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LA SOCIEDAD CIVIL DE IBEROAMÉRICA APUESTA POR EL ARBITRAJE...

Autor: Luis Martí Mingarro. Presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA)

La comunidad de naciones Iberoamericanas ha celebrado en Cádiz su XXIIª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, en la que se ha subrayado la necesidad de continuar con el compromiso de reforzar cuantas iniciativas contribuyan al progreso de nuestros pueblos y a la consolidación de nuestra cultura y civilización comunes.

En el camino de Iberoamérica hacia un futuro más prometedor, en la Cumbre se ha tomado conocimiento y se ha acordado dar impulso y apoyo a la iniciativa de constitución de un órgano o mecanismo de arbitraje iberoamericano ágil y eficiente. Se trata de promover la creación de un Centro de Arbitraje Iberoamericano. De la Cumbre ha salido reforzado el propósito de avanzar en el desarrollo y efectividad de tal proyecto, reflejado ahora en un Acuerdo Marco que suscribieron días antes en Brasilia cerca de cincuenta instituciones de la sociedad civil de Iberoamérica.

Ponemos énfasis en que se trata de un proyecto que ha nacido de la sociedad civil. El empresariado y la abogacía de los países iberoamericanos han venido trabajando en la formulación de un Acuerdo Marco, que está pensado para brindar a las empresas y a los operadores económicos de nuestro mundo cultural la oportunidad de resolver mediante arbitraje sus contenciosos y sus diferencias.

“En el grito de libertad que se formuló en Cádiz hace doscientos años, estaba incluido el derecho de los ciudadanos a decidir mediante arbitraje sobre sus propios conflictos y diferencias”

Esa oportunidad ya existía, pues ya hay instituciones arbitrales internacionales de altísimo prestigio, ganado con los años y fundado en la calidad del trabajo realizado a través de los tiempos. No nos podemos ocultar que, sin embargo, una inmensa mayoría de las transacciones internacionales que se verifican en el ámbito iberoamericano no tienen la oportunidad de resolver mediante arbitraje sus controversias.

En nuestros países el número de grandes empresas no supera el 1% del total del empresariado que, por ello, resulta ser mayoritariamente de mediano o pequeño tamaño. El comercio internacional de las pequeñas empresas, que son las más, no está instalado en la cultura del arbitraje.

Y es que en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, parece existir un “valor entendido”: las cuestiones surgidas como consecuencia de sus operaciones transfronterizas carecen de un foro apropiado para acudir a él en condiciones de economía y eficiencia que les permitiera optar por la solución arbitral.

El fenómeno de la globalización ha producido, en pocos decenios, una extraordinaria y exponencial multiplicación de las transacciones internacionales que, como se ha dicho, no están ya sólo reservadas a las grandes empresas. Pequeñas y Medias empresas compran y venden allende sus fronteras; y cuando sus operaciones entran en dificultades el remedio jurisdiccional resulta dilatado, caro y desalentador, y los operadores económicos de medio rango para abajo ni tienen fuerzas ni economías para resolver sus dificultades mediante arbitraje que debería ser lo más económico y rápido.

Además las pequeñas y medianas empresas sienten de manera más intensa su identidad cultural y por ello viven alejadas de idiomas y culturas jurídicas diferentes en los que el arbitraje ha tomado mayor arraigo.

La Constitución de Cádiz de 1812, cuya conmemoración nos ha acompañado en el pasado año, tenía un artículo, el 282, en el que se establecía “No se podrá privar a ningún español del derecho a terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros elegidos por ambas partes”.

Como se ve, en el grito de libertad que se formuló en Cádiz hace doscientos años, estaba incluido, como uno de sus parámetros significativos, el derecho de los ciudadanos a decidir mediante arbitraje sobre sus propios conflictos y diferencias.

Acudir al arbitraje está reconocido como un derecho en todos nuestros ordenamientos. Pero ese derecho, no les resulta accesible a los ciudadanos de Iberoamérica cuando comercian entre sí, porque ahora para intentar las soluciones arbitrales tienen que disponer de cifras que, por desproporcionadas, son inasumibles; y además han de expresarse en lenguas que no son la suya y exponerse a que se les apliquen dispositivos y reflexiones jurídicas que tampoco son las nuestras.

