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EL SILENCIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUERTE...


El silenciamiento institucional de la muerte y la tortura en cárceles y comisarías bonaerenses

 Gabriel Elías Ganón


Ms de la Universidad de Barcelona, Abogado especialista en Derecho Penal de la UNL, Ex Becario del Foreign Commonwealth Office, ExBecario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Diplomado en Derechos Económicos Sociales y Culturales de la UNLA; Ex Becario de Oxford University, Visiting Research Fellow de Cape Town University y de la University of East London. Fue Defensor Jefe del Departamento Judicial de San Nicolás desde 2002 hasta 2011. Actualmente se desempeña como Defensor General de Santa Fe. Docente de Grado y Posgrado de Criminología y Control Social de la UNR, UNL y la UNMP. Ha escrito numerosos artículos en revistas de Derecho Penal y Criminología y artículos en diarios de circulación nacional y provincial. 


Durante los últimos años algunos procesos de trabajo vinculados con la investigación de la sistemática y cruenta violencia institucional bonaerense, parecen consolidarse con la mirada cómplice de las autoridades responsables de evitarla. Este grave estado de situación del que dan cuenta anualmente, tanto la Comisión Provincial por la Memoria o el Centro de Estudios Legales y Sociales, tiene como contratara la producción de acciones institucionales destinadas a lograr su sutil ocultamiento. En este sentido, quiero dejar claro que no me refiero a las ya tan comunes como conocidas acciones de negación literal sino a procedimientos mucho más profundos y tenues. No se trata aquí, de negar brutalmente la realidad con las palabras, como ocurrió sobre finales de marzo cuando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Secretario de Política Penitencia Cesar Albarracín, afirmara con desparpajo y sin tapujos: “… que no es cierto que en las cárceles bonaerenses se torture o que la gente se muera por falta de alimentación y/o atención médica porque si as afirmaciones del CELS y la Comisión por la Memoria fueran ciertas los hechos hubieran sido castigados por el poder judicial y eso no solo no ha ocurrido sino que los fiscales han archivado las denuncias…” sino en provocar y alejar del escrutinio público la crueldad en forma mecánica y silenciosa desde de su registro.

“Cómo se logra romper con los presupuestos inscriptos en las 
experiencias cotidianas que continúan permitiendo esconder tanto la crueldad de la violencia institucional como la desidia 
voluntaria en su investigación”

Llegados a este punto, cabe preguntarse, cómo se logra romper con los presupuestos inscriptos en las experiencias cotidianas que continúan permitiendo esconder tanto la crueldad de la violencia institucional como la desidia voluntaria en su investigación. Para que todo esto ocurra se requiere la construcción de categorías que evadan el ojo de la crítica. Unas categorías muy concretas y precisas que permitan la normalización y la exclusión de responsabilidades- administrativas y/o penales- para que los informes obligatorios de los agentes estatales a cargo de la custodia y “cuidado” naturalicen la violencia, la enfermad o la muerte Así, si el personal policial o penitenciario golpea a un detenido no es poco común encontrar en la formalización obligatoria de esa comunicación textos como estos: 

“…Pongo en conocimiento de S. S. que N. N luego de utilizar la mínima fuerza necesaria para reducirlo cuando lo ingresamos a la celda comenzó a golpearse contra los barrotes…”; “N. N se resultó lesionado luego de resbalarse en el baño cuando se estaba bañando…”.

En sentido similar, también lejos de la crítica, se comunica la muerte de presos en custodia:

“Llevo a conocimiento de S. S. que en el día de la fecha dejo de existir N. N como consecuencia de muerte natural por un paro cardiorespiratorio en el Hospital Zonal luego de ser trasladado de urgencia por el Servicio de Sanidad de la Unidad…”

Estas precisas informaciones, que ponen en juego una serie de recursos lingüísticos y retóricos, dirigidas a encubrir la realidad de lo ocurrido, son tomados sin escrutinio alguno por parte de la autoridad responsable de su investigación, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Así, la Procuración lejos tanto de ordenar y controlar como se investigan estos hechos como de registrarlos como eventuales delitos, los codifica con categorías absurdas. De este modo, lo que bien pudo ser una golpiza y como tal ser investigada se carga en el Sistema de Información Estadística del Ministerio Público (SIMP) como autolesiones; lo también que pudo ser una muerte como consecuencia del abandono, la desidia de la administración penitenciaria por no asistir sanitariamente en tiempo y forma a una persona enferma se ingresa como muerte natural. 

Esto ocurre aunque el sentido común indica que las personas jóvenes, los encerrados lo son, no suelen morirse “naturalmente” de un paro cardiaco respiratorio. La consolidación y construcción de categorías semejantes, permite la consolidación cultural de ciertas prácticas reñidas con el estado de derecho, esconde del escrutinio público su ocurrencia, fomenta la inactividad investigativa y niega los más elementales derechos humanos de los privados de libertad. 

Resumiendo, si un preso ha sido lesionado cuando estaba detenido se debería suponer la responsabilidad del encargado de su custodia quien deberá demostrar la ausencia de culpa o dolo pero jamás al contrario. En un sentido similar, si una persona privada de su libertad muere en custodia por enfermedad (SIDA o TBC) es en principio una muerte causada por el estado que también debe ser investigada.

Sin embargo, parece ser que la Procuración General ha decidido elaborar, con conocimiento o sin él, unos registros que codifican, naturalizan y ocultan conductas delictivas. Así las cosas, es el propio Sistema Estadístico de la Procuración de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires el que se convierte en puente del silencio sobre la tortura y la muerte. No creo, ni me permito suponer, que al silenciar la muerte, la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires haya pretendido o pretenda mejorar la poco aceitada maquinaria de destrucción de personas que son hoy por hoy las cárceles bonaerenses. Sin embargo, el uso de ciertas palabras y el no uso de otras como la muerte, con voluntad o sin ella, sostienen en cierta medida en el imaginario social de los operadores judiciales de la existencia de una categoría de personas que por haber perdido la libertad han dejado de serlo.