamiento del poder público para alcanzar ese fin no se ha adecuado a los estándares apropiados.

Sin embargo, es fácil demostrar que todos los derechos humanos se caracterizan por contener un complejo de obligaciones negativas y positivas de parte del Estado, y por el carácter prestacional o participativo que también puede ser un atributo de los derechos civiles y políticos; por tanto, es rechazable creer que existe un derecho puro en el sentido de generar exclusivamente un tipo de obligaciones. 

Sólo piénsese en las acciones positivas del Estado para (a) asegurar el derecho al voto mediante la celebración de elecciones libres, las cuales abarcan cuestiones que van desde la compra de urnas, papel, tinta, hasta la formación de personal fiscalizador, la adecuación de los establecimientos necesarios donde ejercer el voto, y los sistemas de recuento; (b) la construcción y el mantenimiento de las vías de comunicación para asegurar la libertad económica; (c) la libertad de expresión que no sólo se reduce a la simple prohibición de la censura, sino que comprende también “la habilitación de centros culturales y plazas públicas, la subvención de publicaciones, la concesión de espacios gratuitos en radios o televisiones, o una regu¬lación, en general, que evite los monopolios y garantice el pluralismo informativo”(1).

(d) El derecho de propiedad que implica un sinnúmero de prestaciones públicas que van desde la creación y funcionamiento de los registros públicos de la propiedad hasta la financiación de juzgados, funcionarios y fuerzas de seguridad que puedan garantizar los contratos mercantiles; (e) el derecho a no ser torturado requiere de funcionarios policiales debidamente capacitados en principios garantistas, y de la construcción y mantenimiento de centros de detención adecuados, y en correspondencia con la dignidad de las personas detenidas; (f) el funcionamiento de los registros civiles para asegurar la validez jurídica de figuras constitucionales como los matrimonios, los divorcios, las defunciones, los nacimientos, etc.; (g) la estructuración del sistema judicial; (h) el sostenimiento del aparato policial y de defensa; todo ello implica utilizar importantes recursos financieros.

Piénsese en (a) el derecho a la salud que también incluye deberes negativos como el de prohibir que el Estado y/o particulares contaminen o que comercialicen productos en mal estado; (b) el derecho a una vivienda digna que entraña además el derecho a no ser desalo¬jado arbitrariamente y a no ser objeto de cláusulas abusivas en los contratos de arrendamiento; (c) el derecho al trabajo que implica la prohibición de los despidos injustificados o el respeto por la libertad de expresión de los trabajadores; (d) el derecho a la educación que también involucra la libertad de los padres a escoger el centro educativo de sus hijos; (e) los derechos de huelga y libre sindicalización que requieren la no intervención del Estado; etc. 

Es más, derechos como los de huelga y libre sindicalización se caracterizan por la ausencia de una obligación prestacional del Estado, y por la existencia de una obligación negativa para que los poderes públicos se abstengan de interferir en su ejercicio; en otros términos, aunque están dentro de la categoría de los derechos económicos, sociales y culturales, se instituyen con la misma técnica jurídica que los derechos civiles y políticos. Sobre esta base se puede sostener que hay derechos humanos con una naturaleza híbrida, incluso algunos derechos tradicionalmente considerados civiles y políticos como por ejemplo, el derecho al matrimonio y a fundar una familia, la cual, al ser considerada el elemento natural y fundamental de la sociedad, evidentemente tiene una naturaleza cambiante que hace que su función social no sea simplemente una cuestión de derechos civiles y políticos, sino también de derechos económicos, sociales y culturales(2).

En consecuencia, no puede hablarse de obligaciones negativas y positivas puras, y tampoco se debe seguir fraccionando a los derechos humanos en dos categorías en razón de la supuesta diferencia de las obligaciones que generan, ya que ello implicaría que algunos derechos como los de huelga y libertad sindical dejarían de ser derechos económicos, sociales y culturales, y otros derechos como la asistencia letrada gratuita en el marco de las garantías judiciales, dejaría de ser un derecho civil y político. 

Para que los derechos civiles y políticos tengan relevancia práctica y no queden en simple retórica constitucional o convencional, necesitan la conjugación de obligaciones estatales de no hacer y de hacer, de la misma forma que los derechos económicos, sociales y culturales. Podemos afirmar que clasificar los derechos humanos en función de los criterios que se han expuesto, hace que incurramos en un error axiológico que debilita el resguardo del todo, pues “la esencia de todos los derechos humanos es la misma: la dignidad humana”(3) y para protegerla, es necesario la acción positiva y negativa de todos los poderes públicos. Ya no se puede sostener la existencia de derechos humanos cuya garantía se limite a la mera abstención estatal, sino que de algún modo, todos ellos son derechos a prestaciones(4). 

1.    PISARELLO, Gerardo. Los derechos sociales y sus garantías.  Elementos para una reconstrucción. Trotta. Madrid. 2007, p. 60.
2.    DAVIDSON, Scott, “Introduction”. En CONTE, Alex, DAVIDSON, Scott and BURCHILL, Richard. Defining civil and political rights. The jurisprudence of the United Nations Human Rights Committee. Aldershot, Hants, England. Burlington, VT: Ashgate,  2004, p. 2. 
3.    TEXIER, Philippe. “Exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. En AA.VV. Construyendo una Agenda para la justiciabilidad de los Derechos Sociales. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. San José, Costa Rica. 2004, p. 13.
4.    MARTÍNEZ-PUJALTE, Antonio-Luis, MARTÍNEZ-PUJALTE, Antonio-Luis, La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales. Prólogo de Andrés Ollero Tassara. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1997, p. 95.