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ENTREVISTA CARLOS CARNICER...

"Una Justicia lenta deja de ser Justicia para los ciudadanos"

Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son de vital importancia para cualquier país democrático, aunque el entorno económico en numerosas ocasiones hace que se dejen de lado muchos de ellos, y lo más preocupante es que en demasiadas ocasiones ni somos conscientes de que se están vulnerando. Carlos Carnicer, nos ofrece la visión de la abogacía con respecto a este tema y hace especial hincapié en lo importante que es que se vele por estos Derechos. 

Foro Jurídico Iberoamericano.- ¿Cómo defiende el Derecho Internacional los Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

Carlos Carnicer.- Los derechos humanos se defienden todavía en buena parte del mundo con numerosas carencias, a pesar del importante desarrollo dogmático y doctrinal y de la creación de instrumentos legales o judiciales para su revisión. En América Latina, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pionero en tantas cosas, ha hecho y hace una gran labor. Sin embargo, estos tribunales, aparte de desarrollar una labor subsidiaria a la de los gobiernos, o precisamente por ello, corrigen las vulneraciones de los derechos humanos demasiado tarde, y una Justicia lenta deja de ser Justicia para los ciudadanos.

El respeto por los derechos humanos necesita la aplicación de unas leyes acordes con los instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pero también a través de la utilización por los Estados de políticas públicas adecuadas, de desembolsos presupuestarios necesarios y de una revisión judicial correcta cuando ésta es necesaria para defender los derechos humanos de sus ciudadanos.

Los ayuntamientos, los Parlamentos, los Gobiernos y sus Administraciones Públicas, los tribunales ordinarios… todos son necesarios para poner en marcha la apuesta por la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, que deben inspirar el proceder de las administraciones públicas en Iberoamérica.

“Con la quiebra de derechos fundamentales de las víctimas está en riesgo el crédito de las instituciones”

FORJIB.- ¿Cómo han evolucionado estos Derechos y su lucha contra ellos en los últimos años?

C.C.- Es obligado reconocer que se ha mejorado mucho, pero queda mucho por hacer. El desarrollo de Convenciones Internacionales ha llenado de contenido el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1.966. Sin embargo, en numerosos aspectos, estos derechos implican la necesidad de la existencia de Estados vigorosos y vigilantes, con voluntad política capaz de corregir las desigualdades que generan ciertas actuaciones macroeconómicas de los Gobiernos. No siempre encontramos esto. Incluso puede haber posturas ideológicas que dificulten la efectividad de la realización de esos derechos. Estamos viviendo ahora en la Europa y en la España de la crisis económica situaciones sufridas anteriormente en muchos países latinoamericanos. Las políticas de reducción obsesiva del déficit dejan a muchos ciudadanos muy alejados del acceso a derechos relacionados con la protección social, la vivienda, el empleo e incluso la alimentación.

FORJIB.- Desde los organismos oficiales, ¿qué actuaciones se realizan para que no se vulneren los DESC dentro de la ciudadanía Iberoamericana?

C.C.- Hay acciones concretas muy interesantes. La cooperación española ha venido desarrollando una gran labor en Iberoamérica, junto a las instituciones nacionales, en el impulso de la protección de derechos y de la sensibilización social. También en el ámbito de formación. Acciones de la Agencia Española de Cooperación (AECID), como el Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, con el que colaboramos desde la Abogacía Española desde hace unos cuantos años, han favorecido la formación de funcionarios para una efectiva protección de los derechos de los ciudadanos. Es lamentable que la Ayuda Española se haya cortado de la forma que se ha hecho, afectando negativamente a numerosas iniciativas de cooperación con la región…

La Abogacía realiza una apuesta continuada y cercana a los ciudadanos e instituciones para fomentar el desarrollo y protección de los derechos humanos en Iberoamérica, por ejemplo, a través de la Fundación Abogacía Española, una entidad sin ánimo de lucro creada por el Consejo General de la Abogacía Española en el año 2003. En su experiencia en los proyectos desarrollados, se ha puesto siempre de manifiesto la extraordinaria receptividad y sensibilidad hacia la protección de derechos de los funcionarios de los países iberoamericanos, no siempre bien aprovechadas debido a motivos presupuestarios, o debido a la existencia de dinámicas del pasado que cuesta mucho romper.

