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JUSTICIA, EFICIENCIA, POLÍTICA...

Autor: Ignacio Gomá Lanzón, Notario y editor del blog ¿Hay Derecho?

Recientemente tuve el honor de participar en la presentación, en el Colegio de Abogados de Madrid, de un libro que lleva por título precisamente el de este artículo “La Justicia Enferma”, muy revelador, de Antonio García Noriega, cuya lectura recomiento. Me han pedido que hablara de este tema y quisiera decir aquí algo parecido a lo que dije en la mencionada presentación. Aunque no estoy en el día a día del foro –me dedico a la justicia cautelar- y, por tanto, no puedo descender a detalles demasiado concretos, si puedo hablar como ciudadano preocupado por las cuestiones que afectan a la polis y que directa o indirectamente, tarde o temprano, acabarán afectándome a mí. Soy, de hecho, editor, junto con otras cinco personas, de un blog sobre actualidad jurídica y política que se llama ¿Hay Derecho?, en el que desde hace cuatro años nos dedicamos a hablar de estas cosas.

“La degeneración de la justicia se enmarca en un proceso más amplio que es el de la degeneración del Estado de Derecho en España”

Desde este sentido ciudadano, creo que podríamos convenir en que hay varias cosas que se nos vienen a la mente si pensamos en la justicia: el retraso de las sentencias, grave pues una justicia tardía no es justicia; la falta de medios, que no se da en otros importantes departamentos del Estado, como Hacienda; el desbarajuste autonómico, que impide tener un sistema informático común; la excesiva litigiosidad y las polémicas tasas supuestamente destinadas a combatirla; los jueces estrella y, en general, el excesivo uso alternativo del Derecho que ha convertido a la norma escrita en una mera indicación sujeta a la interpretación del juzgador “según la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada”, en una amplísima lectura del artículo 3 del Código civil, con la inseguridad jurídica que ello provoca. Y, por supuesto, su politización, que afecta a su independencia.

No voy a descubrir en mil palabras cuáles son las causas de ello, sin duda muy complejas, como a lo serán las que afecten a otros sectores como la sanidad o la enseñanza, cuyos males probablemente no se resolverán sólo con más presupuesto o cambiando al ministro. Pero, en mi opinión, la degeneración de la justicia se enmarca en un proceso más amplio que es el de la degeneración del Estado de Derecho en España. El libro que hemos publicado los editores del blog ¿Hay Derecho?, que se titula igual que el blog, lleva un subtítulo: “La quiebra del Estado de Derecho y de las instituciones en España”; y en él nos dedicamos a mostrar cómo nuestro sistema político y legal amenaza ruina porque el contrapeso que las instituciones suponen al poder ha dejado de funcionar porque éste ha invadido aquellas. 

Aunque somos conscientes de que este fenómeno no es privativo de nuestro país, si cabe decir que se está padeciendo en España con inusual gravedad y persistencia. El tardío advenimiento de la democracia y la brusca transformación de una sociedad hasta entonces autoritaria en la que el ciudadano es pastoreado en todos los ámbitos vitales, a otra libre, destinada a gobernarse a sí misma en un contexto totalmente diferente, hizo que las instituciones democráticas, firmemente asentadas sobre el papel, no lo estuvieran tanto en la realidad práctica y sobre todo en la mente de aquellos que deberían mantenerlas. Así como en una sociedad autoritaria el poder se ejerce de arriba hacia abajo en una pirámide jerárquica, en una sociedad democrática hay que mirar primero de abajo hacia arriba, cuando ciudadano designa a sus representantes, y luego en horizontal, cuando las diversas instituciones que conforman el Estado colaboran, pero también se controlan unas a otras en un delicado equilibrio de checks and balances que permiten que ningún poder sea superior a otro porque siempre hay alguna fuerza que se le contrapone y evita el abuso.

Pronto se vio que a los nuevos y poderosos partidos políticos –fuertemente reforzados para evitar la inestabilidad de otros tiempos- no les interesaba excesivamente que existiera una radical separación de poderes –de hecho se decretó la muerte espiritual del inventor del concepto- por lo que se realizaron las maniobras precisas para que el órgano rector, el CGPJ y el Tribunal Constitucional, fueran representaciones en miniatura del reparto del poder político salido de las urnas, que, por consiguiente, acabarían respondiendo a los intereses de quienes les nombran y no necesariamente a los de la justicia y del control del poder ejecutivo y legislativo. La razón alegada no era esa, claro; se pretendía teóricamente que la voluntad del pueblo entrara en las instituciones, pues eso era algo que se tildaba de más democrático; pero en realidad no lo era, porque olvidaba que la verdadera democracia es la que va acompañada de un Estado de Derecho fuerte, en la que la ley se aplica a todos, incluido el propio Estado y todavía más a los que representan al Estado. 

Puede alegarse que esta situación afecta a los grandes casos de corrupción y temas de interés político, pero no al día a día de los juzgados, a los miles de casos de los ciudadanos corrientes, juzgados por jueces honrados e independientes. Cierto, pero cabe aducir dos cosas a eso: primera, que los grandes casos son los que marcan la diferencia, la desigualdad entre unos y otros, y que al final todos los ciudadanos acabamos pagando esa injusticia con la ineficiencia del Estado que produce la corrupción y que no sean los mejores, los más baratos, los más honrados los que triunfen; segunda, si el poder no quiere una justicia fuerte e independiente que le pueda controlar, al final no le proporcionará recursos como los de Hacienda, no se preocupará porque tenga un potente sistema informático único para todo el país que impida que salga a la calle alguien que en otro juzgado tenga causas pendientes, ni le garantizará la independencia necesaria para evitar que los fuertes y poderosos se salgan con la suya en aquellos casos clave que afectan a toda la colectividad.

La enfermedad de la justicia es un tema técnico, sí; pero también político, y al final económico, y de ello conviene tomar nota.