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EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD A LA LUZ DE LOS DERECHOS HUMANOS...

Autor: Joaquín A Mejía R. 

El principio de progresividad contiene dos obligaciones a cargo del Estado: La primera es una obligación positiva que implica el deber de mejorar continuamente el goce de los derechos humanos, y la segunda es una obligación negativa que contiene el deber estatal de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya  existentes. Bajo estos parámetros, una violación de las obligaciones derivadas de la noción de progresividad puede tener lugar tanto si los Estados no toman ninguna medida para ir avanzando en el disfrute de los derechos (omisiones), como cuando toman medidas deliberadamente regresivas (acciones) (1). 

“Aunque el principio de progresividad se aplica fundamentalmente a los derechos económicos, sociales y culturales, es importante destacar que no se limita a ellos”

Aunque el principio de progresividad se aplica fundamentalmente a los derechos económicos, sociales y culturales, es importante destacar que no se limita a ellos, ya que el desarrollo progresivo es inherente a todos los instrumentos de derechos humanos en cuanto incluyen con frecuencia disposiciones que implícita o explícitamente prevén la expansión de los derechos en ellos, tal como sucede, por ejemplo, con los artículos 76 y 77 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, los principios formulados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fueron elaborados y ampliados en dicha convención; y análogamente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es una extensión de las normas y principios establecidos en los dos textos anteriores y en la Carta de la OEA (2).

Como lo señaló el Juez interamericano Piza Escalante, el principios de desarrollo progresivo si bien se refiere sobre todo a los derechos económicos, sociales y culturales, también debe entenderse aplicable a cualquiera de los derechos civiles y políticos, en la medida en que “éstos no resulten razonablemente exigibles por sí mismos, y viceversa, que las normas de la propia Convención deben entenderse aplicables extensivamente a los llamados ‘derechos económicos, sociales y culturales’ en la medida y aspectos en que éstos resulten razonablemente exigibles por sí mismos (como ocurre, por ejemplo, con el derecho de huelga)” (3).

Se trate de derechos económicos, sociales y culturales o de derechos civiles y políticos, debemos tener claro que la progresividad no significa que los Estados tengan total discrecionalidad para adoptar las medidas necesarias sin límites en el tiempo en el sentido de poder aplazarlas indefinidamente ni que no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización de los derechos, ya que cuando adoptan un tratado internacional asumen la obligación de avanzar continuamente hacia la plena efectividad de los derechos humanos reconocidos. 

Bajo estos parámetros, el fundamento de la progresividad radica en la obligación de los Estados de asegurar condiciones que, de acuerdo a sus recursos materiales, permitan avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales (4). Esta obligación de avanzar implica cierta gradualidad y de no regresividad en la satisfacción de tales derechos, y la idea de progreso en el sentido de que los Estados deben mejorar las condiciones de su ejercicio. (5) En palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la noción de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales “exige como mínimo que la vigencia y acceso a los mismos no se reduzca con el transcurso del tiempo” (6).

En línea con lo anterior, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ha entendido el principio de progresividad como “el criterio de avance paulatino en el establecimiento de las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de un derecho económico, social o cultural”; dicho avance debe ser medida con un sistema de indicadores de progreso que permita establecer las distancias entre la situación en la realidad y el estándar deseado; a su vez, ha entendido que la regresividad está prohibida, concebida ésta como “todas aquellas disposiciones o políticas cuya aplicación signifique un retroceso en el nivel del goce o ejercicio de un derecho protegido”. (7) 

En definitiva, aunque la noción de progresividad constituye un reconocimiento del hecho de que la plena realización de los derechos humanos generalmente no puede lograrse en un período corto de tiempo, ello no significa que la obligación de los Estados carezca de todo contenido significativo, sino simplemente que es necesario una cierta flexibilidad “que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales” (8).

 

1.    SEPÚLVEDA, Magdalena. “La interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la expresión ‘progresivamente’”. En COURTIS, Christian (Comp.). Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2006, pp. 124-127. 

2.    Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993. 11 de febrero de 1994. (ii) El principio del desarrollo progresivo, párr. 2.

3.    Corte Interamericana de Derechos Humanos. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Voto separado del juez Rodolfo E. Piza E, punto 6.

4.    Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993… op. cit., (ii) El principio del desarrollo progresivo, párr. 3. 

5.    ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Prólogo de Luigi Ferrajoli. Trotta. Madrid. 2ª ed. 2004, p. 93.

6.    Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 14 de octubre de 1993. Capítulo III: Los derechos económicos, sociales y culturales, párr.

7.    “AG/RES. 2074 (XXXV-O/05). Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador”, en Organización de Estados Americanos, Actas y documentos volumen I AG/DEC. 41 a AG/DEC. 45 (XXXV-O/05). AG/RES. 2061 a AG/RES. 2157 (XXXV-O/05). Textos y certificados de las declaraciones y resoluciones, Trigésimo quinto período de sesiones, Fort Lauderdale, Florida, Del 5 al 7 de junio de 2005, OEA/Ser.P/XXXV-O.2, Secretaría General, Washington, D. C., 24 de octubre de 2005. Las citas textuales corresponden, en su orden, a las pp. 48 y 50.
8.    Comité DESC, Observación General N° 3 (1990). La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), párr. 9.