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LA INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO SALVAGUARDA ANTE LA CORRUPCIÓN POLÍTICA...

Autor: Jesús Manual Villegas Fernández. Secretario General de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial

“Algo huele a podrido en España”

Permítasenos parafrasear la archiconocida cita shakesperiana (Something is rotten in the Sate of Denmark) para esbozar la situación de la Justicia española. Veremos, a continuación, que es algo más que un artificio retórico.

En 2009 casi 1.500 jueces firmaron un manifiesto para exigir la despolitización de la Justicia 

El reino de España se incorporó a la Unión Europea en 1986. Esa fecha representa un momento crucial de un proceso de transformación emprendido desde que en el año 1978 recobró su democracia, tras casi cuatro décadas de régimen autocrático. Desde entonces esta nación mediterránea ha hecho un esfuerzo por abandonar la periferia cultural e incrustarse en el núcleo duro de la Europa civilizada. Cansados los españoles de ser vistos por los europeos occidentales como un pintoresco reducto turístico de una anacrónica dictadura fascistoide sin apenas más patrimonio que las playas y sol (Spain is different), acometieron en los últimos treinta años ímprobos trabajos para actualizar sus arcaicas estructuras políticas y productivas. La elevación de la renta per capita, la conquista de instituciones democráticas, la pertenencia a los principales organismos internacionales y, sobre todo, un crecimiento económico vertiginoso liberó al pueblo español de sus inveterados complejos. O eso parecía.

De este sueño se despertó España abruptamente al frisar la primera década del siglo XXI, golpeada con imprevista violencia por las convulsiones de la economía mundial. Obviamente no era la primera crisis financiera que sacudía a la joven democracia desde la muerte del dictador, pero esta vez se detectaba un ingrediente nuevo: indicios de pérdida de confianza en las instituciones públicas. Muy severas fueron las pruebas durante la época de la transición, cuando el país estrenaba su nueva Constitución, acosado por el terrorismo, lastrado por una industria obsoleta, todavía fuera del selecto club de las comunidades europeas. Pero reaccionó resueltamente, con fe en su proyecto constitucional. Ahora, en cambio, la ciudadanía se siente desorientada y recela de sus representantes electos a los que empieza a contemplar, no como sus legítimos portavoces, sino como una casta parásita empeñada en su propia perpetuación. Se siente una peligrosa fatiga democrática. ¿Por qué?

Sugeríamos al principio que se percibía un hedor que emanaba una putrefacción interna. Ha tardado tiempo en emerger, pero los gérmenes de la enfermedad se alojaban en sus entrañas casi desde el principio. Y, en muy buena medida, tal como se adelantaba, dicha condición patológica trae causa de una deficiente estructuración de la Administración de Justicia.

El artículo 117 de la Constitución Española diseña una Justicia integrada por magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley. En suma, un poder judicial que debería desenvolverse libre de ingerencias políticas. Las cosas, empero, fueron muy otras.

La riqueza del país fue aumentado desmedidamente merced a una especulación inmobiliaria que hinchó de fáciles billetes, desde la humilde faltriquera del albañil, hasta el carísimo maletín del piel de más agresivo y engominado de los “ejecutivos”, “hombres de negocios” o yuppies (como se los llamaba en los años ochenta del siglo pasado). La corrupción campaba a sus anchas. Nació una nueva clase opulenta que, a la par que cubría con una pátina de oro todo lo que tocaba, lo embadurnaba del dinero sucio que rezumaban sus opacos negocios. 

Los controles democráticos fallaron. El Poder Judicial tendría que haber aparecido ante esa gran mayoría de ciudadanos honrados como la garantía para sanar el cuerpo social de las metástasis de una riqueza engendrada por la corrupción. Sin embargo, el estamento político se aseguró de que la Administración de Justicia se plegara sumisa a sus designios. Poco antes de la entrada del reino español en la Europa unida, allá por el año 1985, la legislación era reformada para que el máximo órgano de gobierno de la Magistratura -el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- fuese elegido íntegramente por el Parlamento y, por, ende orbitara en torno a los partidos políticos. A partir de entonces, los órganos de mayor responsabilidad de la judicatura española fueron repartidos previo pacto de unas oligarquías políticas que, entre bambalinas, se solazaban al intercambio puestos judiciales, jugando al reparto de cromos togados.

Cuando la burbuja reventó, el pueblo español estalló en indignación. Los ciudadanos desahuciados de sus viviendas asistían atónitos al vaciado de las arcas públicas a fin de rescatar a unas entidades bancarias tan ineptamente gestionadas. Pese a todo, el Ejecutivo anunciaba la imposición de tasas judiciales que dificultaban el acceso de los más pobres a los tribunales. Más aun, el partido gobernante se desdecía de sus promesas de despolitizar el gobierno judicial y pretendía la sumisión de la investigación criminal a una fiscalía dependiente del Gobierno. Una huida hacia delante que se ha traducido en mayor descrédito de la clase política.

Aunque las encuestas registraban también el descrédito de la Administración de Justicia, éste hartazgo se dirigía primordialmente contra sus órganos de gobierno, no tanto hacía los jueces individuales. Los magistrados españoles, con todos sus defectos, han permanecido al margen de la generalizada corrupción económica y, de manera sistemática, han tenido el arrojo investigar (en la medida en que se lo permitía su endémica falta de recursos) cualesquiera crímenes de la clase política, desde el terrorismo de Estado hasta el desfalco en las más altas esferas.

En este contexto nace la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación donde no sólo se reúnen miembros de la carrera judicial, sino ciudadanos de toda índole, entre los que se encontraban conocidas personalidades del mundo jurídico. Asumió la defensa del Manifiesto que en 2009 firmaron casi 1.500 jueces en exigencia de la despolitización de la Justicia, y cuya principal reivindicación era la reforma del sistema de elección del gobierno del poder judicial, para así emanciparlo de su dependencia del nivel político.

España, esa nación que disfrutaba con juvenil entusiasmo su renacer democrático, se retuerce aquejada de una infección galopante. Afortunadamente, la ponzoña no ha tocado aún a los miembros del Poder Judicial. El mejor antídoto es la independencia judicial. No lo olvidemos.