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LA OBSERVANCIA DEL ESTADO DE DERECHO


La observancia del Estado de Derecho



 Enrique Pedro Basla


Abogado. Conjuez de la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires (1985 /2003). Presidente del Colegio de Abogados de La Plata (1980/84). Presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados –FACA- (1983/1987). Presidente de la Unión Internacional de Abogados – UIA- (1988/89). Presidente de Honor. Miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. (2003/2007). Recibió del Gobierno Español la Orden de San Reymundo de Peñafort, en grado de Gran Collar; y en 2008 el Premio UIBA que se otorga a aquel abogado que, por su actuación y su trayectoria profesional, se haya destacado en el ejercicio de la profesión al servicio de la Paz y la Justicia.

La observancia del Estado de Derecho ha sido definida reiteradamente como el objetivo para la preservación y reafirmación de los valores democráticos y republicanos, y la vigencia plena de las instituciones. Una cuestión que hace al interés de todos y cada uno de las mujeres y hombres de nuestros países de Iberoamérica y que, lejos de ser “una cuestión de los otros”, se vincula directamente con la calidad de vida y con el futuro.

¿Qué es lo que debemos examinar para verificar el rumbo positivo o negativo en el que estamos?
En primer lugar la promoción y defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en particular los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las personas discriminadas, pobres o desfavorecidas, (lo que contribuirá a reducir la pobreza y la exclusión social) y el apoyo a las minorías, a los grupos étnicos y a los pueblos originarios, a las instituciones, incluidas las ONGs, que desempeñen actividades relacionadas con la protección de los derechos humanos.

Para estos fines es preciso la promoción de la igualdad de oportunidades, la incorporación del enfoque de género en el diseño y ejecución de las políticas, y de las prácticas no discriminatorias, incluidas las medidas para la lucha contra el racismo y la xenofobia; el fomento y la protección de las libertades fundamentales; el respeto a la naturaleza multicultural y pluriétnica de nuestras comunidades como factor esencial en la formación de las nacionalidades y la identidad histórica de nuestros países, el apoyo a las organizaciones que ofrezcan ayudas concretas a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y a los centros de rehabilitación para las víctimas de la tortura.

Una segunda cuestión radica en el desarrollo de los procesos de democratización, tema que hoy ocupa el centro de la escena en Iberoamérica, y del que nadie puede dejar de hacerse responsable.

Debemos estar muy atentos, en particular, del fomento y fortalecimiento del Estado de Derecho, de la separación de poderes, del pluralismo, de la gestión correcta y transparente de los asuntos públicos y la lucha contra la corrupción, de la participación de la población en los procesos decisorios. Es esencial el apoyo a los procesos electorales donde el criterio democrático, la igualdad de oportunidades y el acceso a la representación estén garantizados en todos sus tramos, sin subterfugios, transfuguismos ni mistificaciones. 

Muchos de nuestros sistemas son de carácter representativo, republicano y también, en muchos casos, federal. Los principios que inspiran a la República son: una Constitución escrita, la separación de poderes, la elegibilidad de los gobernantes y la periodicidad de los mandatos, la responsabilidad de los funcionarios, la publicidad de los actos de gobierno y la existencia de partidos políticos.

 El federalismo es una forma de gobierno por la cual varios estados reunidos bajo un gobierno común conservan sus gobiernos locales autónomos. La unión se concreta por medio de pactos o constituciones, que fijan expresamente las facultades del gobierno nacional. (El artículo 121 de la Constitución Nacional Argentina expresa que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”)

En el régimen federal, coexisten dos clases de gobierno: el nacional o federal, soberano, cuya jurisdicción abarca todo el territorio de la nación, y los gobiernos locales, autónomos, cuyas jurisdicciones abarcan exclusivamente sus respectivos territorios.

El federalismo descentraliza, pues libera al gobierno nacional de atribuciones y deberes que pertenecen a los gobiernos locales. Toda concentración de poder en mérito a la cual los gobiernos locales no tengan otra alternativa que la de comer de la mano del gobierno central va contra el espíritu y la letra de la Constitución, configurando formas autocráticas y autoritarias.

Estas cuestiones están relacionadas y repercuten en la vida cotidiana de todos. Aunque en algún momento no nos demos cuenta.

Los gobernantes (oficialismo u oposición) no pueden pretender quedarse para siempre, deben explicar qué es lo que hacen y cómo lo hacen, rindiendo cuenta de sus actos, los que deben tener la adecuada publicidad. No son los dueños de los países.

El Poder Legislativo (Congreso, Legislatura) debe desarrollar su propio protagonismo; los levanta-manos que convalidan sin chistar ni debatir las determinaciones del poder, otorgando facultades al Poder Ejecutivo que se aproximan a la suma del poder público, no cumplen con su deber de representación.

Los Jueces deben ser realmente independientes, para lo que es menester que los sistemas de designación o de control no permitan al mandón de turno el ejercicio de la arbitrariedad. 

Existen muchas acciones posibles de fomento al respeto de los derechos humanos y a la democratización, especialmente el apoyo al desarrollo de las capacidades, el sustento de medidas destinadas a equilibrar las oportunidades y a superar las disparidades existentes entre distintos grupos de identidad, y las que faciliten la inclusión social y la conciliación pacífica de los grupos de interés.
La inserción de nuestras comunidades en el mundo, impone, además, la promoción del Derecho Internacional Humanitario y su observancia, el apoyo a las organizaciones internacionales, regionales o locales, incluidas las ONGs, que intervengan en materia de prevención y resolución de conflictos y tratamiento de sus consecuencias, el apoyo al Tribunal Penal Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y una clara y solidaria actitud frente a las grandes crisis humanitarias.

Esto se emparienta con las acciones que permitan el alivio de la deuda pública (particularmente de carácter externo) para los países que sufren su agobio, favoreciendo la lucha que libran contra la pobreza y la extrema pobreza. Por eso resulta determinante el sustento de acciones solidarias de concertación política, rápidas y eficaces, en defensa de los intereses de nuestros países.
Este compromiso debe alcanzar al diseño y coordinación de políticas ambientales, económicas y sociales para que nuestros países se encaminen hacia el desarrollo sostenible; a la cooperación en casos de desastres naturales; a las acciones respecto del problema mundial de la droga y delitos conexos, el tráfico ilícito y el uso criminal de las armas de fuego, el creciente peligro que representa el crimen organizado, así como el problema general de la violencia en nuestras sociedades.

Los abogados –con base en criterios como los expuestos- hemos aprobado la creación y organización de un Observatorio para el Estado de Derecho en Iberoamérica. (Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, Río Grande, Puerto Rico, Septiembre de 2004)

Todos somos protagonistas.

La corrupción, la exclusión, la polución, la discriminación son las distintas caras de la injusticia, que a todos alcanza, pero que se ensaña con los más pobres, con los menores, con los ancianos, con los que tienen dificultado el acceso a la educación.

La justicia debe ser la medida de toda política. Y la cuestión es cómo realizar la justicia aquí y ahora.
Tenemos cosas por hacer. Cada día. La fe mueve montañas. ¡Vamos!