“Desde la Abogacía apostamos por el Estado Social y de Derecho como garante de la igualdad y ésta es tributaria de la justicia”

FORJIB.- ¿Cómo vulnera estos derechos la reforma de las tasas judiciales en España?

C.C.- Miles de ciudadanos, entre ellos muchos inmigrantes, ya están sufriendo en sus bolsillos y en el ejercicio de la tutela judicial efectiva de sus derechos la imposición de una ley innecesaria, injusta y, por tanto, inconstitucional que fue aprobada prácticamente sin debate y por el procedimiento de urgencia.

La Ley de Tasas en nada ha aportado soluciones a los problemas actuales de la Justicia, ni siquiera la recaudación obtenida es suficiente para destinarla al mantenimiento del Servicio de Justicia Gratuita; todo lo contrario, los está agravando. Además, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses pone en peligro la tutela judicial efectiva y ha consagrado una justicia para ricos –personas afortunadas que pueden abonarlas independientemente de su cuantía y grandes empresas que tienen la posibilidad de descontar el coste del tributo en sus cuentas anuales- y otra justicia para pobres –ciudadanos que podrán acogerse al beneficio de Justicia Gratuita- pero que dejará sin Derecho de Defensa a millones de
personas.

Todos estos impedimentos están haciendo desistir a los ciudadanos a la hora de defender sus derechos ante la Justicia. Frente a esta injusticia, la unanimidad política y social frente a las tasas judiciales es prácticamente total: la Abogacía Española se encuentra a la cabeza de las críticas, pero también han censurado esta ley el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, gobiernos de varias comunidades autónomas que han presentado recurso de inconstitucionalidad, al igual que el Grupo Parlamentario Socialista, las asociaciones de jueces y magistrados, de fiscales y de secretarios judiciales, los funcionarios de Justicia, todos los sindicatos representativos, las asociaciones de consumidores y usuarios… Hasta la Audiencia Nacional ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad contra una ley que impone barreras a ciudadanos para acceder a la Justicia.

“Las políticas de reducción obsesiva del déficit dejan a muchos ciudadanos muy alejados del acceso a derechos relacionados con la protección social, la vivienda, el empleo e incluso la alimentación”

FORJIB.- ¿La crisis económica en un país hace que los derechos de los inmigrantes se vean reducidos?

C.C.- No debería corresponder a los abogados buscar las posibles soluciones a la crisis si no fuera porque sus efectos no sólo se están sintiendo en la economía de los propios despachos, sino porque sus víctimas son los sectores menos favorecidos, los últimos eslabones de la cadena, los inmigrantes en un elevado porcentaje.
Los que pierden la vivienda pero mantienen la deuda, los parados, los menores, los discapacitados, los enfermos, los mayores, las personas privadas de libertad, las victimas de todo tipo, especialmente las de la violencia de género… todos estos problemas se agravan si afectan a inmigrantes.

Ellos nos legitiman institucionalmente para pedir a los Gobiernos, tanto de España como de Iberoamérica, soluciones, otras soluciones cuyo objetivo sean los ciudadanos. Con la quiebra de derechos fundamentales de las víctimas está en riesgo el crédito de las instituciones.

FORJIB.- Dentro de América Latina, ¿cuáles cree que son los mayores problemas en cuanto a estos derechos?

C.C.- El esfuerzo que se está realizando en muchos países es importante. La creación de nuevas instituciones orientadas a las mejoras en los derechos sociales es una realidad. Fijémonos en la importancia de las Defensorías Públicas, o la aparición de tribunales especializados en personas con discapacidad o en víctimas de violencia de género, o también miremos la creciente capacitación de los funcionarios en sus especialidades con enfoque de derechos humanos. Desde la Abogacía Española trabajamos en la mejora del acceso a la justicia de colectivos vulnerables a través del Programa Eurosocial II y existe una enorme receptividad y una gran sensibilidad de las autoridades y las instituciones por el fortalecimientos de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

FORJIB.- España actualmente es un país emigrante, sobre todo hacia América Latina, ¿existen herramientas jurídicas específicas que velen por la no vulneración de sus Derechos?

