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EL MITO DE LOS DERECHOS CAROS...

Autor: Joaquín A. Mejía

Desde la irrupción normativa de los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) han sido considerados “derechos caros” que requieren de acciones positivas del Estado y cuya implementación está condicionada por los recursos públicos, a diferencia de los derechos civiles y políticos (DCP) que, al requerir solamente de la abstención estatal, son considerados derechos baratos.

No obstante, tales argumentos contrastan con la realidad pues no se puede ignorar que la protección de los DCP depende fundamentalmente del financiamiento público. Así como se necesitan recursos sustanciales para financiar la enseñanza elemental gratuita para todos y servicios de salud reproductiva para todas las mujeres, también se requieren recursos importantes para asegurar “sueldos razonables para los jueces y apoyo al sistema judicial de modo suficiente para impedir la corrupción” (1).

Si analizáramos un número considerable de presupuestos nacionales, comprobaríamos que la inversión para garantizar DCP como la vida, la seguridad personal, la propiedad privada y el acceso a la justicia, a menudo supera la inversión en materia social relacionada con los DESC. Así, podríamos afirmar, en primer lugar, que no hay un fundamento absoluto para hablar de derechos caros y derechos baratos. Tanto el derecho a la seguridad social como el derecho a la propiedad privada tienen costos públicos. El derecho a la libertad de expresión no es menos costoso que el derecho a una vivienda digna, el derecho a la libertad de contratación pública no tiene menos costos que el derecho a la atención de la salud; en fin, todos los derechos humanos necesitan del erario público (2).

En todo caso, que el sistema educativo público sea menos barato que el sistema electoral o policial, además de ser empíricamente discutible, “sólo arroja¬ría una diferencia cuantitativa que no puede traducirse en una pretendida diferencia ontológica entre el derecho a la educación o el derecho a la salud, de un lado, y el derecho a la propiedad privada o el derecho al sufragio, del otro” (3). Y en segundo lugar, que la falta de satisfacción de las necesidades básicas que requiere una persona para vivir dignamente, se debe, más que a una escasez de recursos, a las prioridades en que se asignan los recursos disponibles. Por tanto, lo que se necesita en gran medida es una reestructuración de los presupuestos públicos en el sentido de destinar inversiones adecuadas a las necesidades humanas elementales.

El costo que provoca la satisfacción de los DCP ha sido tradicionalmente asumido y por tanto, se da por supuesto; y aunque el costo de algunos DESC sea más visible, “el argumento del límite de los recursos no siempre apela una imposibilidad fáctica sino que a veces presupone un criterio ideológico sobre cuánto y en qué es apropiado invertir o gastar” (4). Es un hecho objetivo que lo reducido de los recursos constituye un obstáculo para la plena realización de tales derechos, pero también dentro de los parámetros de esos recursos limitados, es frecuente que los destinados a la satisfacción de los DESC sean insuficientes, y a su vez, que no sean utilizados de manera óptima. De ello se desprende que los Estados tienen la doble obligación de destinar recursos públicos por un monto suficiente para los DESC y velar por el uso apropiado de los mismos (5).

Sin duda alguna la escasez de recursos supone problemas de financiación pero no implica el ‘grado cero’ de vinculación jurídica en la implementación de los DESC (6), cuyo goce no depende sólo de la disponibilidad de recursos, sino también de la asignación de los recursos disponibles (7), y es claro que la mayor parte de los mismos se asigna a la protección de los DCP.

En definitiva, todos los derechos humanos suponen una cierta dimensión distributiva, unos con mayor impacto financiero que otros, por lo cual, su satisfacción no es una cuestión de decidir cómo garantizar los derechos “más caros”, sino de decidir en qué condiciones y bajo qué parámetros de prioridad deben asignarse los recursos disponibles para promover y asegurar el pleno desarrollo de la dignidad humana mediante la efectiva implementación de todos los derechos, cuestión que en la coyuntura actual, exige “una política social apropiada y unas medidas económicas por parte del Estado” (8) que permitan resolver el problema de la mala distribución de la riqueza y del reparto desigual de los títulos de las personas sobre los bienes existentes (9). Además, si es verdad que los derechos humanos cuestan, “también es cierto que cuestan aún más, también en el plano económico, sus violaciones e inobservancias”.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2000. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid-Barcelona-México. 2000, p. 80.
2. HOLMES, Stephen y SUNSTEIN, Cass R. The cost of rights. Why liberty depends on taxes. W. W. Norton & Company, New York-London. First edition. 1999, p. 15.
3. HIERRO, Liborio. “Los derechos económicos-sociales y el principio de igualdad en la teoría de los derechos de Robert Alexy”. En ALEXY, Robert, et al. Derechos sociales y ponderación. Ed. a cargo de Ricardo García Manrique. Fundación Coloquio Jurídico Europeo. Madrid. 2007, pp. 191-193.
4. RUÍZ MIGUEL, Alfonso. “Derechos liberales y derechos sociales”. En Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Nº 15-16. Alicante. 1994, p. 660.
5. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay. 9 de marzo de 2001. Capítulo V. Derechos económicos, sociales y culturales. A. Introducción, párr. 12.
6. GOMES CANOTILHO, José Joaquín. “Metodología ‘Fuzzy’ y ‘Camaleones normativos’ en la problemática actual de los derechos económicos, sociales y culturales”. Trad. de Francisco Astudillo. En Revista Derechos y Libertades. Año III, Nº 6. Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”. Madrid. Febrero 1998, p. 45.
7. CARAZO, Rodrigo Alberto. “Los derechos económicos, sociales y culturales”. En AA. VV., Memoria I Curso Interamericano de Sociedad Civil y Derechos Humanos. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 1999, p. 190.
8. PÉREZ LUÑO, Antonio E. Los derechos fundamentales. Tecnos. 6ª ed. Madrid. 1995, p. 212.
9. LÓPEZ CALERA, Nicolás. “Escasez y cambio de modelos”. En SAUCA CANO, José María (Ed.). Problemas actuales de los derechos fundamentales. Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 1994, p. 275.