Ha vuelto a ser en Cádiz donde se convenga y reconozca el esfuerzo de la sociedad civil para remediar esa carencia.

En ese empeño la abogacía y el empresariado de Iberoamérica hemos dado ejemplo de perseverancia para llegar a este momento, en el que ya contamos con un Acuerdo Marco. Pero para superar el déficit de nuestra cultura jurídica en materia de arbitraje hemos de seguir trabajando, poniendo en ello todas nuestras capacidades, toda nuestra voluntad. Profesionales y empresarios, pura sociedad civil, hemos conseguido que los poderes públicos de nuestra comunidad Iberoamericana reunidos en Cádiz acojan e impulsen nuestro proyecto. La Secretaría General Iberoamericana canalizó hacia la Cumbre este impulso y la Cumbre lo ha recogido, como subrayaron el Rey, el Secretario General Iberoamericano y el Presidente del Gobierno que ejercía de anfitrión.

Las Pymes son hoy parte esencialísima de cada una de nuestras economías y por tanto columna vertebral del tejido económico iberoamericano. El arbitraje, puesto al alcance de ese inmenso conjunto de empresas que comercian y trabajan entre nuestros pueblos, que cruzan nuestras fronteras, ha de ser ejemplo de cómo la sociedad civil que formamos busca, libremente, la manera de resolver sus conflictos. La justicia es una forma de armonía y el derecho la manera de alcanzarla. El arbitraje, por ser una forma libre de resolver las controversias, es un sistema consciente de encontrar la justicia sin necesidad de recurrir al solemne entramado de la justicia de los Estados, que en lo transnacional acumula y multiplica tensiones y dificultades. Por eso implantar un Centro de Arbitraje Iberoamericano que permita dar solución eficiente y económica a los conflictos que surjan en el comercio de las naciones de nuestra comunidad no es sino una manera de contribuir al progreso de todos. Pacificando las disputas comerciales surgidas en el cruce de nuestras fronteras se reforzará el tejido económico. Este entramado institucional que ahora emerge, nace como una iniciativa de todos nuestros países. La SEGIB es el clavillo del abanico que hace que se sienta en común la inquietud que es común; que se afronte por todos la solución que ha de ser de todos.

Cuantos hemos perseverado en esta iniciativa aportamos al proyecto la ilusión de verlo avanzar. Y hemos de proseguir, defendiéndolo de particularismos, protegiéndolo de querencias y protagonismos.
La abogacía iberoamericana ha actuado y seguirá haciéndolo con plena cohesión, con la convicción de que un día, ya no lejano, podremos ofrecer a los clientes de nuestros países una solución arbitral creíble, fiable, eficiente y que ni descabale los presupuestos de las empresas que tengan problemas transfronterizos, ni duerma las soluciones en las disputas jurisdiccionales.

Y las empresas lo están deseando. Sus organizaciones han estado presentes en el diseño y en la constitución del Acuerdo Marco. El encuentro empresarial de Cádiz ha sido un foro rotundo de afirmación del proyecto.

En tantos años de devoción, de convicción sobre la deseabilidad del arbitraje como una solución de libertad hemos visto evolucionar el arbitraje. Se han ido superando recelos institucionales, se han creado Cortes, se ha acreditado calidad, exigencia, excelencia. Ahora llega la ocasión de que, sin perder la excelencia, sin dejar de ser exigentes, el derecho de solucionar los conflictos transfronterizos por medio del arbitraje, sea un derecho de todos, y no sólo de unos pocos, un derecho realizado a la luz de nuestra propia cultura jurídica.

En Iberoamérica tenemos todos los mimbres para hacer el cesto: lenguas comunes, principios jurídicos comunes, un tejido empresarial atomizado pero vigoroso, unas profesiones jurídicas empeñadas en la tarea, unos objetivos claros. Y, ahora, además, la comprensión, el impulso y el respaldo de los poderes públicos.