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IGUALDAD DE GÉNERO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA...

Autor: José Miguel Embid Irujo

Una de las cuestiones que, en nuestros días, representa un intento más acabado de responsabilidad social corporativa lo constituye la integración de las mujeres en los órganos de dirección de las empresas en condiciones de igualdad con los hombres. La materia, como es sabido, ha sido objeto de múltiples análisis, con intervención progresiva, pero limitada, del legislador, sin que exista acuerdo suficiente sobre el alcance de las medidas normativas que hayan de adoptarse al respecto. No es mayoritario el llamado sistema de cuota, aunque cada vez son más los ordenamientos que, con diverso alcance, intentan realizar la igualdad entre hombres y mujeres dentro del tema que nos ocupa mediante normas imperativas. Pero, aunque la cuestión ha merecido comentarios de muy diverso orden, son pocos todavía los trabajos que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, analizan sus reales o potenciales efectos; esa escasez se advierte con especial intensidad en el Derecho de sociedades, que ocupa un lugar central al respecto. Es en su ámbito, precisamente, donde se han de dilucidar, sea cual sea la postura del legislador (desde la abstención hasta la intervención imperativa, pasando por múltiples matices), las consecuencias efectivas de tan importante asunto. 

“No es mayoritario el llamado sistema de cuota, aunque cada vez son más los ordenamientos que, con diverso alcance, intentan realizar la igualdad entre hombres y mujeres dentro del tema que nos ocupa mediante normas imperativas”

En un comentario, también publicado en FORJIB, hace ya algunos meses (número 14, febrero 2014), aludí de pasada a este asunto. Ahora se trata de dibujar, no más que tenuemente, el perfil del problema en estudio desde la perspectiva del Derecho de sociedades. El punto de partida se sitúa, a mi juicio, en el momento crucial de elegir a los administradores, materia que, en principio, suele ser atribuida a la Junta general, sin perjuicio de algunos supuestos (como el de la representación proporcional o el de la cooptación, característicos, por otra parte, de la sociedad anónima) en los que la competencia sale de dicho órgano para corresponder a ciertos socios o al propio órgano de administración, según los casos. No conviene ignorar, con todo, que, aun siendo la elección de los administradores una competencia asignada, por regla general, a la Junta de socios, juegan los propios administradores un papel determinante a la hora de seleccionar y proponer a los candidatos que serán posteriormente votados en la Junta, por lo que ha de centrarse en ellos nuestra atención.  

Parece obvio advertir que sin la existencia de mujeres candidatas, cualquier planteamiento de igualdad de género en el seno del órgano administrativo de las sociedades mercantiles decae por completo. No obstante, hay aquí una importante tarea para la propia sociedad mercantil y, por ello mismo, para sus administradores cuando se trata de cubrir una vacante, con independencia de la causa que la motivó. Al margen del caso en que la legislación imponga la presencia equitativa de mujeres en dicho órgano, lo que sitúa el problema en otras coordenadas, en los restantes supuestos puede y debe la propia sociedad asumir una posición activa, que exigirá de los administradores una particular diligencia. Se tratará, desde luego, de buscar candidatas idóneas, respetando, a su vez, los criterios de mérito y capacidad, pero también habrán de evitarse maniobras dilatorias o impeditivas que, sin perjuicio de su posible cobertura por la normativa vigente, hagan imposible la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el órgano administrativo de las sociedades mercantiles. 

A este respecto, pienso, entre otras posibilidades dilatorias o impeditivas, en que las vacantes del órgano administrativo se cubran con personas jurídicas, en las que, por definición, se obvia el problema objeto de nuestra consideración. Aunque no todos los ordenamientos admiten esta posibilidad, son muchas las legislaciones, como la española, que la permiten sin especiales restricciones, sobre todo por lo que se refiere a las sociedades de capital. Puede imaginarse sin dificultad los serios inconvenientes que supondría para lograr la efectiva equiparación de mujeres y hombres en el órgano administrativo el hecho de que todas sus vocalías o, al menos, gran parte de ellas, estuvieran ocupadas por personas jurídicas. La aparente neutralidad del supuesto no impide formular serias dudas sobre su validez sustancial, lo que podría permitir, dándose, claro está, algunas circunstancias añadidas, considerarlo una suerte de fraude de ley.

Pero, además de la especial diligencia que los administradores han de observar cuando se trate de renovar o completar el órgano administrativo, sería especialmente conveniente que la propia sociedad, con el acuerdo de la Junta general, adoptara algunas reglas, sustantivas y de procedimiento al respecto, a fin de facilitar la actuación de los administradores. Cabe pensar, en tal sentido, en que se lleve, bien a los estatutos, bien, en su caso, al reglamento del Consejo de Administración, alguna cláusula concreta que facilite o promueva el acceso de las mujeres al órgano administrativo. Se trata, claro, está, de que la autorregulación contribuya a mejorar lo que el Derecho positivo  no ha contemplado o, de otro modo, ha considerado desde una perspectiva insuficiente o limitada. Las posibilidades son ciertamente múltiples, desde las más inconcretas y, por ello mismo, poco eficaces, hasta las que fijen cuotas determinadas o, más en general, criterios de actuación de los órganos sociales a la hora de elegir o renovar a los administradores. Parece que estas últimas, susceptibles de abarcar un amplio espectro de posibilidades, serán las preferidas por la mayor parte de las sociedades que decidan contribuir a la igualdad de género mediante la libertad contractual. Y, entre ellas, se nos ocurre proponer la que consista en reservar a las mujeres aquellos puestos de la administración social ocupados también por mujeres. Como, según los datos que ofrece la realidad de los consejos de administración en muchos países, entre ellos España, no puede hablarse, en modo alguno, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pensamos que esta posibilidad –al lado de otras muchas, claro está- puede ser un primer paso para terminar con la situación presente en la materia, evidentemente desigual e injusta.