Facebook Twitter LinkedIn Google Plus

LA NUEVA FISCALÍA EUROPEA. APUNTES Y REFLEXIONES TRAS EL EUROPEAN JURISTS`FORUM 2013...

Autor: Francisco Bonatti. Socio fundador de Bonatti Defensa Penal.

El European Jurists Forum, celebrado en Barcelona los días 18 y 19 de Abril, trató, entre otros interesantes temas, el proyecto de puesta en marcha de la Fiscalía Europea, conocida como EPPO por ser sus siglas en inglés (European Public Prosecutor’s Office), justo cuando la Comisión Europea ha anunciado que el próximo mes de Julio presentará su proyecto, intentando con ello arrancar una de las instituciones que se contemplan en el Artículo 86 del Tratado de Lisboa.

En una primera parte contamos con dos ponencias que se complementaron con un panel de debate final al que se incorporaron cuatro invitados.

La primera ponencia corrió a cargo del profesor de la Universidad de Utrech, Dr. John Vervaele, quien nos explicó el modelo de fiscalía formulado en el estudio encargado por la Comisión Europea, y donde se proponen las bases legales de EPPO.

A continuación, Mr. Péter Csonka, asesor jurídico de la Comisión en la materia nos comentó el proyecto que presentará la Comisión, si bien fue algo parco a la hora de desarrollar sus contenidos, por cuanto el próximo mes de julio la Comisario Reding hará su presentación.

En el panel de debate contamos con el Magistrado del Tribunal Supremo D. Cándido Conde-Pumpido, quien en el año 2010 como Fiscal General del Estado participó en la propuesta de la Presidencia Española para la creación del Fiscal Europeo. Intervinieron también la Presidenta de Eurojust, Michèle Coninsx y Margarete Hofmann, directora de OLAF (Oficina Antifraude Europea) junto con la profesora Katalin Ligeti, moderados por el Fiscal del Tribunal Supremo D. Carlos Castresana.

Los grandes trazos de EPPO son comunes en todos los modelos y propuestas:

Se trata de una institución con una doble estructura: Una sede central donde el Fiscal Jefe debe tener el poder de decisión y unos fiscales delegados en cada Estado Miembro (Csonka), además deberá tener un nivel altamente jerarquizado y muy conectado con la Comisión Europea (Ligeti). Puede escoger el territorio nacional donde se celebre el juicio (Csonka y Vervaele) y debe recibir las pruebas de los fiscales delegados para decidir a quién y cuando acusar.

Los fiscales delegados en cada Estado Miembro llevarán a cabo el trabajo de investigación sobre el terreno, utilizando para ello los medios del propio Estado Miembro. La discusión se centraba en si estos fiscales delegados deben estar en el país de origen o bien en la sede de la EPPO, y también en su estatuto y vinculación con el Estado Miembro. Es razonable que se hallen en el territorio del Estado Miembro y deben gozar de la doble condición de fiscal del Estado Miembro y delegado EPPO. De hecho, parece que la propuesta de la Comisión irá en el sentido que el fiscal jefe de EPPO los seleccione y contrate de entre una lista que será propuesta por el EM.

Por su parte, el Magistrado Conde-Pumpido abogó por un sistema en que el Órgano Central de EPPO fuera reducido, limitándose a coordinar y decidir llevar al sujeto a juicio, y con mayor protagonismo de los fiscales delegados, quienes utilizarían la legislación y tribunales de los EM para investigar.

Inicialmente EPPO tratará de los delitos contra los intereses financieros de la Unión, dejando aparte la corrupción, el terrorismo y otros. La sensación que produjo en este punto el debate es que, más allá de las propuestas, el verdadero contenido material de las funciones de EPPO será fruto de la negociación de los Estados Miembro.

En materia de recursos frente a las decisiones de EPPO, algunos ponentes propugnaban su revisión ante tribunales europeos, lo que venía a plantear el nacimiento de una posible jurisdicción federal penal dentro de la UE que no aparece en el Tratado de Lisboa. La tesis contraria sostenía que la acción penal es también en fase de instrucción, de modo que si el Tratado de Lisboa es claro en que el enjuiciamiento corresponde a los EM, la revisión de las decisiones instructoras del fiscal son también competencia de los Estado Miembro.

Se prevé que el Fiscal EPPO decida en qué Estado Miembro se enjuicie el hecho, lo que abre el debate de cómo resolver cuando se recurre dicha decisión.

Derecho de defensa y garantías del investigado: Fue uno de los temas mas debatidos, y conectó con los debates que ya se habían realizado en otros paneles a raíz de la armonización del derecho penal europeo y especialmente de la orden de detención europea, donde se omiten derechos del investigado a favor de la colaboración entre Estados.

Entre los aspectos más preocupantes encontramos que ciertos actos de investigación se puedan realizar sin autorización previa, por ejemplo, las intervenciones telefónicas urgentes, donde se podría autorizar judicialmente con posterioridad. Al sujeto investigado se le reconocerá la facultad para proponer sus pruebas y el derecho a acceder a todas las pruebas de la fiscalía y de la parte contraria.

Competencias y facultades de investigación y derechos del sujeto investigado: En un primer nivel EPPO podrá abrir expedientes informativos sin necesidad de comunicarlo al investigado, estableciéndose un segundo nivel de investigación en que se deberá comunicar al sujeto, por ejemplo para tomar declaraciones, y en un tercer nivel se necesitará autorización judicial, sin bien las diferentes propuestas discrepan en el momento, ya que algunas contemplan la posibilidad de recabar la autorización con posterioridad si lo justifican razones de urgencia.

Por parte de las representantes de EUROJUST y OLAF se nos ofreció una visión de cómo se implementará este principio de neutralidad financiera: Dª. Michèle Coninsx comentó cual será la posición de EUROJUST respecto de EPPO una vez ha quedado confirmado que ambas instituciones convivirán en el marco jurisdiccional europeo, insistiendo en la progresiva eficacia de EUROJUST desde su creación.

En cuanto a la Oficina Antifraude (OLAF), su directora nos expuso cómo es altamente probable que gran número de investigadores de OLAF acaben ingresando en las filas de EPPO, dado que por su especialización son los candidatos idóneos, a la vez defendió la necesidad de que OLAF no desaparezca al tener también otros objetivos (pe: corrupción) que no son comunes con EPPO.