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LA FISCALIDAD EN ESPAÑA


La fiscalidad en España

Mabel Zapata Cirugeda


Socia del despacho Cremades-Calvo-Sotelo. Área de fiscal. Dedicada desde el año 1989 y de forma exclusiva a la especialidad del derecho fiscal en todas sus vertientes. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa. Máster en Derecho Tributario por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos. Profesora de procedimiento tributario en el máster de Asesoría Jurídica de Empresas organizado por el despacho Cremades & Calvo-Sotelo. Elegida en los años 2012 y 2011 como una de los mejores abogados especializados en el Área Fiscal de España en el Ránking de la prestigiosa publicación estadounidense “Best Lawyers”.


El sistema fiscal en España está compuesto por impuestos directos e indirectos. Los primeros gravan la renta mientras que los segundos están destinados a gravar el consumo.

Los empresarios pueden organizar su negocio de dos formas: como empresario individual, asumiendo directamente la persona el riesgos y ventura del negocio, o bien adoptando la forma de sociedad, limitando la responsabilidad al patrimonio de la propia sociedad.

Los impuestos directos que gravan a los empresarios dependerá de su estructura: en el caso de empresario individual los rendimientos de su empresa estarán sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas mientras que las empresas explotadas a través de sociedades estarán sujetas al Impuesto sobre Sociedades. La forma de determinar el rendimiento de ambas estructuras es prácticamente igual si bien el tipo impositivo con el que se gravan las rentas de los empresarios individuales es superior al que el que grava a las sociedades.

En cuanto a los impuestos indirectos, afectan de la misma forma a los todos los empresarios. El principal impuesto que grava el consumo es el Impuesto sobre el Valor Añadido. Este impuesto se caracteriza por su neutralidad durante toda la cadena empresarial siendo el sujeto pasivo que realmente soporta la carga tributaria el consumidor final.

Otro de los impuestos indirectos es el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este impuesto tiene tres modalidades:

• Transmisiones patrimoniales onerosas: esta modalidad grava las transmisiones de bienes y derechos realizadas entre no empresarios. En consecuencia, todas aquellas transmisiones realizadas por empresarios estarán sometidas al impuesto sobre el Valor Añadido salvo excepciones como en el caso de las segundas entregas de bienes inmuebles. No obstante, y a efectos de mantener la neutralidad que debe existir en las operaciones realizadas entre empresarios, la Ley permite la posibilidad de renunciar a esta exención y sujetar la misma al IVA siempre que quien compre el inmueble sea un empresario con derecho a la deducción del 100% del impuesto.

• Operaciones societarias: este impuesto grava las operaciones societarias como la constitución, y disolución de sociedades. No obstante, la constitución está exenta del impuesto.

• Actos jurídicos Documentados: esta modalidad grava los documentos notariales, existiendo dos cuotas: Cuota fija y la cuota gradual del 1%. Esta modalidad sólo se aplicará en los supuestos de escrituras notariales con contenido valuable y que sea inscribibles en el Registro de la Propiedad.

Como consecuencia de la situación de crisis que está viviendo actualmente España, el Gobierno se ha visto obligado a tomar numerosas medidas de carácter fiscal entre las que podemos destacar:

1) Limitación de la deducción del inmovilizado intangible correspondiente al fondo de comercio tanto generado en adquisiciones de empresas como en operaciones de reestructuración empresarial. En ambos casos la deducción está sujeta al límite anual máximo de la centésima parte de su importe (anteriormente 5%).

2) Establecimiento en un 25% (anteriormente 35%) del coeficiente límite de las deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades, incluyéndose en este coeficiente límite la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. Cuando el sujeto pasivo haya realizado inversiones o incurrido en gastos que le den derecho a practicar la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica el coeficiente límite será del 50% en lugar del establecido anteriormente que era del 60% (siempre que I+D+i > 10% cuota integra bonificada).

3) El establecimiento para grandes empresas (aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos impositivos dentro del año 2012 ó 2013 sea de al menos 20.000.000 de euros) de un importe mínimo del pago fraccionado, con base en el resultado contable del ejercicio, no pudiendo ser inferior al 8%.

4) No consideración de gastos fiscalmente deducibles de los gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo destinadas a la adquisición (a otras entidades del grupo) de participaciones o fondos propios o a la realización de aportaciones salvo que se acredite que existen motivos económicos válidos para la realización de esas operaciones.

5) Limitación en la deducibilidad de gastos financieros:

- Serán deducibles los gastos financieros netos con el límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio.
- En todo caso, serán deducibles los gastos financieros netos del período impositivo por importe de 1 millón de euros.
- Los gastos financieros netos que no hayan podido deducirse pueden deducirse en los períodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos (con idéntico límite).
- En el caso de que los gastos financieros netos del periodo no alcanzaran el límite del 30% del beneficio operativo la diferencia entre el citado límite y los gastos financieros netos del periodo podrá acumularse (adicionándose al límite del 30%) en los periodos impositivos que concluyan en los 5 ejercicios inmediatos y sucesivos.
- El régimen de deducibilidad de los gastos financieros sustituye a las reglas de subcapitalización que regulaba el anterior artículo 20 del TRLIS, que queda derogado con efectos 1 de enero de 2012.
Se entiende por gastos financieros netos el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos derivados de la cesión a terceros de capitales propios devengados en el período impositivo, excluidos aquellos gastos financieros no deducibles.
Se entiende por beneficio operativo el resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio menos la amortización del inmovilizado, menos la imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero, menos el deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado más los dividendos participaciones que representen más del 5% o 6 Millones de euros y menos los dividendos de participaciones adquiridas con deudas cuyos gastos financieros no sean deducibles.

6) la limitación a la compensación de bases imponibles negativas en dos supuestos:

Cuando el Importe neto de la cifra de negocios sea de al menos de 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros se limitan al 50% y en los supuestos de que el importe de la cifra de negocios sea superior al 60 millones se limitan al 25%.
Las pérdidas que no puedan compensarse podrán ser compensadas en los 18 años siguientes.

Por último indicar la modificación introducida en el artículo 108 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, del Mercado de Valores. El antiguo texto legal sujetaba al Impuesto sobre Transmisiones patrimoniales, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas a todas las transmisiones de acciones y participaciones de sociedades cuando más del 50% de su activo estuviera constituido por inmuebles. Con la nueva redacción se simplifica su regulación y se sujetará al IVA o al ITP y AJD la transmisión de valores cuando la se realice con la intención de eludir su pago por la transmisión de los inmuebles (cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado en al menos el 50% por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades empresariales o profesionales.) Esta medida tiene una gran importancia y evitará la gran injusticia que se producía, de forma reiterada, al sujetarse al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas cualquier transmisión de valores de sociedades cuyo activo estuviera compuesto en más del 50% en inmuebles aún cuando los mismos estuvieran afectos al 100% a un negocio..