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ESTRATEGIA RENOVADA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (2011-2014): DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA...

Autor: María Gamoneda Roca, abogada.

Apunto de finalizar el período de aplicación de la Estrategia renovada de la UE sobre Responsabilidad Social de las Empresas (2011-2014), ha llegado el momento de hacer balance.

“Como expresa la propia Estrategia, la RSC se refiere a las acciones de las empresas que van más allá de sus obligaciones jurídicas hacia la sociedad y el medio ambiente. Se exige, pues, un plus extrajurídico y extrafinanciero”

Obstaculiza nuestra tarea la dificultad de aplicar parámetros de medición a la RSC. Ello se debe a su propia naturaleza, tan pluridimensional (engloba conceptos como sostenibilidad, impacto medioambiental, políticas de diversidad y derechos humanos, ética corporativa) que corre el peligro de caer en lo intangible. La mencionada Estrategia, consciente del obstáculo, boicotea, pese a ello y sin darse cuenta, su intención de acotar el concepto, con una definición que difícilmente podría ser más abstracta, entendiendo por RSC “la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad”. En todo caso, como expresa la propia Estrategia, la RSC se refiere a las acciones de las empresas que van más allá de sus obligaciones jurídicas hacia la sociedad y el medio ambiente. Se exige, pues, un plus extrajurídico y extrafinanciero.

Entre los objetivos marcados por Estrategia, destacan los siguientes: (i) dar una mayor visibilidad a la responsabilidad social empresarial y seguimiento de la confianza en las empresas; (ii) mejora de los procesos de autorregulación y corregulación; (iii) mejora de la recompensa que supone la RSC en el mercado.

Pues bien, en cuanto al primero de ellos, según el Flash Eurobarometer 363 How companies influence our society: citizens’view, de 2012, el 62% de los ciudadanos europeos encuestados declaró no tener información sobre el impacto social de las empresas, si bien el 79 % afirmó estar interesado en conocer dicha información.

Por lo que respecta a la mejora de los procesos de autorregulación y corregulación, la Comisión proponía dar virtualidad esta meta mediante la creación de un Código de Buenas Prácticas, elaborado con la participación de empresas y accionistas, que todavía no ha visto la luz.

Además, se plantea una mejora de la recompensa que la RSC recibe en el mercado. Y es que el impacto de las empresas en la sociedad tiene una clara repercusión económica, redundando tanto en interés de las empresas como de la sociedad en su conjunto. En cuanto a las primeras, tiene un componente estratégico, orientado a un aumento de beneficios con múltiples aristas: gestión de riesgos, ahorro de costes, acceso al capital, relaciones con los clientes, gestión de los recursos humanos y capacidad de innovación. En cuanto a la sociedad en su conjunto, es evidente que la crisis económica y sus consecuencias sociales han dañado la confianza de los consumidores en las empresas, focalizando la opinión pública en el comportamiento social y ético de éstas últimas. Se busca alcanzar un desarrollo sostenible y una economía social de mercado altamente competitiva, dando así cumplimiento a uno de los objetivos del Tratado de la Unión Europea, y, muy especialmente, generar empleo.

El mayor hito alcanzado por la UE en este periodo 2011-2014 en materia de RSC ha sido la aprobación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2013/34/EU en materia de divulgación de información no financiera e información sobre la diversidad por parte de determinadas grandes sociedades y grandes grupos. La enmienda insta a las empresas de más de 500 trabajadores y que superen una facturación de 40 millones de euros a ser transparentes acerca de sus impactos en materia social, medioambiental, en políticas de diversidad, respeto a los derechos humanos y medidas anticorrupción. Como suele ocurrir con este tipo de iniciativas a nivel europeo, los buenos propósitos quedan atenuados por la técnica utilizada para llevarlos a cabo: la labor de informar, lejos de ser imperativa, queda configurada como una opción. No obstante, la modificación sirve para promover una cultura de transparencia que responde a una exigencia de la ciudadanía: la de conocer el verdadero impacto de las empresas en nuestro entorno.

Esta suerte de impulso a la rendición de cuentas por parte de las compañías con más peso en el mercado puede resultar a primera vista algo incómodo, pero también puede ser utilizado por las mismas en su propio provecho, puesto que supone un nuevo camino para atraer al inversor. Así lo demuestran indicadores bursátiles como el Dow Jones Sustainability Index, referente de la excelencia empresarial en materia de RSC y prueba de la existencia de una relación directa entre la adopción de medidas de RSC consideradas óptimas por parte de las empresas y el incremento de su valor de mercado.

Por lo que respecta a España, podemos apreciar una claro progreso. En 2012, la 10ª edición del Informe de la Responsabilidad Social Corporativa en las Memorias Anuales de las empresas del IBEX 35, realizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, afirmaba que dichas memorias “no reflejan de manera fiel los impactos sociales y medioambientales que generan en los países en los que actúan”.

Probablemente las cotizadas íberas estaban aplicando el principio “cumplir o explicar”, consagrado ya en el art.20 de la Directiva 2013/34/UE, que exige que las declaraciones sobre gobernanza empresarial de las empresas recojan información útil y fidedigna sobre la misma y extensible a diversos ámbitos y que, en aquellos casos en que no se cumpla con dicha exigencia, se tenga al menos la cortesía de explicar el porqué del incumplimiento. No en vano la Recomendación de la Comisión de 9 de abril de 2014 sobre la calidad de la información presentada en relación con la gobernanza empresarial se hace eco de las deficiencias de la forma en que el controvertido principio se ha venido aplicando, viéndose obligada a destacar la obviedad de que las explicaciones vagas e imprecisas carecen por completo de utilidad y no satisfacen la exigencia de buena gobernanza empresarial.

Pero han transcurrido dos años desde entonces y las empresas españolas han sabido aprovechar el tiempo. La revisión anual correspondiente a 2014 del Dow Jones Sustainability Index, el indicador bursátil que sirve como referente de excelencia en materia de RSC, así lo demuestra, con una sobrerrepresentación de las empresas españolas, tanto en el índice mundial (de un total de 319 empresas, 14 son españolas), como europeo (de un total de 154 empresas, 10 son españolas).

El tiempo dirá si los propósitos marcados para el nuevo período (2014-2020) se alejan de las meras recomendaciones teóricas y consiguen ofrecer un marco de referencia más práctico que los anteriores.