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LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO...

Autora: Dra. Mª José Salinas

Las organizaciones criminales, por su propia naturaleza ilegal y transnacionalizada, no tienen en cuenta las soberanías estatales ni muestran respeto por las fronteras nacionales en sus negocios ilícitos. Sus planes de expansión no se diseñan sobre la idea de jurisdicciones nacionales sino teniendo en cuenta flujos de bienes y de personas capaces de incrementar los beneficios económicos o, en su defecto, los niveles de protección. Si piensan en fronteras estatales es siempre en términos de sistemas penales concretos con diferentes niveles de riesgo y mercados específicos con oportunidades para ganancias ilegales, y en la difuminación de los rastros de actividades ilícitas mediante divisiones internacionales de las tareas.

“El instrumento de cooperación jurídica internacional por excelencia es la extradición, que generalmente es un proceso de carácter judicial”

En cambio los Estados están separados por fronteras, que no sólo dividen el territorio sino que también marcan diferentes sistemas legales, niveles diversos de desarrollo económico y distintas culturas políticas.

Esta asimetría torna necesaria una redefinición del concepto de soberanía territorial de los Estados en el Derecho Internacional Contemporáneo. La soberanía se traduce en el derecho de un Estado de ejercer sus competencias en un determinado territorio respecto del grupo de individuos que dentro de él se encuentran, y de excluir a los demás Estados de toda intervención en sus asuntos internos. Ahora bien, este derecho no enerva el deber y la obligación de proteger en el interior de su territorio los derechos de los demás Estados, ni los derechos que cada Estado pueda reclamar para sus nacionales en territorio extranjero a través del Derecho Internacional.

La Corte Internacional de Justicia ha confirmado estas ideas al sostener, en su sentencia de 9 de abril de 1949, que el Derecho Internacional impone a todo Estado la obligación de “no permitir a sabiendas que se utilice su territorio para la realización de actos contrarios a los Derechos de otros Estados.”

Por otra parte, uno de los principios estructurales del Derecho Internacional Contemporáneo es el deber de cooperar, proclamado en la Carta de las Naciones Unidas y en La Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referente a las relaciones de amistad y de cooperación entre los Estados, contenida en la Resolución 2625, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1970. Una importante manifestación de dicho principio es la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.

En este contexto hay que situar la Resolución 53/111 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, en la que decidió la conformación de un Comité Especial Intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar instrumentos jurídicos internacionales que abordasen la cooperación en la lucha contra la delincuencia organizada internacional y en especial:

a) la trata de mujeres y niños;
b) la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego;
c) el tráfico de personas por mar y tierra.

La Asamblea General, en ocasión de la Cumbre del Milenio -en noviembre del 2000- adopta la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional y sus dos protocolos adicionales facultativos.

La Convención prevé expresamente, en su artículo 4, una cláusula de protección de la soberanía, al disponer que:

1. Los Estados partes cumplirán sus obligaciones con arreglo a la Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como intervención en los asuntos internos de otros estados.

2. Nada de lo dispuesto en la Convención facultará a un Estado parte para ejercer en el territorio de otro Estado jurisdicción o funciones que el derecho interno de su Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

La Convención también se refiere a la cooperación entre los Estados en orden a la penalización en sus ordenamientos jurídicos internos de determinadas conductas delictivas como son: participación en un grupo delictivo organizado (artículo 5); blanqueo o lavado del producto del delito (artículos 6 y 7); corrupción, en especial del funcionario público (artículo 8); y penalización de la obstrucción de la justicia (artículo 23).

La Comunidad Internacional ha elaborado diferentes instrumentos de Cooperación que van desde actos de auxilio para la investigación y el enjuiciamiento y procesamiento del hecho criminal, entre los que se encuentra la extradición, la transmisión de procedimientos penales y denuncias para la instrucción de un proceso, las Comisiones Rogatorias Internacionales, la represión y el tráfico ilícito de drogas en el mar u otros actos de auxilio que están dirigidos a la ejecución de sentencias o posteriores a esta, tales como el traslado de personas condenadas o la vigilancia de personas condenadas en libertad condicional.

El instrumento de cooperación jurídica internacional por excelencia es la extradición, que generalmente es un proceso de carácter judicial –en el que no pueden debatirse todas las cuestiones en plenitud, sino sólo las procedimentales y las referidas al cumplimiento de lo exigido en el Tratado respectivo- que tiene por objeto que un Estado (requerido) ponga a un presunto delincuente o convicto a disposición de otro Estado (requirente).

Existen otros tipos de procedimiento extradicionales simplificados o abreviados, en los que la intervención judicial ha quedado marcadamente reducida, tales como los previstos en el artículo 66 del convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen (CAAS,19 de junio de 1990), en el Acta del Consejo de 10 de marzo de 1995 sobre la base del articulo K.3 del Tratado de de la Unión Europea, relativo a la extradición simplificada (Bruselas, 10 de marzo de 1995) y en las disposiciones sobre extradición simplificada existentes en los Tratados Bilaterales firmados entre España, Bolivia Cuba, Canadá, Corea, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú, Argentina y Venezuela.

Pero, complementariamente, la opción más adecuada pareciera ser avanzar hacia una mayor homogeneización de los ordenamientos penales internos sobre la base de los criterios de unificación, armonización y asimilación, sobre todo respecto de aquellos delitos tipificados con arreglo a los artículos 2, 5, 6, 8 y 23 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.