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EL SECRETO PROFESIONAL EN RELACIÓN CON EL BLANQUEO DE CAPITALES...

Departamento de Derecho Penal Estudio Jurídico Ejaso

Los abogados se han convertido desde la entrada en vigor de las Directivas de la Unión Europea 2001/97/CE y 2005/60/CE introducida en la legislación nacional mediante la ley 19/2003 de 4 de Julio y mas recientemente con la Ley 10/2010, en sujetos obligados a colaborar estrechamente con el plan de prevención del blanqueo de capitales siempre que desempeñen actuaciones para sus clientes encaminadas a la gestión, administración y transacciones sobre sociedades, cuentas bancarias ,bienes inmuebles. Estas obligaciones nacen en el momento que se emplean las materias establecidas en el artículo 2 de la Ley 10/2010 y que tratan exclusivamente sobre gestión de negocios o fondos del cliente (Apertura o gestión de cuentas corrientes, de ahorro o de valores, compraventa de inmuebles o entidades comerciales, gestión de fondos, valores o activos, organización de empresas, actuación por cuenta del cliente en operaciones financieras o inmobiliarias, fideicomiso o estructuras análogas).

Una de las obligaciones más chocantes que tienen los abogados de empresa o asesores jurídicos, y que pone en controversia al secreto profesional con el delito de blanqueo de capitales, es la obligación de poner en conocimiento del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales) las operaciones que resulten sospechosas y lo que es más llamativo, se debe de realizar sin que el propio cliente tenga conocimiento de tal comunicación. Traicionando así la confianza de aquel al que defiende y representa, quebrantando a todas luces el secreto profesional que los ampara. Pero lo peor de todo es que después de haber comunicado la presunta actividad sospechosa, deben seguir tratando con el cliente como si no hubiese comunicado nada, ya que el abandono del ejercicio profesional en ese asunto concreto , podría suponer el deterioro de la investigación policial que se inició cuando llegó la comunicación al SEPBLAC. Por tanto el abogado en este aspecto se podría convertir en un mero confidente del estado, o incluso y llegando mucho más lejos se convertiría en un agente encubierto , ya que si la relación abogado cliente se basa en una relación de estrecha y estricta confianza, y el cliente se muestra conforme con el asesoramiento recibido, y el abogado no le indicara los riesgos da tal operación, limitándose tan solo a comunicar al SEPBLAC la sospechosa actividad de su cliente ,podría estar incluso llevándole de la mano hacia un precipicio.

Otra cosa distinta sería, si el abogado de empresa o asesor jurídico, le explicase los riesgos a que se expone realizando la actividad que pretende, aconsejándole no realizarla, y el propio cliente de motu propio es quien se posiciona firmemente en su pretensión continuando dicha actividad. En este caso el abogado le habría asesorado fielmente, indicándole la problemática en la que pudiera verse inmerso. Y sería el propio cliente quien tomase la decisión de llevar a cabo la pretendida operación o actividad. No obstante aún en este supuesto en el que el abogado comunicase la operación sospechosa de su cliente, no podríamos hablar de una profesionalidad ejemplar por parte del abogado, ya que éste se estaría apoyando en la normativa vigente para actuar con la mas estricta legalidad, pero por otro lado estaría traicionando la confianza de quien le habría encomendado el asesoramiento profesional, quebrantando así las normas deontológicas más básicas y elementales. Por todo ello existe un conflicto entre el abogado y la obligación antiblanqueo al incluirles en los llamados sujetos obligados, en aquellos casos en los que el profesional de la abogacía (Abogado de empresa o asesor jurídico) se convierte en mero gestor de negocios de su cliente, careciendo del interés público que posee el ejercicio profesional dentro de un proceso judicial, y en el que el secreto profesional no es tan esencial y vinculante. El comunicar cualquier actividad sospechosa de su cliente no traería consigo el quebrantamiento del secreto profesional ya que en este caso concreto la condición de abogado defensor brillaría por su ausencia.

Del mismo modo cuando la comunicación al SEPBLAC por una supuesta actividad o operación sospechosa la realizase otro sujeto obligado diferente al profesional de la abogacía, como pudieran ser los notarios, gestores etc, no se estaría quebrantando ningún secreto profesional ya que esos profesionales están liberados de esas obligaciones. Dentro de estos gremios no existe en ningún momento del desempeño de sus funciones profesionales la relación de confianza que si existe dentro de los profesionales del sector de la abogacía y que trae consigo el secreto profesional que les ampara, junto con el deber esencial de lealtad que les caracteriza. El abogado en algunos casos se mueve en un terreno pantanoso, ya que si comunica al SEPBLAC una operación presuntamente sospechosa de su propio cliente, podría estar cometiendo un delito de revelación de secretos, y si se abstiene de realizar tal comunicación podrían recaer sobre el referido profesional distintos tipos de responsabilidades.

Otro aspecto totalmente diferenciado de los anteriores es el papel que ocupa el abogado que actúa judicialmente dentro del marco del derecho de defensa, es decir aquel profesional a quien encomienda una defensa estrictamente jurídica. En este caso concreto cuando el abogado actúa defendiendo los intereses de su cliente en funciones de estricta defensa, lo que prevalece es la tutela judicial, que como bien es sabido es un derecho fundamental. En estos casos el abogado debe defender los intereses de su cliente para que tenga un juicio con todas las garantías. Es en este ámbito del derecho cuando el secreto profesional alcanza su máxima extensión, ya que persigue un bien jurídico. La defensa jurídica y el asesoramiento estrictamente jurídico son inseparables del secreto profesional e incompatible con las obligaciones de control al cliente e información al Servicio Ejecutivo de prevención del blanqueo de capitales, de operaciones sospechosas. El asesoramiento cuando es estrictamente jurídico, a diferencia del asesoramiento en la gestión, representación, administración, es una función propia del abogado profesional que está recogida dentro del artículo 542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se habla que le corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y el consejo jurídico. En su apartado segundo se habla de la actuación ante los juzgados y tribunales, diciendo que los abogados son libres e independientes, se sujetan al principio de buena fe, y gozan de los derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa. En su apartado tercero aluden a que los abogados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos .En definitiva el abogado defensor debe respetar siempre el secreto profesional con la única finalidad de estar protegiendo indirectamente a la sociedad en sí , ya que es la garantía del derecho de defensa consagrado en el artículo 24 de nuestra constitución y del derecho a la intimidad también consagrado en el artículo 18 de nuestra carta Magna.