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LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS: DEBATE ABIERTO...

Autor: José Revilla Parody, abogado

Que un pequeño país de América Latina haya devuelto al primer plano el tan inaplazable debate sobre la legalidad o ilegalidad de las drogas nos permite reflexionar desde la certeza de que ha llegado el momento de actuar.

En primer lugar, y para centrar el problema, sería bueno saber qué es lo que plantea Uruguay, puesto que, en mi opinión, no es cierto que se esté legislando para legalizar las drogas. Sería más correcto afirmar que Uruguay ha iniciado un procedimiento legislativo (1) que pretende regular la producción, distribución y consumo de la marihuana.

Y ello partiendo de una situación confusa generada por el prohibicionismo, por las políticas basadas en la war on drugs (2), políticas de largo recorrido, cuasi militares, y con unos resultados muy discutibles, por no decir directamente desastrosos.

Los tratados internacionales (3) y las leyes nacionales de la mayoría de los Estados del mundo parten de un catálogo (4) de drogas determinado por criterios acientíficos, incluyéndose en ése catálogo algunas sustancias por motivos económicos, otras por razones de geopolítica, y basándose buena parte de la regulación en determinismos morales. Baste con comparar los daños de todo tipo que provoca el alcohol a nivel mundial, con los causados por el uso de marihuana, y ello teniendo en cuenta que el hecho de que la marihuana sea una de las llamadas drogas ilegales la convierte en más peligrosa de lo que sería (o no sería) sin esta etiqueta.

Pensemos en que es la catalogación de determinadas sustancias como ilegales la que las convierte en drogas (5). Así, cuando hablamos sobre armas, por ejemplo, de forma general, estaremos de acuerdo en que nadie incluiría las navajas suizas multiusos, ni los floretes en el concepto de armas. Sí que incluiríamos, obviamente, una granada de mano o una mina antipersonas o una ametralladora. Pero cuando hablamos de drogas, en general (porque se generaliza sin ningún pudor) hablamos de algunas sustancias que podrían ser una navaja suiza multiusos (marihuana) y no hablamos de otras que podrían ser minas antipersonas (alcohol).

Consecuencias de la actual normativa

La traslación de los principios orientadores de los acuerdos y tratados internacionales sobre drogas a las legislaciones nacionales ha provocado una generalización del castigo a todas las modalidades de producción, manipulación, importación, venta y hasta consumo de las sustancias consideradas como peligrosas.

En el ámbito en el que trabajo esto supone que las personas que consumen drogas, sean o no adictas, se enfrentan a graves sanciones económicas en el ámbito administrativo; y las personas que importan, fabrican, cultivan… determinadas sustancias pueden ser condenadas a penas de prisión de larga duración.

Además de esto, no hay mucho más que agradecer (6) a las políticas represoras. Las sustancias prohibidas pueden adquirirse con relativa facilidad en casi todos los ámbitos de la sociedad, incluso se consumen dentro de los centros penitenciarios, con más o menos dificultades. Los menores de edad acceden a ellas, también, sin grandes problemas. Y mientras, el Estado gasta ingentes cantidades de dinero público tratando de evitar el tráfico de estas sustancias, además de que las prisiones, los juzgados y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dedican su espacio, su tiempo y su presupuesto a la lucha (imposible) contra las llamadas drogas ilegales.

Por otra parte, los Estados, con su actuación, ponen en serio peligro la salud de los consumidores debido a las dificultades de adquirir las sustancias con garantías de calidad. Ello conlleva gastos en salud que serían, probablemente, reducidos si el mercado de la droga se basara en otros presupuestos.

Y, desde luego, el mercado negro provoca violencia, inseguridad y enriquece a las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas al tráfico ilegal de las sustancias prohibidas. Es decir, el paternalismo de las autoridades es causa directa de muchos más problemas de los que logra solucionar.

Tenemos derecho a dudar si estamos ante una actitud cínica o hipócrita, una forma de actuar perfectamente consciente de su fracaso inevitable, o si estamos ante la incapacidad manifiesta de los gobernantes para analizar adecuadamente la realidad de la situación y actuar en consecuencia. En cualquiera de estos escenarios la irresponsabilidad de quienes dirigen estas políticas represoras es realmente peligrosa.

Qué discutimos

La cuestión es qué hacer a partir de ahora. No cabe decir que Uruguay incumple Tratados Internacionales (7), cuando esos tratados se incumplen a sí mismos desde el momento de su firma. No podemos aceptar que se nos diga que un país no puede ir por libre, cuando los Estados en su conjunto han demostrado (con el mero paso del tiempo) que no tienen intención de hacer nada a pesar de estar convencidos del desastre que gestionan. No podemos seguir obviando la intromisión de los Estados en la libertad de los individuos por motivos que no se sostienen de ninguna manera.

No puede pasar ni un segundo más sin aceptar que no existen logros (8) de las políticas actuales en el asunto de las drogas: ni en salud pública, ni en seguridad ciudadana, ni en cuestiones de economía, ni tampoco en libertades públicas e individuales. Ya he apuntado que el fracaso de las actuales políticas es indiscutible, y también he dicho que la ciencia ha quedado fuera de este debate de forma inopinada.

Ahora, por tanto, es el momento de iniciar una nueva forma de enfrentarse a este problema (9), partiendo de criterios científicos que sustituyan a los morales y/o económicos, evitando legislaciones prohibicionistas que no están justificadas por ningún dato objetivo y partiendo de que los Estados, la comunidad internacional, no tienen que legislar sobre lo que no es necesario legislar, y deben regular aquello que es conveniente regular, pero sobretodo, y esto es urgente, hay que acabar con las normas que llevan años demostrando que son ineficaces, injustas, dañinas, o directamente absurdas.

Sustituirlas por un marco jurídico que esté en consonancia con la realidad y que sea respetuoso con las personas y sus derechos, que sea fruto de un profundo estudio científico, que evite estigmatizar determinadas sustancias sin motivo y que se concentre en regular y gestionar los enormes intereses económicos que surgen de un mercado como el de las llamadas drogas ilegales, con el debido rigor jurídico: este el reto al que nos enfrentamos. 

1. http://www.regulacionresponsable.org.uy/proyectoLeyRegulacion.pdf
2. http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/Global_Commission_Report_Spanish.pdf
3.http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR014_Spanish/SR-014-Espa%C3%B1ol-Overview.pdf
4. http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_es.pdf
5. The Lancet. Vol. 382 Núm. 9904. Estudio de la Universidad New South Wales.
6. http://www.ipsnoticias.net/2013/12/detras-de-uruguay-mas-paises-objetan-guerra-las-drogas/
7. http://www.lanacion.com.ar/1646831-la-onu-critico-la-legalizacion-de-la-marihuana-en-uruguay
8. http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf
9. http://prohibicion.blogspot.com.es/