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EL RECURSO DE REVISIÓN COMO ÚNICO RECURSO EN EL PROCESO ARBITRAL GUATEMALTECO...

Autor: Francisco José Castillo Love, abogado y notario, Megister Artium en Economía (Magna Cum Laude) Universidad Francisco Marroquin (Guatemala)

Es inevitable que los hombres que viven en sociedad tengan conflictos y divergencias entre ellos, los que deber ser resueltos prontamente. En las sociedades actuales, es el Estado el que resuelve estas controversias por medio de tribunales especializados, reservándose para sí el ejercicio de la función jurisdiccional. Sin embargo, los tribunales ordinarios en muchas ocasiones llevan a cabo su labor en forma ineficiente, las resoluciones llegan muy tarde, la calidad de los jueces no es siempre la deseable y el conocimiento en la materia que genera el conflicto no siempre es el que debiera, lo que hace que los particulares prefieran resolver sus controversias por medio de árbitros.

“Guatemala ha estado a la zaga en el arbitraje privado que tiene muy poca aceptación, debido en gran parte a que no ha apoyado la institución arbitral”

El arbitraje como tal ofrece ventajas: una pronta resolución al conflicto, los árbitros son escogidos por el conocimiento que poseen sobre la materia arbitrable, pero el costo económico que implica someter a arbitraje una diferencia es elevado, lo que desmotiva el arbitraje.

Guatemala reconoce y acepta el arbitraje en el derecho internacional público y son frecuentes los laudos arbitrales dictados por tribunales en contra o a favor del Estado de Guatemala. Es más, en la mayoría de los tratados de libre comercio y convenios se contempla el arbitraje como una forma de resolver los conflictos que se generan entre los Estados. 

Guatemala ha estado a la zaga en el arbitraje privado que tiene muy poca aceptación, debido en gran parte a que no ha apoyado la institución arbitral.

Una breve reseña legislativa, nos muestra que en el año 1934, el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil1 establecía la vía ejecutiva para el caso que, existiendo cláusula arbitral, alguna de las partes rehusara ir al mismo. Este procedimiento hacía difícil, engorroso y más costoso el arbitraje porque debía acudirse previamente a los tribunales ordinarios, si una de las partes se negaba a ir al arbitraje. 

El Código Procesal Civil y Mercantil de 19652 derogó la disposición anterior, sin embargo, estableció el procedimiento incidental si una de las partes, existiendo cláusula compromisoria, se negaba a ir a arbitraje. 

Para de fortalecer la institución arbitral, se promulgó la Ley de Arbitraje, Decreto 67-95 del Congreso de la Republica, cuyo objetivo fue el de dar una mayor facilidad para someter controversias a arbitraje cuando existía cláusula arbitral, apoyar el desarrollo del arbitraje en Guatemala y disminuir la carga de trabajo a los tribunales ordinarios. 

El Código Procesal Civil y Mercantil, establecía como único recurso en contra de los laudos arbitrales, el recurso de casación y señalaba un numerus clausus para la interposición del mismo.

Es importante resaltar que el artículo 632 del cuerpo legal precitado, específicamente mencionaba que si la Corte Suprema de Justicia declaraba con lugar el recurso de casación, se limitaba a casar3 el laudo y no le era dable pronunciarse sobre el fondo del asunto. Contemplaba la teoría del reenvío de entero acuerdo con el espíritu del arbitraje, ya que si las partes, en uso de la autonomía de la libertad, habían decidido someter sus diferencias a un tribunal arbitral, era éste el que debía dirimir esta controversia y no podían los tribunales ordinarios pronunciarse sobre el fondo del asunto. Puede aceptarse que el Estado fiscalice el proceso arbitral evitando que se vulneren derechos procesales a una de las partes, esta fiscalización debe ser únicamente en violaciones in procedendo o para el caso que el laudo fuera contrario al orden público. El recurso contra el laudo arbitral, solo puede aceptarse para garantizar la legalidad del proceso.

El recurso de casación en contra del laudo arbitral como único medio de impugnación, fue derogado por la Ley de Arbitraje, la que creó el denominado recurso de revisión como único recurso que puede interponerse4. Si bien es cierto, el recurso de revisión, contenido en la Ley de Arbitraje contempla únicamente ciertos casos en que puede interponerse, la falta de conocimiento de los magistrados de la doctrina arbitral ha dado por resultado que este recurso esté sirviendo para desmotivar a las partes a acudir a arbitrar una controversia. 

El hecho de crear el recurso de revisión en la ley, ha sido un gravísimo error, que esta ocasionando un grave daño a la institución arbitral. Si bien es cierto para poder interponer el recurso de revisión, las salas de apelaciones, deben ceñirse a los motivos específicamente señalados en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje, así como que la parte que interpone el recurso debe haber planteado previamente una protesta u objeción, lo que ha originado confusión, entre los magistrados, es la parte del artículo recién citado que literalmente dice: “La resolución del recurso de revisión deberá confirmar, revocar o modificar el laudo arbitral y en caso de revocación o modificación se hará el pronunciamiento correspondiente”. Esta disposición, interpretada dentro del espíritu del arbitraje, no debiera de causar mayores problemas, sin embargo sí la interpretación de los magistrados, ignorantes del arbitraje, ven en la institución arbitral a un competidor y no a un aliado, asimilan el recurso de revisión a un recurso de apelación, modificando el fondo del laudo arbitral, y dejan sin certeza el laudo. 

Recientemente la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Departamento de Guatemala, sin que existiera un motivo concreto, ni protesta previa, en abierta violación a las normas de la Ley de Arbitraje, interpretó el recurso de revisión, como un recurso de apelación y resolvió el fondo del laudo arbitral, desnaturalizando el arbitraje en su esencia, ya que si las partes han decidió que la controversia sea resuelta por un tribunal arbitral y no por los tribunales ordinarios, resulta un contrasentido que la controversia sea resuelta en definitiva por jueces ordinarios.

Si los magistrados siguen interpretando el recurso de revisión, como un recurso de apelación y no se reforma la Ley de Arbitraje prohibiendo a los magistrados pronunciarse sobre el fondo del laudo, será darle la estocada final al arbitraje guatemalteco.

1.    Decreto 2009 de la Asamblea Legislativa que derogó el Decreto Gubernativo 175 del 8 de marzo de 1877.
2.    Decreto Ley 107 del 14 de septiembre de 1963, en vigor desde el 1 de julio de 1964, según Decreto Ley 108.
3.    Tiene el significado de anular.
4.    Ley de Arbitraje, artículo 43.