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JUSTICIA Y POLÍTICA ESPAÑOLAS, DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA...

Autor: Jesús Manuel Villagas, Magistrado y Secretario de la Plataforma cívica por la Independencia Judicial

“He aquí una fascinante paradoja: por un lado, los jueces españoles, individuamente considerados, son  imparciales; pero, por otro, como colectivo, carecen en la práctica de suficiente independencia”

Las apariencias engañan. Aunque España sea, en teoría, una democracia consolidada cuyos niveles de calidad se equiparan a los del mundo civilizado, su arquitectura institucional alberga vicios ocultos que amenazan ruina. Es el Poder Judicial, uno de los pilares del Estado de Derecho, el que se tambalea en estos momentos. Explicaremos por qué: 

Es verdad que los jueces españoles, en su inmensa mayoría, son honrados. Por mucho que de entre sus filas de vez en cuando emerja alguna oveja negra, la magistratura española es inmune a la corrupción que infecta a la política. Así se infiere del reciente informe del GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción) del Consejo de Europa. No sólo eso, constituye un cuerpo de profesionales eficiente cuyo nivel de productividad, pese a la escasez de medios, resulta sorprendentemente elevado. El tópico de la lentitud de los tribunales no se corresponde exactamente con la realidad. En esos términos consta en el informe publicado por la Comisión Europea en 2014, cuyos cuadros de indicadores sitúan la Justicia española en unos niveles muy próximos a los de Alemania o Suecia. No se quiere decir con esto que el estado de cosas actual sea satisfactorio sino que, comparativamente, el funcionamiento del Poder Judicial debería contarse entre los éxitos, no entre los fracasos de nuestra todavía joven democracia. Al menos, por ahora. 

Y, aun así, el pueblo español no mira con buenos ojos a sus jueces. ¿Por qué? La principal crítica que se les hace es la de estar politizados, de haberse convertido en títeres de los partidos políticos. Y no les falta razón, hasta el punto de que corre peligro la división de poderes. He aquí una fascinante paradoja: por un lado, los jueces españoles, individuamente considerados, son imparciales; pero, por otro, como colectivo, carecen en la práctica de suficiente independencia. Para descifrar este enigma hay que conocer a fondo la intimidad de la anatomía judicial. 

El Consejo General del Poder Judicial es el máximo órgano de gobierno de la Justicia española. Se compone de veinte miembros llamados “vocales” entre cuyas atribuciones se encuentra la dirección del servicio de inspección y la tramitación de los expedientes disciplinarios. Por tanto, en sus manos está expulsar a cualquier magistrado de la carrera. Este Consejo, a su vez, ha sido escogido por las cámaras parlamentarias, las cuales obedecen a la lógica de las mayorías partidistas. Por tanto, son las oligarquías de los partidos políticos las que, en última instancia, deciden la composición de la jefatura judicial. Y es que dicho Consejo designa a los miembros del Tribunal Supremo (corte de casación) así como al resto de puestos clave del entramado institucional de la judicatura. A la postre el círculo queda bien cerrado. 

Estos datos son de todos conocidos. Lo que no está tan claro es por qué los propios jueces se prestan a participar en semejante sistema. Si algunos de ellos no colaborasen con los manejos de la clase política, nadie empujaría el carro de la politización. Y es que el control sobre los jueces se ejerce por ellos mismos, por un grupo que ha decidido ocupar esos puestos clave que les han sido tan generosamente ofrecidos.

La respuesta más sencilla consiste en suponer que siempre hay una minoría de traidores dispuestos a servir al mejor postor. Es esa una explicación fácil…y errónea. En realidad, los jueces que les hacen el juego a los políticos están convencidos, de buena fe, de la decencia de su conducta. La realidad, como veremos, es bastante más compleja. 

La concepción de la Justicia ha cambiado. Hasta no hace demasiado tiempo, se propugnaba un ideal en cuya virtud el magistrado debía limitarse a aplicar la Ley, sin influencias políticas. Obviamente, el modelo de juez autómata, esclavo de la letra de la ley, boca muda al estilo de Montesquieu, está tan muerto como su autor. De lo que hablamos es de otra cosa. No nos referimos al juez que crea Derecho al llenar las lagunas normativas o eliminar las antinomias del texto legal, sino a algo más, a aquél que se atreve a cruzar una línea antes prohibida, la del activismo judicial; a aquel que hace política con sus sentencia;. a aquel que interpreta ideológicamente la ley. En definitiva, aquel que no teme manchar la toga con el polvo del camino. 

Ese modelo de juez es un lacayo involuntario de la oligarquía política. Aunque crea enfrentarse al poder, en el fondo, lo sirve. Esa es la genialidad del sistema, que logra dominar sin ejercer violencia. ¿Cómo?

No es complicado. Recordemos que el Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de gobierno de la judicatura, tiene en sus manos colocar a unos u otros en los puestos clave de sistema. Y esa elección se efectúa en función de soterradas negociaciones entre las fuerzas políticas que pactan el reparto de sus respectivas influencias. Es el conocido como “reparto de cromos”. Los activistas togados exhiben a los cuatro vientos su ideología, pues bien orgullosos están de ella. Son, pues, fáciles de identificar por los tahúres políticos que, de este modo, no andan a ciegas en su partida de naipes. Ya saben a quién tienen que escoger. 

Obviamente, a los candidatos, incluso una vez nombrados, no se les suelen dan consignas de obediencia. Como regla general, no hace falta ninguna llamada de atención para que resuelvan en uno u otro sentido. Pero sus padrinos políticos ya saben de antemano qué decidirán, pues sus pronunciamientos están condicionados de su ideología. Hasta el punto de hacer gala de ello, ya que no creen estar aquejados de politización alguna, sino tan sólo asumir un compromiso social. 

A los jueces españoles se les ha inculcado la creencia de que la ley no contiene un mandato unívoco, sino que es algo más laxo, un marco dentro del que moverse. Es la “textura abierta” que enseñaba Herbert Hart. Dentro de esos límites, por tanto, el juez tendría libertad para moverse donde mejor la plazca. Gozaría, pues, de margen redefinir ideológicamente el proceso de aplicación judicial. Y todos tan contentos: el juez haciendo de político sin remordimientos; y el político haciendo de juez a través de sus involuntarios títeres. 

Aunque a los jueces españoles les está vedado afiliarse a partidos políticos o sindicatos, existen unos sucedáneos llamados “asociaciones judiciales” que, en la práctica, vienen a suplir tal carencia. Algunas de dichas asociaciones están próximas a los partidos políticos más afines a su respectiva ideología. Son, por tanto, esos jueces afiliados los que se llevan la parte del león en el reparto de los cromos. A fin y al cabo, se trata de poner las cartas sobre la mesa, de saber de qué pie cojea cada uno. 

El resultado de este montaje ha sido el descrédito de la Justicia española ante su pueblo. La pérdida de confianza ciudadana en uno de los pilares del Estado y, por tanto, en el futuro de nuestra democracia. Motivos no faltan.