C.C.- Desde la Abogacía, independientemente del entorno geográfico, apostamos por el Estado Social y de Derecho como garante de la igualdad y ésta es tributaria de la justicia. Los excluidos no son solo los reconocidos y colectivamente afectados, sino todos aquellos que no pueden acceder al ejercicio de sus derechos por carecer de medios para asesorarse o litigar. Las conquistas sociales no son privilegios sino derechos.

Sobre las herramientas necesarias para no vulnerar los derechos humanos, tengo que recordar lo que dice el ex presidente de Brasil Lula da Silva, “los políticos deben pensar más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones”.

FORJIB.- En cuanto a Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cuál cree que es la mayor problemática dentro de América Latina?, ¿Y en España?

C.C.- En situaciones de crisis económica, los problemas también tienen un entorno global, sin diferenciar entre fronteras ni entre ideologías. Lacras como el desempleo, la pérdida de poder económico por los más desfavorecidos, la pérdida de bienes o servicios fundamentales para la subsistencia como la vivienda, la sanidad o, incluso, la enseñanza no son patrimonio de un país sino que son las consecuencias más sangrantes de una crisis económica que afecta principalmente a los más desfavorecidos.

FORJIB.- ¿Existe una lucha conjunta entre la ciudadanía iberoamericana para defender los DESC?

C.C.- La historia de la humanidad es sobre todo una secuencia de acciones para limitar y erradicar las decisiones arbitrarias mediante el imperio de la Ley. También, por supuesto, en Iberoamérica. La conciencia social de que los derechos económicos, sociales y culturales son un bien irrenunciable y especialmente protegible es ya, afortunadamente, casi universal. Otra cosa es que, en algunos países, esa conciencia social generalizada no sea todavía una práctica legal consolidada.

FORJIB.- ¿Cómo ve usted la Seguridad Jurídica tanto en España como en América Latina?

C.C.- El principio de seguridad jurídica busca que el ordenamiento sea correctamente aplicado, es decir, con justicia, es la garantía dada por el Estado al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a producirse, le serán asegurados por la sociedad. A partir de este concepto se crea un marco con unas reglas del juego que permiten a los ciudadanos y a las empresas ejercer sus derechos fundamentales con garantías, independientemente de los avatares políticos. Se reduce así significativamente la incertidumbre y las leyes son más estables. Los países donde la seguridad jurídica es mayor no sólo tienen un desarrollo político y democrático mayor, sino un crecimiento económico muy importante. En los últimos tiempos, desgraciadamente, decisiones estatales adoptadas por algunos países latinoamericanos han puesto en primera página el reclamo de seguridad jurídica como condición necesaria para la prosperidad del comercio y las inversiones internacionales. Pero el alcance de la protección de la seguridad jurídica va mucho más allá de ese ámbito y se extiende a los derechos individuales de cualquier ciudadano.

FORJIB.- ¿Qué herramientas jurídicas se utilizan para mantener esa Seguridad Jurídica?

C.C.- Hay parámetros para medir la seguridad jurídica, pero yo me conformaría con que en todas partes hubiera una leyes elaboradas democráticamente, claras y bien elaboradas y que se cumplan, una Administración de Justicia imparcial e independiente del poder político y económico, y la garantía de que el derecho de defensa es sagrado y sus violaciones o trabas son castigadas. Como en la sanidad, la seguridad jurídica no está solo para responder de la violación de los derechos, sino con carácter preventivo, para evitar que alguien tenga la tentación de actuar contra esos principios. Es también un problema de educación en la democracia. Hay que empezar a defenderla y a integrarla “genéticamente” desde que los niños acuden al Colegio. Y no dejar de buscarla, protegerla y defenderla nunca.