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CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS Y EL PAPEL DE LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE EN INTERNET...

Autora: Noemí Brito

Internet es una realidad viva y cambiante, sujeta a constantes evoluciones, que propicia el surgimiento continuo de nuevas funcionalidades, actividades y capacidades en torno a la misma.

Esta situación representa un reto casi imposible para cualquier legislación nacional o internacional que pretenda su regulación integral a través de lo que podríamos denominar mecanismos tradicionales de intervención legislativa. De hecho, el fracaso de la reciente cumbre auspiciada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) con el fin de regular y controlar Internet evidencia tales dificultades.

Y es aquí donde los sistemas de autorregulación despuntan como medios idóneos, ágiles y eficaces para afrontar y resolver los retos y desafíos jurídicos que, hoy en día, plantea la Red.

Luego no es de extrañar que, desde diversas perspectivas jurídicas asociadas al desarrollo inherente a Internet, y dada la ingente información, datos personales, contenidos y actividades que fluyen a través del mismo, la Unión Europea (UE) esté apostando de forma decidida por la generación de protocolos de atención en línea, guías de actuación digital y otros códigos de conducta.

Así se pone de manifiesto, por ejemplo, en el art. 16 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000 (Directiva de Comercio Electrónico). En igual sentido, el art.27 de la Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y el art. 38 de la Propuesta de Reglamento europeo de Protección de Datos.

Todo ello en la medida en que, sin lugar a dudas, éstos facilitan el cumplimiento de la normativa aplicable, permitiendo una mayor permeabilidad y/o adaptabilidad al cambio y a las características propias de los destinatarios de la norma, mejorando el alineamiento con ésta y su cumplimiento voluntario.

En este ámbito, la normativa española sigue las anteriores directrices comunitarias. Véase, al respecto, el art. 18 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en lo que sigue, LSSI-CE) y el art.32 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Pues bien, llegados a este punto, es lógico pensar que si, precisamente, los problemas regulatorios que Internet plantea requieren de fórmulas jurídicas flexibles y ágiles, también resulta fundamental contar con mecanismos de resolución de conflictos “on line” igualmente efectivos, adaptables y rápidos.

De ahí que, al menos en el ámbito de la UE, se constate la existencia de un claro paralelismo entre la potenciación de los mecanismos de autorregulación en Internet, por un lado, y el decidido impulso de los sistemas de resolución extrajudicial de los conflictos en línea, por otro lado.

La Directiva de Comercio Electrónico en su art. 17 prevé de forma literal lo que sigue:

“(…)Solución extrajudicial de litigios:

1. Los Estados miembros velarán por que, en caso de desacuerdo entre un prestador de servicios de la sociedad de la información y el destinatario del servicio, su legislación no obstaculice la utilización de los mecanismos de solución extrajudicial, existentes con arreglo a la legislación nacional para la solución de litigios, incluso utilizando vías electrónicas adecuadas.

2. Los Estados miembros alentarán a los órganos responsables de la solución extrajudicial de litigios, en particular de litigios en materia de productos de consumo, a que actúen de modo tal que proporcionen garantías de procedimiento adecuadas a las partes afectadas.

3. Los Estados miembros incitarán a los órganos responsables de la solución extrajudicial de litigios a que informen a la Comisión de las decisiones relevantes que tomen en relación con los servicios de la sociedad de la información, y a que le transmitan todos los demás datos sobre prácticas, usos o costumbres relacionados con el comercio electrónico (…)”.

Por su parte, el art.32.1 de la vigente LSSI-CE española viene a recoger estas previsiones normativas incidiendo, además, en la relación directa entre la potenciación de los códigos y otros instrumentos de autorregulación y la articulación, a través de éstos, de específicos procedimientos de resolución extrajudicial al decir:

“ (…) El prestador y el destinatario de servicios de la sociedad de la información podrán someter sus conflictos a los arbitrajes previstos en la legislación de arbitraje y de defensa de los consumidores y usuarios, y a los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos que se instauren por medio de códigos de conducta u otros instrumentos de autorregulación (…)”.

Es más, lo normal es que estos sistemas se articulen a través de los citados mecanismos, mediante su incorporación en distintos códigos de conducta y de buenas prácticas vinculados a la Red. Remítase, entre otros, a los arts.41 y 42 del Código Ético de Confianza Online elaborado por las entidades ADIGITAL y AUTOCONTROL consultable desde la URL: http://www.confianzaonline.es/confianzaonline/Codigo_CONFIANZA_ONLINE_2012.pdf

Igualmente, el fomento de las vías alternativas de resolución de conflictos en Internet, ya se cita entre las principales medidas para la definitiva consolidación del mercado único y la agenda digital europea.

De esta forma, ya se incluye entre las dieciséis medidas propuestas para el desarrollo del comercio electrónico en Europa lo que evidencia la Comunicación de la Comisión Europea relativa al establecimiento de un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado digital del comercio electrónico y los servicios en línea (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:es:PDF) al decir que: “(…)los consumidores han de poder encontrar una solución rápida y poco costosa (…) Recurrir a los tribunales no ha constituido hasta ahora una solución satisfactoria para resolver los litigios derivados de transacciones comerciales en línea, ya que las modalidades de resolución judicial tradicional de litigios representan un coste y un tiempo demasiado importantes. Es necesario (…) facilitar la resolución de litigios en línea. Los sistemas alternativos de resolución de litigios son instrumentos más rápidos y poco onerosos que debe implantarse para propiciar un desarrollo óptimo de los servicios en línea (…)”.

Asimismo, en el ámbito de la mediación civil y mercantil, ley española 5/2012, de 6 de julio, apoya su realización por medios electrónicos siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación previstos en esta Ley (art.24). Según la misma ley, además, la mediación se desarrollará de forma preferente por estos medios cuando se trate de una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros, debiendo el Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, promover la resolución de los conflictos que versen sobre reclamaciones de cantidad a través de un procedimiento de mediación simplificado que se desarrollará exclusivamente por medios electrónicos.

En conclusión, hoy en día, Internet —presente en casi todo lo que hacemos a diario— supone una magnífica oportunidad para el desarrollo y consolidación de vías alternativas de resolución de los conflictos que, de forma común, acontecen en su seno y que afectan tanto a ciudadanos, cuanto a empresas. Esta oportunidad, ahora más que nunca, debe ser aprovechada y potenciada al máximo, a través de los oportunos mecanismos de autorregulación que así se dispongan, pudiendo aplicar a tal efecto medios electrónicos tal y como, por otra parte, ya dispone la vigente legislación española.